El denominado caso Plus Ultra sigue bajo secreto por la petición trasladada por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional al juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional. Los investigadores analizan la ingente cantidad de documentación intervenida a los detenidos, a quienes se le acusa de tratar de ocultar en el extranjero los fondos públicos derivados del rescate de la aerolínea por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). ABC ha tenido acceso a un auto judicial que explica de forma detallada que las pesquisas aún están en fase «incipiente» y se ampliarán con más diligencias.
El último movimiento conocido del procedimiento judicial fue la puesta en libertad del empresario Luis Felipe Baca Arbulu quien no podrá viajar fuera de la Unión Europea. Este banquero peruano fue detenido en la isla caribeña de Aruba y la Audiencia Nacional consiguió su extradición a las pocas semanas. Alegó que no estaba huyendo de la justicia y que cambió hace tiempo su residencia. Sin embargo, están previstos más arrestos de investigados en la trama, según se vaya avanzando en las pesquisas que desarrolla la UDEF.
El procedimiento del caso Plus Ultra investiga a un grupo de personas por los presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La Plaza 15 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid se inhibió en favor de la Audiencia Nacional en un auto fechado el 3 de marzo. Se ha prorrogado el secreto del sumario hasta en seis ocasiones desde el 28 de noviembre de 2025.
Y es que consideran que este hermetismo busca el «buen fin de la investigación, pudiendo mantenerse mientras subsistan las circunstancias que lo justifiquen y por el tiempo estrictamente imprescindible». «En el presente caso, concurren de forma clara y persistente los presupuestos legales que legitiman la prórroga del secreto de las actuaciones, al hallarnos ante una investigación de especial complejidad, tanto por la naturaleza de los hechos investigados como por la estructura y operativa del entramado delictivo objeto de análisis», expone el documento judicial al que ha tenido acceso ABC.
El juez Calama sostiene en este auto que los hechos del caso Plus Ultra se caracterizan por «su opacidad, el uso de mecanismos de ocultación patrimonial, y la intervención de terceros interpuestos». «Consta igualmente que la estructura objeto de investigación presenta ramificaciones de carácter internacional, con indicios de transferencias de fondos al extranjero, utilización de sociedades instrumentales e interpuestas, y operaciones financieras de especial complejidad que requieren un análisis progresivo, técnico y minucioso de la abundante información intervenida, así como del resultado de diligencias de investigación en curso y pendientes de culminar», subraya.
La investigación de Plus Ultra en «estado incipiente»
Por estos motivos, el magistrado de la Audiencia Nacional considera que el levantamiento del secreto en este «estado incipiente de la investigación comportaría un riesgo cierto y relevante para su eficacia, al poder facilitar la destrucción u ocultación de fuentes de prueba y activos aún no plenamente identificados». «El secreto de las actuaciones constituye una medida excepcional, pero plenamente legítima cuando resulta imprescindible para salvaguardar la eficacia de la instrucción, siempre que esté debidamente motivada, sea proporcional y limitada en el tiempo, requisitos que concurren en el presente supuesto», añade.
Estas razones justificaron la «adopción inicial» de estas medidas que no han perdido su finalidad legítima. «Resulta necesario y proporcionado acordar la prórroga del secreto de las actuaciones, exclusivamente por el tiempo imprescindible para la correcta culminación de las diligencias en curso, sin perjuicio del posterior alzamiento inmediato del secreto una vez desaparezcan las razones que lo fundamentan», alecciona mientras alarga un mes más el secreto de las actuaciones de la UDEF.
En el marco de este caso se han practicado ya cinco detenciones. Entre ellas al presidente y actual dueño de la compañía, Julio Martínez Sola; a su ‘número dos’, Roberto Roselli; al empresario Julio Martínez Martínez y a un abogado español. Estos cuatro investigados quedaron en libertad tras pasar a disposición judicial.
Un bróker y un banquero
En toda la maraña de personajes que rodean esta compleja causa hay dos nombres que destacan por encima de todos y que, por el momento, no han dado explicaciones ante la Justicia por sus acciones. Uno de ellos es Danilo Alfonso Díazgranados, un bróker que estaba considerado como uno de los principales operadores comerciales del régimen de Hugo Chávez.
La página llamada ‘Armandoinfo’ ha seguido toda su trayectoria y ha puesto sobre la mesa su «vida de ostentación». «Desde la casa que compró en la exclusiva zona de Casa de Campo, La Romana, en República Dominicana, donde reside desde hace casi 10 años con su familia y donde cada vivienda está valorada por encima del medio millón de dólares. Allí pasa sus días luego de haberse convertido en banquero en Nueva York, de haber comprado una empresa a uno de los hombres más cercanos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de haberse convertido en socio de una de las compañías de desarrollos móviles más importantes de Latinoamérica y de amasar una fortuna mientras trabajaba en Caracas como bróker para funcionarios del Estado venezolano en la era chavista», asegura este medio.
Unidas a la misteriosa figura de Díazgranados se encuentra Simon Leendert Verhoeven. Este abogado de los Países Bajos era el epicentro de la primera denuncia que interpuso la Fiscalía Anticorrupción que dio inicio al embrión del caso de Plus Ultra. El Ministerio Público hacía referencia a que la empresa que concedió estos préstamos a la aerolínea vendió oro por un importe de unos 30 millones de euros a una mercantil en Emiratos Árabes Unidos. Después se trasladaron estas cantidades de dinero a Panamá, donde tenían experiencia en inversiones algunos de los principales investigados en esta compleja trama que se ha ido extendiendo y complicando a lo largo del tiempo.
Casas de lujo
Leendert Verhoeven ha sido desde el inicio de la causa como el cabecilla de la organización. Este hombre fue el que concedió préstamos a Plus Ultra cuando la empresa sufría los momentos más críticos por la crisis del coronavirus que frenó toda la economía mundial. Una vez que la aerolínea recibió los 53 millones de euros de la SEPI, tuvo que devolver las deudas contraídas en su anterior etapa.
Este bróker dispone de diferentes propiedades de lujo en Mallorca y otros puntos de España. Una de las sospechas de los investigadores de la Policía Nacional es que pudo blanquear parte de las ganancias del dinero público en ampliar sus inmuebles y sacar rentabilidad económica. La Fiscalía ya puso el foco en este aspecto y ahora ha tomado más relevancia con el avance de las diligencias.
Julio Martínez Martínez tuvo que acudir al Senado para hablar de este tema. Una de las sociedades de este empresario recibía un pago mensual por parte de la aerolínea ya que tenía un contrato de iguala, como explicaron fuentes del caso a ABC. De esta forma, se puso el foco en Análisis Relevante. De forma paralela, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y la empresa de sus hijas recibieron una cantidad de más de 600.000 euros de esta sociedad.
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