La historia completa de cómo Galicia le regaló miles de millones de euros y las cajas de ahorros gallegas a Juan Carlos Escotet, fundador de Banesco

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El proceso de liquidación de las cajas de ahorros gallegas demuestra que, en muchas ocasiones, la economía y la política van de la mano. En Galicia las cosas se podrían haber hecho de otra manera si no hubiera habido una Junta entregada a los intereses partidistas, diseñada desde la calle Génova de Madrid, y un PSOE que actúa como rama del Real Madrid. 

Por Manuel Monge

Capítulo 2 de «El gobierno perverso de Feijóo» (Edicións Laiovento, 2016)

“Os quiero muchísimo. Me habéis dado mucho más de lo que hubiera llegado a poder imaginar”

(Carta de despedida de José Luis Pego, ex director de Novacaixagalicia, aos

trabajadores, tras irse a casa con 18,6 millones de euros)

2.1. LA FUSIÓN DE LAS CAJAS GALLEGAS

2.1.1. Ley de cajas y proyecto de país

El objetivo de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova era conseguir una banca gallega fuerte, competitiva, al servicio de los ciudadanos y de nuestra economía y con centros de decisión en Galicia. Algunos partidos alimentaron un localismo reaccionario, con sus representantes manteniendo posiciones contradictorias, con el silencio cómplice de su dirección nacional. La aprobación de la Ley de Caixas por el Parlamento de Galicia puso en debate público no solo una visión del sistema financiero gallego, sino también los diferentes proyectos de país de los partidos políticos.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, tras calificar de inconstitucional la referida ley, se pronunció en contra de la fusión de los bancos gallegos, alentó el enfrentamiento y llamó a la movilización ciudadana. Este alcalde del PSdeG se mostró eufórico y consideró como posible solución la absorción de Caixa Galicia por parte de Caixanova; reivindicó la hegemonía del Sur en el proceso de fusión, la sede del nuevo banco en Vigo, la Presidencia y la Dirección General; todo el equipo directivo debe ser de Caixanova, así como la mayoría del Consejo de Administración. Esta tontería del alcalde de Vigo fue contestada por su compañero de partido, Javier Losada, que también quería obtener una victoria electoral y, proclamándose defensor de los intereses de A Coruña, exigía lo mismo que Caballero,

Fruto de esta fusión de los bancos gallegos nació Novacaixagalicia (NCG), con 1.346 oficinas y presencia en 12 países. Con unos activos de 77.480 millones de euros, se situó como el quinto banco de España. El Ministerio de Economía y el Banco de España aprobaron su plan de fusión, que incluía una solicitud de 1.162 millones al FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), la reducción de plantilla en 1.200 trabajadores y el cierre de unas 300 oficinas.

Un mes y medio después de que en diciembre de 2010 se aprobaran las bases para la fusión de los bancos gallegos y el Banco de España considerara solvente a NCG, el Gobierno del PSOE cambia unilateralmente las reglas del juego, exigiendo otras condiciones. Ante tal abuso y agresión contra Galicia, no hubo unanimidad en la respuesta política y sólo el BNG convocó actos públicos bajo el lema: “Salva el ahorro gallego. No a la privatización». Mauro Varela, vicepresidente de NCG, participó en la concentración de Lugo.

Esta lamentable actuación del Gobierno ha sido posible gracias a la modificación en Madrid -gracias a un acuerdo entre el PSOE y el PP- de la Ley de la Caixa aprobada por el Parlamento de Galicia. Este acuerdo abrió las puertas a la entrada de capital privado, es decir que los bancos pueden convertirse en un banco más, perdiendo su carácter público y social.

Las incoherencias de PSOE y PP eran evidentes, diciendo una cosa aquí y otra en Madrid; votando una cosa en A Coruña y otra en Vigo o Santiago. En el Pleno del Ayuntamiento de A Coruña de 7 de febrero de 2011 se aprobó por unanimidad la siguiente moción sobre el futuro de las cajas registradoras gallegas:

Novacaixagalicia cuenta con 2,9 millones de clientes, el 77% de los cuales son gallegos, que mantienen la mitad de sus ahorros en depósitos en Galicia. Novacaixagalicia cuenta con más de 90.000 españoles residentes en el extranjero como clientes, cuadriplicando cualquier otra entidad financiera similar. En Novacaixagalicia, en torno al 90% de las pymes gallegas tienen algún tipo de crédito o préstamo, además, participa con 4.000 millones de euros en el capital de una de las principales empresas gallegas, que sustentan 30.000 puestos de trabajo en Galicia, dinamiza e influye como un motor de la actividad empresarial.

Novacaixagalicia tiene un patrimonio sociocultural de 210 millones de euros con 180 infraestructuras propias y ha aportado 110 millones de euros a Obra Social sólo en el último año.

La Ley de Cajas de Ahorros de Galicia tiene como finalidad poner el ahorro gallego al servicio del tejido productivo del país, y también hemos defendido desde el primer momento la fusión gallega como una clara herramienta de fortalecimiento y blindaje del sistema financiero gallego.

Solicitamos a las autoridades económicas que reconozcan los saneamientos de activos en la evaluación de solvencia comparativa entre entidades y un calendario diferido para la transición al nuevo modelo común que se impone.

En el Pleno del Ayuntamiento de Vigo, celebrado el mismo día que el de A Coruña, el BNG presentó una moción contra la «privatización» de NCG, apostando por mantener el actual modelo de cajas de ahorros e instando a la Xunta a defenderlo; el PP votó en contra y el PSOE se abstuvo.

