Energy Coal SPA es una empresa italiana con un capital social de € 9.000.000, cuyo domicilio es Via San Vincenzo, 2-16121 Genova, Italia. El portal Bloomberg[2] refiere que Energy Coal SPA “suministra, comercializa, distribuye y actualiza combustibles sólidos y productos de carbono de alto valor para la industria siderúrgica, para centrales eléctricas y para la producción de cemento”.
Esta compañía anteriormente se conocía como Energy S.p.A. Fue fundada en 1987 y opera como una subsidiaria de I.C.E. Holding Srl. Se indica que Paolo Ascheri es el director general, Augusto Ascheri el presidente, y Sergio Conta el director financiero.
Esta empresa acusó a PDVSA Petróleo S.A en 2015 por incumplimiento de contratos firmados para reparar los sistemas transportadores de coque en el Complejo de Jose, estado Anzoátegui. Sin embargo, la demanda se introdujo contra Citgo en una corte del distrito de Louisiana.
Asimismo, a esta empresa se la señala de no haber ejecutado los trabajos de restauración integral de las áreas de manejo de sólidos de los mejoradores que le contrataran Petroanzoategui, Petrocedeño y Petropiar a pesar de haberse iniciado los trabajos en 2012. Pedro León, exdirector de la Faja Petrolífera del Orinoco, como única explicación a este hecho, dijo que Energy Coal SPA no tenía experiencia en el área petrolera y por ello recurrió a la subcontratación de dos empresas para realizar la ingeniería y trabajos de restauración que se le habían encomendado a ella, los cuales finalmente no se realizaron.
Searleaf Limited Company es una empresa señalada de mantener oscuros vínculos con Pedro León a través de negociaciones presuntamente irregulares en la Faja Petrolífera del Orinoco. Igualmente se la relaciona con Lázaro Báez, quien es acusado de ser testaferro y socio comercial de los expresidentes argentinos, Cristina y Néstor Kirchner. Como presidente de la empresa figura Alejandro Ceballos.
Sarleaf Limited tuvo entre sus presidentes al abogado Néstor Marcelo Ramos, en la actualidad prófugo de la justicia argentina. La firma fue parte de una cadena de subcontrataciones irregulares que terminaron con Inversiones Alfamaq, C.A., como contratista final, una operación que fue denunciada ante la Vicepresidencia Ejecutiva de Venezuela en 2015.
Entretanto, Inversiones Alfamaq de Venezuela, según BN Americas “es una empresa constructora que participa en proyectos de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) para los sectores residencial, industrial y comercial, así como en proyectos de infraestructura social como centros deportivos, centros de salud y establecimientos educativos. La empresa tiene su sede en Caracas”.
Su dirección es la avenida Las Mercedes entre calle Carabobo y Guaicaipuro, Edificio Forum, piso 8. El Rosal, Distrito Capital.
Subcontratación
En 2012 el Gobierno de Venezuela otorgó US$126 millones a una compañía italiana de energía, Energy Coal SPA, para construir 1.540 apartamentos para personas con recursos limitados. La firma europea subcontrató entonces el trabajo a Starleaf Limited, compañía basada en Londres y controlada por el empresario Alejandro Ceballos y su familia.
Unos abogados suizos servían de representantes para ocultar la propiedad de Ceballos, según el reporte de Banco Espirito Santo a la FinCEN.
Entre 2013 y 2014 agencias del gobierno de Venezuela pagaron a Starleaf más de US$146 millones, según el desaparecido banco portugués. Luego la firma londinense distribuyó decenas de millones de dólares a compañías y cuentas de la familia Ceballos, de acuerdo a Espirito Santo.
«El patrón de pagos y la significativa porción o margen enviada a miembros de la familia parecen ser excesivos», escribió el banco en un informe de febrero de 2014. Tras revisar contratos y facturas, el banco concluyó que eran «artificiales», lo que puede estar conectado con lavado de dinero o evasión fiscal.
El gobierno de Venezuela en 2015 investigó ese proyecto y concluyó que hubo «irregularidades».
