Un escándalo de corrupción y contrabando de petróleo sacude a Colombia, luego de que se conocieran los detalles de una investigación transnacional que revela cómo una red de empresarios y organizaciones criminales se apropió ilegalmente de miles de millones de pesos en hidrocarburos. El presidente Gustavo Petro calificó el hecho como “uno de los mayores robos al Estado colombiano”.
La ruta del crudo robado
Según el diario El Tiempo, que tuvo acceso al escrito de acusación radicado en enero pasado contra diez personas vinculadas al caso, la red operaba de la siguiente manera: el petróleo venezolano era trasladado de contrabando a Colombia y mezclado con crudo que el ELN y otros grupos armados ilegales se robaban del oleoducto Caño Limón-Coveñas. Luego, el crudo era exportado como si fuera colombiano a Singapur, Ámsterdam y otros puertos de Asia y Europa.
El petróleo proveniente de Venezuela, cuya estatal Pdvsa está inmersa en un escándalo de corrupción, ingresaba al país por dos vías: una era por barco, desde Curazao y Panamá, hasta la Swiss Terminal de Barranquilla S.A.S., propiedad de Ashmore Management Fund. Allí se mezclaba con el crudo robado al oleoducto. La otra era por camiones cisterna, desde la frontera. Estas exportaciones no eran registradas por Ecopetrol y fueron alertadas por agencias de Estados Unidos y la Interpol.
Embarcación incautada en el proceso | Foto: Suministrada por autoridades
Los implicados y los bienes incautados
Entre los implicados en este saqueo a Ecopetrol, que según el presidente Petro podría ascender a 500.000 millones de pesos mensuales durante años, hay reputados empresarios y ejecutivos del sector petrolero. Algunos nombres fueron publicados por medios venezolanos desde abril de 2022 y por El Tiempo desde febrero de 2020.
Entre las firmas colombianas vinculadas a la exportación ilegal de crudo están Petroworld S.A.S., CI. La Operadora SAS y Krystal Energy SAS. También se mencionan a los articuladores Gunvor Colombia y Niman Commerce S.A.S., cuyo propietario es Hernando Silva Bickenbach, miembro de una reconocida familia. Su defensa dice que demostrarán su inocencia y ausencia de participación en los hechos.
Otro involucrado es Jaime Fernández Uribe, quien trabajó para Ecopetrol y aparece como pensionado de la estatal. Es accionista de la firma Star Petroleum Enterprise S.A.S., creada en 2016. Según el escrito de acusación, su rol era el de comercializar los hidrocarburos y falsificar su origen para darles apariencia de legalidad. Su defensor, Sergio Augusto Ramírez, dijo que se trata de un proceso viejo y que están esperando que se presente la acusación.
El 19 de mayo pasado se ordenó la incautación de más de un centenar de bienes valuados en 1,3 billones de pesos para intentar recuperar cerca de 360.000 millones de pesos. Entre los bienes incautados hay barcos, edificios, megalotes, casas de veraneo en Anapoima y hasta un vehículo Porsche.
La competencia del caso
El caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, que en abril de 2021 tuvo que resolver un conflicto de competencia del expediente. La defensa de uno de los investigados argumentó que el fiscal se equivocó en radicar el escrito en Bogotá, pues el juez competente era un despacho de Tolima, Huila o Putumayo, por donde se movió el crudo robado a Ecopetrol. Sin embargo, el magistrado Fabio Ospitia concluyó que dado que fue en Bogotá donde se formuló la imputación y donde se concentraron actividades investigativas –incluidas las interceptaciones–, el caso no debía ser trasladado.
Luego se abrió otro proceso en Barranquilla, donde fueron capturados otros implicados transportando crudo. Ecopetrol se constituyó en víctima junto con su filial Cenit y con Swiss Terminal de Barranquilla S.A.S., cuyo apoderado es el penalista Jaime Granados.
La defensa de uno de los empresarios implicados le dijo a El Tiempo que es imposible que alguien en Cenit no se hubiera dado cuenta del millonario desvío de crudo y que ninguno ha aceptado cargos y son terceros de buena fe.
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