El PSOE no aprobó en el Parlamento gallego una moción del PP y del BNG que, a diferencia de la aprobada en A Coruña, se pronunciaba a favor de «mantener el actual proceso de reestructuración de las cajas de ahorros gallegas en base al amplio consenso alcanzado y garantizar su solvencia” y “reclamar al Gobierno del Estado la supresión de los requisitos de capital y reservas adicionales a los aprobados por el FROB y el Banco de España en el proceso de fusión de las cajas de ahorros gallegas”. El PSOE sí apoyó el punto 3 de la moción: «El compromiso inequívoco de mantener el modelo de cajas de ahorros con vocación social y vinculación territorial».

Según Guillerme Vázquez, Portavoz Nacional del BNG, “La privatización de la caja obedece a una decisión política del Estado que, en la práctica, significaría dinamitar el Estatuto de Autonomía. NCG es viable. No hay ninguna razón económica para privatizarlo; sólo política». Exigió a Feijóo que presente un recurso de inconstitucionalidad por invasión de competencias, recogido en el Estatuto de Galicia. Además, exigió que «se aporte dinero público para que la caja se mantenga como tal».

El Consejo de Ministros del 18 de febrero de 2011 aprobó un decreto, denominado “refuerzo” del sector financiero, por el que se elevaba el coeficiente mínimo de solvencia de las entidades financieras. Los bancos deben contar con un 8% de core capital o capital básico (porcentaje del capital más las reservas del que las entidades podrían disponer inmediatamente ante una eventualidad, sobre el total de activos ponderados por riesgo). Para las que no coticen en bolsa y no tengan accionistas privados, como los bancos, ese porcentaje será del 10%. Nos enfrentábamos a una de las exigencias más altas del mundo porque los estándares internacionales de Basilea III nos exigían llegar al 8% en 2015. El Gobierno nos dio hasta el 30 de septiembre de 2011 para cumplir con estas condiciones, so pena de nacionalización parcial y convertirnos en bancos

Así lo decía Xavier Vence, profesor de economía de la USC, en su artículo ¿Por qué se suicida el PSdeG (nosotros)? (Xornal de Galicia, 19-2-2011):

Robar un banco es un delito. Atracar una caja no, con la única condición de que se haga a lo grande y con un legislador obediente al lado. Puede sonar a broma pero, dejando de lado toda la pseudotécnica andrajosa, es lo que estamos viviendo en directo.

Con una firmeza digna de mejor causa, el Gobierno de Zapatero acaba de aprobar el decreto que fija las condiciones leoninas necesarias para obligar a los bancos a autoliquidarse, bancarizarse y entregarse a fondos de inversión y bancos españoles o extranjeros. Es el golpe de gracia al sistema de caja y, por tanto, a lo que representa en términos de patrimonio colectivo de la comunidad de origen, proximidad financiera y crédito para PEME (Pequeñas y Medianas Empresas), particulares y obra social. En nuestro caso, significa entregar, a grandes rasgos, nada más y nada menos que el 50% de nuestro sistema financiero, la mitad del ahorro y crédito que mueve el país.

Las cajas fueron, y siguen siendo, una de las herramientas legales con mayor potencial para el desarrollo del país. Los neocentralistas no se equivocan al ponerles las manos encima. También es cierto que en esto -como en todo lo demás- el neocentralismo adapta su estrategia a la correlación de fuerzas. Se llega a un acuerdo con Cataluña y País Vasco -porque se dan por perdidos-, pero el resto se entiende agra Madrid y, como demuestra la complicidad de Feijoo, no se equivocan en todo. Es cierto que el PP participa de lleno en el proceso, pero también es cierto que la responsabilidad es de los que gobiernan. El que raya en la inmolación es Pachi Vázquez y los de su calaña, con su sumisión irresponsable a las decisiones del Madrid, cuando no caen en la trampa de reavivar la podredumbre localista para ocultar que este Madrid nos está robando la cartera y el alma.

La Voz de Galicia titulaba “Contra Galicia”, nunha especie de editorial, o 19 de febreiro de 2011, e dicía: “Primero se dejó agonizar la agricultura, la ganadería, la pesca y la acuicultura. Luego fue desarbolada la industria naval. Más tarde se malvendieron los recursos que la hacían capaz de liderar el sector de la energía. Y ahora viene un Gobierno del PSOE y la desangra con una cuchillada a traición: pretende liquidar (a bajo precio) el principal motor financiero de la comunidad. ¿Se puede hacer más por empobrecer Galicia?”. Comparto totalmente esta denuncia, pero faltaba un pequeno detalle: non se dicía que o PP, durante eses anos e desde a Xunta, calou e foi cómplice de todas esas agresións do PSOE contra Galicia.

Xavier Vence criticó el papel que ha jugado el empresariado del país, en el artículo Derradeira elegía pola caixas (Xornal de Galicia, 26-3-2011): «Es descorazonador que el empresariado de este país tenga tan poca claridad y conciencia de sus intereses estratégicos para no convertir esto en un verdadero casus belli . Descorazona que el empresariado y otras fuerzas vivas sean capaces de levantar barricadas para estúpidas batallas localistas y fratricidas, pero sean incapaces de hablar alto y claro con una sola voz cuando otros nos roban el juguete. En fin, tenemos el justo pago por ser una sociedad sin pulso propio, con una élite gobernante vicaria y silenciada por el simple miedo a perder una limosna o un sufragio”.

2.1.2. El nacimiento de Novagalicia Banco

Siguiendo el modelo de La Caixa Catalá y otras cajas de ahorros, el consejo de administración de NCG acordó el 24 de febrero de 2011, con una abstención, solicitar una nueva tarjeta bancaria para acometer su reestructuración, pero sin descartar otras alternativas. Según este proyecto, NCG sería el accionista mayoritario de este banco asociado, que tendría accionistas públicos y privados y solo necesitaría el 8% del core capital.