Se trató de irregularidades en el convenio de suministro de coque por viviendas firmado entre PDVSA-CVP y la empresa italiana Energy Coal SPA, a través del cual PDVSA terminó pagando un segundo contrato en dólares a una empresa venezolana (Inversiones ALFAMAQ), que en una primera firma no cumplió con la fase de ejecución del proyecto para la construcción del Desarrollo Habitacional de la Gran Vivienda Venezuela Colinas de San Francisco de Yare, ubicado en el estado Miranda y previsto para culminar en marzo de 2013. “En la actualidad, 37 edificios del urbanismo se encuentran en trabajos de acabado y la estructura metálica de otros tres edificios está paralizada”, señaló un informe remitido por la Vicepresidencia de Venezuela al Ministerio del Poder Popular para Petróleo y Minería, en fecha 31 de julio de 2015.
Coque
Antes de 2010 se contrató, previo proceso de licitación, a dos empresas europeas: Energy Coal (italiana) y Capex (turca), para restaurar los dos terminales de sólidos. El pago por el trabajo de estas empresas iba a ser en especie; es decir, con coque. Sin embargo, ninguna restauración se hizo en los terminales, aunque técnicos afirmaron entonces que a las empresas se les despacharon más de 20 buques cargados de coque. Del dinero de pago que se iba a depositar en fideicomiso, no se supo nada y no hay evidencia de la constitución del contrato de manejo bancario del efectivo.
Los directivos de Pdvsa desde 2012 se habían planteado varias opciones, una de ellas era crear un segundo nuevo patio o pila. Otra era crear una nueva vía de despacho de coque, con lo cual existirían tres maneras de embarque. El problema es que esta última opción requeriría más tiempo para su implementación y una inversión adicional considerable (gabarras, terminal portátil, buque cisterna, camiones ventrales, payloaders, tractores, cuadrillas, etc.), así se pagara con coque, con lo cual el nuevo patio era la solución más inmediata. La tercera vía de despacho se estuvo planificando. Energy Coal, propuso a Pdvsa, y ésta aceptó, la posibilidad de habilitar un muelle en desuso de gabarras, sacar coque por este medio hasta una estación de transferencia (buque cisterna con capacidad de 10.000 TM) ubicada cerca de la monoboya de crudo, distante de la costa de Jose, aproximadamente 2 millas náuticas. El problema de tal solución es que requería una flota de camiones volteo que llevara el coque desde la pila hasta el muelle de carga de la gabarra, cosa que complicaría el tráfico de Jose, espacio que debe estar despejado por tratarse de una planta de gas. Como la gabarra tiene una capacidad de 5.000 TM y los camiones cargan cada uno 20 TM, promedio, se requieren 250 viajes y un recorrido de 16 Km, ida y vuelta, para llenar una gabarra.
Para darle viabilidad al tercer muelle, la empresa italiana importó desde China, vía New Orleans, los equipos necesarios para poner operativo este nuevo terminal. En efecto, en febrero de 2012, arribaron por el puerto de Guanta, según declaraciones de la entonces ministra de transporte acuático y aéreo, a la prensa local, ocho gabarras de dos mil toneladas de capacidad cada una, dos remolcadores y dos grúas flotantes con sistema de carga y manejo de sólidos a granel. Este equipamiento lo adquirió e importó al país Energy Coal por cuenta de Pdvsa y la forma de pagarle este desembolso fue mediante la entrega de coque para ser revendido. También se le permitió participar en la construcción de viviendas para la Gran Misión Vivienda Venezuela.
Dos años después, no se activó el tercer muelle y lo que se evidenció es que las gabarras traídas no eran nuevas, además que las grúas llegaron dañadas, por lo que han debido ser reparadas, sin que en ese propósito hubiese éxito. Nunca se hicieron los estudios de riesgo ambiental y el ministerio del ramo no ha dado los permisos para la remodelación. Muchos pensaron que este tercer muelle no debía ser una opción viable, no solamente por el problema del tráfico (los camiones destinados a bajar las pilas se sumarían a los que trasiegan el coque desde los mejoradores de Petrocedeño, Petromonagas y Petropiar a los patios internos y a los que lo llevaban de esos mismos mejoradores a la nueva pila), sino también por los problemas de seguridad que ello crearía, por la contaminación que se podría generar, y porque el costo de operar y mantener todas las instalaciones de esta tercera vía de embarque, podía resultar en pérdidas financieras al momento de vender el coque.
Energy Coal, muy cuestionada por sus actuaciones, fue amenazada con ser sancionada, pero nada ocurrió y la empresa siguió en otros negocios en Venezuela. Finalmente no hubo entonces una tercera vía para aumentar la salida del coque acumulado y la pila inicial siguió creciendo.