El 13 de marzo de 2011 se realizó en Santiago una manifestación convocada por el BNG y la CIG, bajo el lema Galicia tiene derecho. En defensa del ahorro, del empleo y de la patria. El portavoz nacional del BNG, Guillerme Vázquez, justificó esta convocatoria, abierta al conjunto de la sociedad gallega: «Tenemos un presidente de la Xunta que no lleva la defensa de este país, que se limita a lloriquear, que actúa como mal entrenador y se limita a sacar balones, no está a la altura de los problemas que ha planteado el Galicia. En vez de confiar en la sociedad, el presidente del Consejo confía en el señor Rajoy, y el señor Rajoy no está. El Gobierno catalán sí negoció y consiguió adaptar las normas de ese decreto. Y, mientras tanto, ¿qué hizo el gobierno gallego? Él no hizo nada. Se limitó a esperar al señor Rajoy”.

Las negociaciones para recapitalizar NCG se llevaron a cabo en total secreto. Se anunció que el nuevo director del banco, José María Castellano, traería nuevos inversionistas, pero no se supo la cantidad que aportaron ni la fuente. Sí, sabíamos que Castellano presidía ONO, una empresa del sector de las telecomunicaciones dominada por capital norteamericano.

Para el BNG, la bancarrota del banco es una de las decisiones más negativas tomadas en los últimos años para Galicia, la crónica de un robo judicial, un saqueo del ahorro gallego y un ataque al autogobierno: «PP y PSOE son los otros Grandes responsables de asumir los dictados del FMI y la gran banca y crear un marco legislativo que permita a la banca absorber las cajas de ahorro. Hicieron lo contrario de lo que deberían haber hecho: en lugar de reforzar el carácter social de los bancos -como germen de un futuro banco público-, impulsaron el proceso de privatización de los mismos para abrir un nuevo campo de negocios especulativos al capital financiero. PSOE y PP coincidieron en el FROB y la reforma de LORCA. En Galicia también acordaron reformar la Ley Bancaria, que blinda el estatuto de los gestores. Sin ellos no hubiera sido posible que continuara la privatización del ahorro gallego”.

El 30 de septiembre de 2011, el Banco de España anunció que NCG sólo tendría una participación del 6,84% en NCG Banco. Feijoo quedó en ridículo porque tan solo unos días antes anunció que, gracias a la administración de la Xunta, tendría el 15% del accionariado: “Podría decir que conseguimos aumentar la participación del efectivo en el banco en un 60 % El compromiso para la constitución del banco es que el efectivo tiene que tener una participación del 15%”. (La Opinión, 16-9-2011).

Ante la debacle de la gestión del Gobierno, con graves repercusiones económicas para el futuro de este banco, ¿cómo es posible que no haya editoriales en los medios gallegos exigiendo responsabilidades políticas a Feijoo? ¿Cómo es posible que no pidieran al PSOE la destitución inmediata del presidente del Banco de España -Miguel Ángel Fernández Ordóñez, conocido como MAFO- por los nefastos resultados de este proceso para Galicia y porque no hizo absolutamente nada para impedir, mientras se informaba al Banco de España, que cinco directivos de los bancos gallegos se marchaban a casa con casi 70 millones de euros, o frenar la quiebra de la CAM (Caixa de Aforros do Mediterráneo), cuando sabía que los directivos de esa entidad disfrutó de préstamos de millones de euros, sin intereses,

Por otro lado, el valor contable de 1.714 millones de euros que tenía NCG se redujo al 10,56%, es decir, 181 millones de euros (esto es lo que pagaron por dos jugadores del Real Madrid, Cristiano Ronaldo y Gareth Bale). Era una cifra completamente ridícula para una entidad que tenía depósitos por más de 77.000 millones de euros. Sumando esos 181 millones de euros a la inyección de 2.465 del FROB, la valoración de NCG banco es de 2.646 millones de euros.

Las comparecencias de los responsables de las cajas registradoras y del Banco de España ante la Comisión Económica del Congreso, celebrada en julio de 2012, no arrojaron luz y acabaron convirtiéndose en un auténtico lío. Todos intentaron excusarse y no hubo la más mínima autocrítica.

Miguel Ángel Fernández Ordóñez compareció como exgobernador del Banco de España y desveló cuáles eran realmente las intenciones de esa institución. MAFO declaró que su estrategia siempre fue vender Novacaixagalicia (NCG) a los grandes bancos y que se permitió la fusión de los bancos gallegos porque a los bancos no se les permitió comprar los bancos. “Lo que estaba previsto hasta ahora -ahora está paralizado por el Gobierno- es vender NCG y Caixa Catalunya”. Reconoció que habló con Caja Madrid y la CAM para fusionar con ellos los dos bancos gallegos, pero que la Xunta decidió que no habría fusiones interregionales. Afirmó, finalmente, que el Banco de España aprobó el plan de NCG porque de lo contrario habría tenido que haber sido intervenido.

También comparecía Julio Fernández Gayoso, que en teoría estaba jubilado desde 2006 pero que en la práctica controlaba el Consejo de Administración de Caixanova y nada se hacía en esta entidad sin su aprobación. Pese a estas pruebas, eludió cualquier responsabilidad y declaró que “ni como presidente de Caixanova ni como copresidente de Novacaixagalicia he ocupado funciones ejecutivas. He ejercido mis cargos con carácter institucional y representativo”.

Sobre el informe de la auditora KPMG que avalaba la fusión de los bancos gallegos, Gayoso afirmó: «No lo sé, nunca lo tuve en mi poder, no lo pusieron a nuestra disposición en el Banco». ¿Qué pasa con la colocación de acciones preferidas? No dio ninguna explicación. También presumió de honestidad: «No he recibido ni un euro por mi jubilación», cuando es de público conocimiento que tras jubilarse siguió cobrando las dietas por su asistencia al consejo de administración del banco y otras empresas y percibió una pensión. de 689.000 euros brutos anuales.

2.1.3. El escándalo de los ingresos de los directivos

Hay mucho secretismo y no sabemos exactamente cuántos millones de euros se han dedicado a contratos blindados, indemnizaciones y jubilaciones de oro. José Luis Pego y Javier García de Paredes se presentaban en el momento de la fusión de los bancos gallegos como los auténticos líderes del futuro, pero un año después se jubilaron con 54 y 51 años, respectivamente.

Pese al oscurantismo, conocemos las cuentas de esta entidad enviadas al Banco de España (El País, 6-5-2012): José Luis Pego, exdirector, cobró 18.591 millones de euros: 7,7 millones en compensación por el blindaje de su contrato y 10.891 millones de un plan de pensiones, que recibirá cuando cumpla 65 años. Javier García Paredes percibirá 10.682.544 euros: 5.580.544 euros de indemnización y 5.102.000 del plan de pensiones. Gregorio Gurriarán, responsable de la sección inmobiliaria, percibió 14 millones de euros: 4,8 por prejubilaciones y 9,2 por el plan de pensiones. Óscar Rodríguez Estrada -exdirector adjunto de Caixnova, también había sido jefe de obra social de NCG- percibió 8.863.000 euros: 691.000 en indemnizaciones y 8.172.000 del plan de pensiones. También sabemos que García Paredes tenía una hipoteca con un saldo de 106.970 euros al 1% y Pego otra de 333.

La jubilación anticipada de tres directivos de NCG se produjo tras la primera inyección del FROB de 1.200 millones de euros en septiembre de 2011 y antes de la segunda de 2.465 millones; posteriormente, tras la conversión a Novagalicia Banco, se jubila un cuarto directivo.

Sobre la cantidad que recibe José Luis Méndez López al jubilarse -fue director general de Caixa Galicia durante 29 años- se dieron varios datos. Según fuentes cercanas a la familia, percibió una cantidad neta de 11,2 millones de euros: 5,6 de un plan de pensiones; 2,9 del seguro de vida y 2,7 ​​de la indemnización por jubilarse a los 65 y no a los 70. Otras fuentes indicaron que Méndez López percibió 16,5 millones de euros.

José Luis Méndez concedió un préstamo de 10,5 millones de euros, cuando era director general de Caixa Galicia, Promoción Urbanística Integral, de la que era socio fundador. Méndez promocionaba Es Mirador des Trenc , un macrocomplejo hotelero de 1.200 plazas y campo de golf en el sur de Mallorca, que fue detenido por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, por una denuncia de un empresario inmobiliario con intereses en la zona y una campaña de movilización contra grupos ecologistas y partidos de izquierda. El crédito, que vencía en 2011, fue renovado el 28 de febrero por un año por Novacaixagalicia, cinco meses después de la jubilación de Méndez (La Opinión, 21-5-2015).

Cuando estalló el escándalo de las indemnizaciones, Méndez López aún contaba con secretaria, auto, chofer y escolta de seguridad, pagados por NCG. Presidió la Fundación Caixa Galicia, fue consejero de Sacyr, de Tecnocom y presidió Ahorro Corporación (grupo de servicios financieros propiedad de la Confederación de Cajas de Ahorros). Además, tras dejar su puesto en Caixa Galicia, Méndez percibía 66.000 euros anuales como consejero de Sacyr, 90.000 euros de Tecnocom, etc.

Tras hacerse pública la desastrosa gestión de Caixa Galicia y las escandalosas indemnizaciones de los directivos de los bancos gallegos, el BNG presentó en el Pleno Municipal de A Coruña el 10 de julio de 2012 una moción para destituir a José Luis Méndez, exdirector general de Caixa Galicia , el título de Hijo Predilecto de A Coruña. Esta iniciativa no se pudo debatir porque no contó con el apoyo del PP.

Mientras aumentaba la indignación en la calle, el PP cambió de opinión y el Pleno Municipal de A Coruña el 4 de febrero de 2013 aprobó con los votos de PP, BNG y UE, iniciar un expediente para estudiar en la Comisión de Honores y Distinciones la revocación del título de Filo Predilecto da Coruña a José Luis Méndez López (el PSOE se abstuvo porque la moción instaba a Mar Barcón y Salvador Fernández Moreda, que fueron consejeros de Caixa Galicia durante siete años, a presentar su dimisión de sus cargos públicos). Finalmente, el pleno municipal de A Coruña de 6 de mayo de 2013 aprobó por unanimidad la retirada de la citada distinción. El propio José Luis Méndez renunció al título de Doctor Honoris Causa por la Universidad de A Coruña en abril de 2013, después de que los Comités, una organización estudiantil, presentara una propuesta para la retirada de dicha distinción. La Diputación Provincial de Lugo también aprobó por unanimidad retirar a José Luis Méndez de la Medalla de Oro de la institución. Julio Fernández Gayoso devolvió a Vigo la Medalla de Oro de la ciudad en marzo de 2013, después de que el Pleno Municipal aprobara su retirada con los votos del BNG y el PP (abstención del PSOE), y en febrero de 2016 Gayoso renunció al título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Vigo, otorgado en 2002 (ya en 2013, una representación de los estudiantes en el Consejo de Gobierno de esa universidad solicitó la retirada de esa distinción).