Las contratistas TyC Services, propiedad de Javier Troconi y Cuferca, perteneciente a los empresarios Urbano Fermín, uno de ellos declarado culpable en Estados Unidos de pagar sobornos a funcionarios de PDVSA, regresaron en 2017 al manejo del coque en la Faja del Orinoco, luego de haber sido excluidas. Energy Coal estaba vinculada al contratista petrolero de origen italiano Pietro Micale. Con el visto bueno del líder sindical y directivo de PDVSA Wills Rangel se había efectuado años antes la exclusión de las dos primeras, que luego terminaron pactando un acuerdo con Energy Coal un acuerdo para ser subcontratadas, tras una fuerte disputa comercial.
El 7 de diciembre de 2018 fueron detenidos en la ciudad de Lechería, estado Anzoátegui, el empresario Pietro Micale Caccamo, y su esposa Miria Di Amario de Micale por estar involucrados en el desfalco a PDVSA por 2 mil millones de dólares.
La detención fue realizada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en atención a una orden judicial solicitada por el Ministerio Público (MP).
Según datos suministrados por el portal La Tabla la pareja propietaria de Proc Petrol, contratista de PDVSA, efectuó al parecer contratos con sobreprecio de su empresa ubicada en Anaco.
El empresario petrolero Pietro Micale Caccamo, de 51 años, fue aprehendido por el Sebin en atención a una orden judicial solicitada por el MP, por su participación en un fraude por sobreprecio por 2 mil millones de dólares en perjuicio de Pdvsa a través de contratos de su empresa Proct Petrol ubicada en Anaco. La captura del empresario petrolero, quien antes era propietario de casa de citas en Anaco, ocurrió en su quinta de la urbanización Las Villas de Lechería. La propiedad estaría valorada en 15 millones de dólares y fue inaugurada en 2012 con una fiesta amenizada por el cantante Franco de Vita, cuyo concierto tuvo un costo de 500 mil dólares.
Pietro Micale
Cuferca tenía fuertes vínculos con el entonces alcalde de Guanta, Jonathan Marín, quien recientemente se entregó a la Justicia en Miami, tras ser acusado en un caso de sobornos en PDVSA. Inspectores denunciaron en un informe que el Presidente de esta firma se negó a entregarles los documentos exigidos “sin una autorización del Director Ejecutivo Pedro León”. Más adelante se narra cómo León habría contratado otra empresa llamada Energy Coal pero argumentó que por esta no tener experiencia en el área petrolera decidió contratar nuevamente a la empresa Cuferca “para realizar los trabajos de restauración y acarreo del coque y azufre que alcanzó una acumulación de más de 10 millones de toneladas métricas”.
Jonathan Marín y Carlos Enrique Urbano Fermín, propietario de la empresa Cuferca
En el Registro Nacional de Contratistas (RNC), trámite que debe suscribir cualquier empresa que desee contratar con el Estado venezolano, aparece la empresa Energy Coal de Venezuela, C.A cuya propietaria es la empresa extranjera Energy Coal STP.
En 2016 un tribunal de Estados Unidos falló que la empresa italiana Energy Coal SpA no podía demandar $ 186 millones por falta de pago en contra de Venezuela, a la petrolera estatal Citgo en Luisiana, simplemente porque, según la corte, ambas empresas hacían negocios no relacionados con la disputa.
Un panel de tres jueces de la corte de apelaciones confirmó el fallo de un tribunal de distrito y dijo Energy Coal, que compra y vende coque de petróleo para uso como combustible, un subproducto de la refinación del petróleo, no podía demandar a Citgo en Luisiana para cobrar $ 186 millones que decía que se le debía.
Los edificios de Colinas de San Francisco de Yare quedaron al alcance del radar del Departamento del Tesoro por una jugada de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que buscaba burlar las trabas que ya para entonces le imponía su creciente falta de liquidez. En 2012 la producción petrolera se acercaba al precipicio y la estatal no tenía cómo pagar a proveedores viejos u honrar contrataciones nuevas.
Tenía, en cambio, algo para transar a manera de trueque con alguna obra o servicio recibido: coque, un combustible sólido que es producto residual del procesamiento de petróleo pesado de acuerdo con armando.info.
Para ese momento el coque se acumulaba inservible, en colinas de más de 30 metros de altura, en los patios del Complejo Criogénico de Jose, en la costa de Anzoátegui, en el oriente venezolano. Y había una empresa italiana, Energy Coal SpA, dispuesta a recibir el coque como moneda de pago. Es así como en marzo de 2012, Pdvsa firma un convenio con esa compañía de suministro de coque para el pago de la construcción de viviendas, y encarga a la Dirección Ejecutiva de Producción de la Faja Petrolífera del Orinoco la gestión del proyecto de los 1.540 apartamentos (40 edificios), en Yare, en el estado Miranda. La obra se debía ejecutar en un año.