Entre los citados cinco exdirectivos recibirían 68,63 millones de euros, además de quedar con las manos libres para seguir trabajando en la empresa privada. Una verdadera pena porque los mismos directivos que se autoproclamaron indemnizaciones y pensiones millonarias aprobaron la pérdida de más de 2.000 puestos de trabajo.

Julio Fernández Gayoso percibió en 2011 469.590 euros en concepto de dietas por asistencia a distintos consejos de administración, que sumadas a la pensión suman un total de 1.158 millones de euros (14 veces el sueldo del presidente del Gobierno). En 2004 estaba prevista una pensión de jubilación para Gayoso de 325.000 euros, que aumentó a medio millón de euros en 2005, y posteriormente a 689.000 euros. El 25 de noviembre de 2010, cinco días antes de la fusión de los bancos gallegos, el consejo de administración de Caixanova aprobó una importante modificación, que benefició a Gayoso, ya que dejaba en sus manos cualquier modificación de la póliza firmada con Caser en 2006, que es cuando se jubila y se convierte en presidente de Caixanova: «la conversión de la forma de pago de la prestación en renta en capital», es decir,

Pego estaba moi agradecido –non era para menos, despois de marcharse con máis de 3.000 millóns das vellas pesetas– e por iso despedíase cunha carta que titulaba Os quiero muchísimo (La Opinión, 15-9-2011): “La Caja, vosotros, las personas que en ella habitáis, me habéis dado mucho. Más de lo que nunca hubiera llegado a poder imaginar. Más de lo que jamás podré llegar a devolver. Como sabéis, hoy emprendo el tránsito hacia otros destinos nuevamente y todavía desconocidos para mí. Lo hago por causas que me son ajenas, motivadas por las extraordinarias circunstancias que nos está tocando vivir”.

Ante el escándalo de las indemnizaciones, Mar Barcón -portavoz municipal del PSOE en el ayuntamiento de A Coruña, que estuvo en el consejo de administración de Caixa Galicia desde 2004 y luego en NCG- presentó su dimisión en ese consejo. Declaró que tomó esta decisión porque consideró «obscenas» esas compensaciones. Barcón recibió 11.000 euros en 2010 como director de NCG y tiene muy mala memoria porque, según Clodomiro Montero (representante de CIG), el regidor aprobó los contratos y retribuciones de los altos directivos en el Consejo de Administración de NCG el 28 de octubre de 2010. Montero También informó que NCG informó al Banco de España ya la Consejería de Hacienda de la Xunta sobre dichos acuerdos. Este sindicalista explicó que hay oscurantismo porque PP y PSOE acordaron y votaron en contra de una modificación de la Ley Caixa, presentada por el BNG,

Mar Barcón no devolvió el dinero que recibió como miembro de la citada Junta Directiva porque, dijo, era fruto de su trabajo. Los ejecutivos que cobraron esas indemnizaciones por despido deberían devolverlas. Y todos los funcionarios públicos que eran directivos de NCG debieron renunciar.

Las liquidaciones del personal por prejubilaciones se informaron en la “Comisión de Retribuciones” de seis personas, que presidía Julio Fernández Gayoso y de la que formaba parte Salvador Fernández Moreda. Esta comisión informó el 4 de agosto de 2011, las previsiones para los puestos de alta dirección, las cuales fueron ratificadas por la Junta Directiva el 25 de agosto de 2011, pero convenientemente camufladas, es decir, sin especificar lo que correspondía a cada líder del GNC. En cambio, la Xunta conocía esas cantidades porque la auditoría que ordenó tendría que cobrar las indemnizaciones, según los contratos que tenían los gestores.

Salvador Fernández Moreda non dimitía de nada e sacaba peito (La Opinión, 25-10-2011): «Yo también puedo calificar de obscenas y desproporcionadas las indemnizaciones, pero el Consejo de Administración no ha aprobado ninguna indemnización. No dimito porque el Consejo no ha hecho nada ilegal ni irregular. Yo sé lo que aprobé en el Consejo y lo que no. Lo único que pasó fue que el Consejo se dio por enterado de que existían unos contratos, que contemplaban unas indemnizaciones. Cuando me vaya de allí me iré por la puerta grande». Poucos meses despois, Novacaixagalicia convertíase nunha Fundación e o 1 de agosto de 2012 facíase pública a dimisión de Gayoso, Mauro Varela e Moreda.

El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que instruyó la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra cinco exdirectivos de Novacaixagalicia por el cobro de estas escandalosas jubilaciones anticipadas, impuso en noviembre de 2012 una fianza por un total de 10,5 millones de euros a cubrir la responsabilidad civil que pudiera derivarse de la causa: Javier García de Paredes (7,02 millones de euros), José Luis Pego (1,92), Gregorio Gurriarán (1,21) y Óscar Rodríguez Estrada (347.920 euros). El juez exigió las mismas cantidades a Julio Fernández Gayoso (expresidente de Caixanova) como responsable solidario. Numerosas voces se alzaron, especialmente de los sindicatos, exigiendo que también se incluyera en la denuncia a José Luis Méndez López.

Este xuíz consideraba que hai “indicios racionales de criminalidad” na actuación dos imputados, xa que acordaron mellorar os seus contratos de alta dirección “en su propio beneficio y para asegurar sus intereses personales y preparar su prevista salida de la entidad”. Estas actuacións, realizadas supostamente en colaboración con Fernández Gayoso, son constitutivas dun delito de administración desleal ou, alternativamente, de apropiación indebida.

A finales de octubre de 2013, el juez Moreno, a instancias de uno de los fiscales, imputó a los cuatro consejeros, miembros de la Comisión de Retribuciones, dependientes del consejo de administración de Novacaixagalicia: Mauro Varela, Salvador Fernández Moreda, Pilar Cibrán y Alfonso Zulueta de Haz. Tomó esa decisión porque, según los estatutos del antiguo banco, el mencionado comité tenía la función de «informar la política general de remuneración e incentivos de los miembros del directorio, del comité de control y del personal directivo, y de velar por la observancia de dicha política».

Os cinco imputados pasaban a declarar ante a Audiencia Nacional e Fernández Moreda insistía nos seus argumentos o 27 de novembro de 2013: “Las tres personas que indemnizó Novacaixagalicia venían de Caixanova, con contratos de esa caja. Ni el Consejo de Administración, ni la Comisión de Retribuciones hizo, ni cuantificó, ni aprobó la indemnización. Fue unicamente la ejecución de un contrato”.

¿Qué dijo el presidente Feijoo sobre esta derrota? Que no sabía nada. No quiso asumir ninguna responsabilidad y cuando el BNG solicitó una comisión de investigación sobre el escándalo de las indemnizaciones, Feijoo respondió que no era el momento. Finalmente, y debido a la presión social, tuvo que llevar el asunto al Parlamento de Galicia.

Pero hubo otras propuestas y alternativas, rechazadas por el PP. Así, el BNG propuso a la Xunta comprar 1.350 millones de euros al FROB en 10 años para ser el principal accionista de NCG Banco y convertirlo en un banco de mayoría pública gallega.

Castellano se garantizó una renta anual de 900.000 euros (rebajada a 300.000 por el Banco de España) y prometió que antes de finales de 2011 se produciría una entrada de capital gallego en Novagalicia Banco con 150 millones de euros, como mínimo. La cosa era menos de la mitad (70,68 millones de euros aportados por 17 empresarios, lo que suponía sólo el 2,66% de los 2.646 millones de valoración del banco) y la participación de Manuel Jove, Roberto Tejeiro o Jacinto Rey era una inversión simbólica. Llamaba la atención la ausencia de importantes fortunas gallegas como Rosalía Mera o Amancio Ortega; este último prefirió, en su momento, invertir sus ahorros en comprar, entre otras cosas, las Torres Picasso de Madrid por 400 millones de euros.

Durante 2012 Castellano siguió buscando inversores privados en todo el mundo porque se había comprometido a conseguir 700 millones de euros entre inversores privados, instituciones y fondos. No consiguió nada y estábamos llegando a diciembre de 2013 sin saber dónde estarían los centros de poder de ese banco, quienes decidirán sobre nuestros ahorros.

El 13 de febrero de 2014, el juez Moreno dictó un nuevo auto acusando a los gerentes Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada, Gregorio Gorriarán y Javier García de Paredes de los delitos de apropiación indebida o, alternativamente, estafa, así como al abogado Ricardo Pradas. , que jugó un papel fundamental en las millonarias indemnizaciones, junto a Gayoso, ya que llevaron a cabo un plan para mejorar las condiciones contractuales de los directivos y garantizar así fabulosos ingresos en caso de marcharse de la entidad, como sucedió. Otro auto sobreseyó la causa contra Mauro Varela, Salvado Fernández Moreda, Alfonso Xulueta de Haz y Pilar Cibrán porque la Comisión de Retribuciones de la que formaban parte “no era el órgano encargado de aprobar las retribuciones, teniendo únicamente la facultad de informar no ejecutiva” .

2.1.4. La comisión de investigación de los bancos gallegos

Como parte del trabajo de la Comisión de Investigación de los bancos gallegos del Parlamento de Galicia, el 21 de junio de 2013 comparecieron los principales directivos de Caixa Galicia y Caixanova, que no asumieron responsabilidad alguna. La Junta del PP se incautó de la información del informe de KPMG sobre la fusión de los bancos, así como de las millonarias indemnizaciones percibidas por los dirigentes. Esta aparición se redujo a una verdadera farsa.

José Luis Méndez, que se jubiló de Caixa Galicia en septiembre de 2010, aseguró que tanto la Xunta como el Banco de España conocían los contratos de los altos directivos. Julio Fernández Gayoso afirmó que siempre estuvo en contra de la fusión con Caixa Galicia y que en la emisión de participaciones preferentes en 2005 se actuó con «absoluta buena fe».

Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), que fue gobernador del Banco de España entre 2006 y 2012, no compareció ante la Comisión y, respondiendo a un cuestionario, no asumió responsabilidad alguna por el fracaso de la fusión, venta de preferentes y compensación. Atribuyó todo lo ocurrido a un descontrol por parte del Gobierno y que la dirección de los bancos gallegos «no prestó suficiente atención» a sus recomendaciones.

MAFO informó de que el Banco de España realizó cuatro inspecciones extraordinarias a Caixa Galicia entre diciembre de 2003 y marzo de 2009. En la de 2007 pidió que «moderara el crecimiento del riesgo de crédito hasta que mejore sus controles internos». Respecto a su solvencia, dijo que «era inferior» a otros bancos similares. Era urgente una fusión, que exploró con la CAM y Caja Madrid. Y sobre el control de los retiros y escudos millonarios en la caja fusionada, manifestó que correspondía a la Junta. Tampoco asumió la responsabilidad de la venta de preferentes porque, dijo, el control estaba a cargo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El presidente de Novagalicia Banco, José María Castellano, compareció ante dicha Comisión el 5 de julio de 2013. Informó que había un grupo de inversores (cinco sociedades de fondos de inversión, encabezadas por la estadounidense Guggenheim) dispuestos a participar en la subasta de NCG y que tendría una permanencia de al menos cinco años. Consideró que esta sería la mejor opción para mantener la sede en Galicia con todos los servicios centrales. Si un banco estatal español se hiciera con el control de NCG, Castellano estimó que se perderían otros 700 puestos de trabajo en los actuales servicios centrales de A Coruña y Vigo. Y por parte de los fondos, su objetivo era claro: comprar barato, hacer una reestructuración dura y vender caro para obtener el máximo beneficio.