Pero el contratista, la italiana Energy Coal, no tenía capacidad técnica ni experiencia en construcción. Así que para la ejecución de la obra subcontrata a Sarleaf Limited Company, sociedad registrada en Londres. Y esta, a su vez, subcontrata a Inversiones Alfamaq, empresa con sede en Caracas, que construya el urbanismo. La cadena de subcontrataciones pasa por alto un dato: tanto Sarleaf como Alfamaq son compañías controladas por Alejandro Ceballos Jiménez y sus familiares.
La explicación sobre ese intercambio de coque por vivienda la expuso la propia Energy Coal en voz de Paolo Ascheri -hijo del dueño-, tras ser consultado para este reportaje por el ICIJ, socio de Armando.info en una investigación. “La razón por la que fuimos contratados por Pdvsa para construir casas (…) es que estábamos dispuestos a aceptar un pago en especies (coque de petróleo) y no en dinero. Es cierto que carecemos de toda capacidad y experiencia tanto en la construcción como en la ingeniería, sin embargo nuestro papel era totalmente diferente: fuimos contratados para vender el coque de petróleo en el mercado internacional (tenemos más de 30 años de experiencia en esta industria). Básicamente, nuestro papel era convertir el coque de petróleo en servicios o monetizar el coque de petróleo y, por lo tanto, suministrar lo que Pdvsa requiriera”.
En ese entonces, millones de toneladas de coque yacían en los espacios de la refinería porque no tenían cómo cargarlos hasta los buques, así que Energy Coal se ofreció a renovar las instalaciones de carga a cambio de recibir el pago con coque. La garantía estaba en las montañas de este combustible sólido en el terreno. Sabían que podían pagarles así, sin correr con la suerte de otros proveedores con los que la petrolera acumulaba deudas. Luego hubo otra oportunidad para seguir con los contratos y estos fueron los proyectos de viviendas. “En ambos casos, el concepto era el mismo: convertir el coque en dinero”, insistió Ascheri en su respuesta enviada por escrito, y detalló algo más: “Energy Coal simplemente contrató a especialistas para cada sector específico. La mayoría de las veces estos especialistas fueron elegidos por Pdvsa y no por nosotros, como ocurrió también en el caso del contrato de Sarleaf”.
Siguen los reclamos
Pero los reclamos a PDVSA por parte de Energy Coal han continuado. Uno de los más recientes es el litigio iniciado en Países Bajos contra Propernyn NV, filial de la petrolera venezolana con intereses en la refinería Isla de Curazao y en la Bonaire Petroleum Corporation (Bopec), como se lee en ciudadgoticanews.com.
El litigio revela hasta qué punto la principal empresa del país fue utilizada con el propósito de eludir el cerco económico internacional, acudiendo a contrataciones carentes de transparencia.
La demandante tiene sede en Génova, Italia, y se especializa en la comercialización internacional de carbón y otras materias primas. En el escrito de demanda se señala que fue contratada por el gobierno venezolano, a través de Pdvsa, para la construcción de 1.540 apartamentos en San Francisco de Yare, capital del municipio Simón Bolívar del estado Miranda.
Venezuela se comprometió a pagar el total 61,5 millones de dólares, pero no en efectivo sino mediante la entrega de “lotes de coque de petróleo”.
“Esto se debió a la circunstancia de que Pdvsa Petróleos y otros no contaban con activos líquidos suficientes”, indica la sentencia.
Aun así, el gobierno venezolano solo canceló 27,7 millones de dólares, por lo que todavía adeuda 33,8 millones de dólares. Para sustentar este alegato, fueron consignados los recibos correspondientes ante el tribunal que conoce la causa.
Pero Energy Coal no construyó las viviendas directamente. Por el contrario, subcontrató la tarea a Sarleaf Ltd, una compañía registrada en el Reino Unido en 2007, que posteriormente cambió su nombre a Steeleaf Trading International Limited.
En el curso del litigio, la demandante italiana reconsideró su exigencia a Pdvsa, luego de un procedimiento llamado “liquidación de facturas”, en el que intervino Sarleaf. Actualmente, el reclamo asciende a 19,6 millones de dólares.
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