2.1.5. Agonía del Banco Novagalicia

El 28 de noviembre de 2012, la UE hizo público el plan de recapitalización, con un rescate de 5.425 millones de euros para nuestro banco (39.968 millones para todas las entidades nacionalizadas), que condenaba a NCG Banco a la venta a otra entidad o, en su defecto, a su liquidación . Además, puso como condición para ese rescate el despido de otros 2.500 trabajadores.

El FROB anunció oficialmente el 26 de diciembre de 2012 que se quedaba con el 100% de NCG Banco. El fondo de rescate, controlado por el Ministerio de Economía y el Banco de España, explicó cómo se llegó a esta situación, a través de la llamada operación acordeón: reducir a cero el capital que actualmente tiene NCG Banco por tener rating negativo (el banco estaba valorada en -3.091 millones de euros). También se redujeron a cero las acciones de 181 millones de euros (6,84%) que tenía Novacaixagalicia hace quince meses, y los 70 millones de inversores privados (2,59%), que solo tendrán la vía legal para recuperar algo de lo perdido NCG Banco recibió entonces una inyección de 5.425 millones de euros del rescate europeo en exclusiva para el FROB, que pasó así a controlar el 100% de NCG Banco.

Feijóo, que no hizo nada por defender los intereses de miles de familias afectadas por las preferencias, salió en defensa de los 19 inversores privados, entre los que se encontraban algunos de los más importantes empresarios gallegos, y declaró: «La gente que invirtió dinero una vez FROB y, por tanto, que el capital fuera público, debe tener un tratamiento diferente en la decisión del FROB”.

El FROB tenía hasta diciembre de 2017 para vender el banco en una subasta competitiva y la normativa de la UE exigía que empezara a buscar comprador en julio de 2015. Todo indicaba que el Banco de España y la UE querían que la venta fuera a una entidad financiera, mientras Castellano seguía buscando inversores extranjeros.

Otra de las condiciones de la UE para llevar a cabo el rescate de la banca fue la constitución del llamado banco malo (SAREB-Sociedade de Management de Assetos Procedentes de la Restructuration Bancaria). La banca nacionalizada trasladaría a este banco 37.109 millones de euros en activos tóxicos vinculados al ladrillo (5.096 millones de euros proceden de NCG Banco).

El año 2012 terminó con unos resultados muy preocupantes. Según la patronal CECA, los bancos nacionalizados tuvieron pérdidas de 12.000 millones de euros entre septiembre de 2011 y septiembre de 2012: 1.874 millones de euros NCG Banco y 7.778 millones Bankia. A pesar de estos datos, Castellano reiteró al personal de NCG Banco que había inversionistas dispuestos a ingresar a este proyecto.

Las centrales sindicales CCOO, UGT y CSICA acordaron con la empresa en febrero de 2013 el cuarto expediente de regulación de empleo (ERE) que, hasta 2015, supondrá 1.850 prejubilaciones y despidos (590 de Evo, que es la marca fuera de Galicia). Se suman a las pérdidas del primer ERE de 2010, con 1.230 jubilaciones anticipadas; el segundo en 2011 con 350 bajas voluntarias; el tercer ERE en 2012 con 350 bajas voluntarias. Los sindicatos CIG, CGT y ASCA decidieron no apoyar el cuarto ERE e impugnaron ese acuerdo ante la Audiencia Nacional.

Para 2013 estaba previsto el cierre de 131 sucursales de Novagalicia Banco. Los cierres continuarían hasta 2015 para dejar abiertas 454 sucursales, que es lo que permitió Bruselas dentro de su plan de reestructuración. Hubo un impacto importante en el servicio público y muchos municipios gallegos se quedaron sin oficina bancaria.

El proceso de liquidación de las cajas de ahorros demuestra que, en muchas ocasiones, la economía y la política van de la mano. En Galicia las cosas se podrían haber hecho de otra manera si no hubiéramos tenido una Junta entregada a los intereses partidistas, diseñada desde la calle Génova de Madrid, y un PSOE que actúa como rama del Real Madrid. En el País Vasco y Cataluña hay una mayor conciencia nacional, también en las empresas y los agentes económicos, y las decisiones económicas se toman en términos de país. Las tres cajas de ahorros vascas fusionadas controlan el 100% del nuevo banco (Kutxabank), cerraron las puertas a la privatización y dedican el 30% de los beneficios a obra social. En Cataluña La Caixa controlará el 81% del banco (Caixabank). Aquí no controlamos nada.

El PP no asumió ninguna responsabilidad, ni hizo la más mínima autocrítica por la desastrosa gestión del Gobierno que con su pasividad contribuyó a la liquidación de nuestro sistema financiero. Y con toda la vergüenza del mundo, la presentación de su congreso en Galicia, en enero de 2013, decía: “ Las cajas de ahorros gallegas estaban muy mal gestionadas, poniéndolas en peligro por su descontrol, tanto en su régimen de política crediticia (rayando en la temeridad) como en la estructura de los fondos de su obra social (rayando en localismos absurdos), la totalidad de su patrimonio. Porque esos fondos que tenían muchas veces se dedicaban a un uso más suntuoso que productivo”. Bromas de la tarde!

El Gobierno, el Banco de España y el FROB, es decir, el PP, decidieron que Bankia, con sede en Madrid, fuera sistémico y pudiera seguir en solitario, tras recibir ayudas de más de 40.000 millones de euros. Pero discriminó a Galicia, no permitiendo la continuidad de NCG con un centro de decisión en nuestro país, y aceleraron su subasta a finales de 2013, a pesar de que el FROB tenía hasta 2017.

Para Galicia, la existencia de GNC es también sistémica, es decir, un precio fundamental para mantener un sistema financiero gallego propio con el impacto que ello tiene sobre el ahorro gallego y el desarrollo de nuestro tejido productivo. Así lo reclamaba la diputada del BNG, Olaia Fernández Dávila, en una pregunta escrita al Gobierno para explicar las razones por las que Novagalicia Banco no tiene la misma consideración sistémica para el Ejecutivo que BanKia. ¿Qué opinaron Feijóo y el Gobierno gallego de todo esto? Estaban desaparecidos; más bien, acompañaron a Rajoy en una foto familiar en un paseo de verano por la ría de Umia.

En una entrevista con el comité de empresa en octubre de 2013, el portavoz del BNG, Xavier Vence, afirmó que la venta de Novagalicia Banco supone “perder la herramienta que hoy gestiona el 40% del ahorro gallego. La creación de empresas y la creación de puestos de trabajo en el futuro se resentirán en la misma proporción, en un momento en el que Galicia necesita una entidad comprometida con la economía productiva”. Criticó el papel que está jugando el presidente de la Xunta: «El señor Feijóo, en vez de entrevistar a los vendedores, es decir, al ministro Luis de Guindos, al responsable del FROB o a Mariano Rajoy, para pedirles que detener el saqueo de NGB, reunirse con compradores interesados ​​en quedarse con el botín”. Feijóo está a favor del proceso y eso es una traición a los intereses del país, cuando debería estar liderando un frente contra el saqueo del ahorro gallego”.

En esa reunión con el comité de empresa, Vence reveló un dato interesante, tras entrevistar a José María Castellano: «La propia dirección de la entidad comunicó su disconformidad con esta anticipación del proceso de venta, y confesó que no fue consultada y que, cuando menos , debería expirar el plazo concedido hasta 2017 por la Comisión Europea para completar el proceso». “En cualquier caso, sea cual sea el escenario final, no podemos aceptar que suponga la destrucción masiva de puestos de trabajo -1.500 puestos directos según las estimaciones del comité de empresa- . Es responsabilidad de la Xunta y del Gobierno Central preservar el empleo y la obra social, los centros de FP, los centros de mayores, las escuelas infantiles y los centros culturales que hoy dependen de la obra social”.

El PP impidió el debate sobre el futuro de Novagalicia Banco y en el Pleno Municipal de A Coruña de 18 de noviembre de 2013 vetó una moción del grupo municipal del BNG que tenía el siguiente contenido: detener el proceso de venta de Novagalicia Banco; que se desarrollen las leyes necesarias para considerar a Novagalicia Banco como una entidad sistémica para Galicia y que en el futuro se mantenga como una entidad financiera gallega independiente; que se estudie la posibilidad de transformarlo en un banco público gallego; rechazo a cualquier intento de venta de NCG a otra entidad, lo que supondría la pérdida de su vínculo territorial con Galicia.

2.1.6. Banesco, banco venezolano, Novagalicia Merca Bank a precio de saldo

Banesco, banco venezolano fundado en 1992, compró Novagalicia Banco por 1.003 millones de euros el 18 de diciembre de 2013. La oferta, presentada a través de Banco Etcheverria, superó las presentadas por Caixa Bank, Santander, BBVA y el fondo Guggnheim. Tras invertir más de 9.000 millones de euros en Novagalicia Banco, las arcas públicas pierden más de 8.000 millones de euros con esta venta. Novagalicia Banco y Banco Etcheverria, también propiedad de Banesco, tendrían una sola tarjeta bancaria y quedaba por decidir el nombre de la marca resultante. José María Castellano y César González Bueno, quienes encabezaron el proceso, rechazaron la invitación del presidente de Banesco, Juan Carlos Escotet, para incorporarse a la plantilla del nuevo banco.

Esta vez el pez pequeño se comió el grande Es una situación realmente sorprendente porque Banesco tenía activos por 26.654 millones de euros, mientras que Novagalicia Banco tenía 56.754 millones de euros. El patrimonio del primero era de 1.671 millones, mientras que el de la entidad gallega era de 2.675 millones de euros. Los depósitos de Novagalicia Banco ascienden a 35.367 millones (controlaba el 38% de los depósitos y el 33% del crédito gallego) y los de Banesco 23.313 millones de euros. La cartera crediticia de la entidad gallega era de 28.786 millones y la del banco venezolano de 14.234 millones. Hubo dos datos muy favorables para Banesco: en 2012 Novagalicia Banco tuvo ganancias de 1.016 millones y 90 millones de euros (antes de impuestos); el ratio de morosidad fue del 0,73% frente al 16,1% del banco gallego.

Nadie esperaba este desenlace después de que Caixa Galicia tuviera un beneficio de 357 millones de euros en 2006, 401 millones en 2007 y 225 millones de euros en 2008. La banca gallega se metió en negocios ruinosos, como la concesión de 14.371 millones de euros en créditos inmobiliarios operaciones de dudoso cobro. En dos años, la plantilla de NCG pasó de 7.700 a 4.447 trabajadores a finales de 2013.

A esa situación llegamos después de una acción desastrosa del gobierno de Feijóo. El informe que, por encargo de la Xunta, realizó KPMG sobre la viabilidad de la fusión de los bancos gallegos (tuvo un coste de un millón de euros) afirmaba que la nueva entidad tendría un beneficio bruto de 2.671 millones de euros entre 2010 y 2015 y que podrían devolver sin problema los 1.162 millones de euros que hacían falta para la fusión. La Junta del PP aún no ha dado una explicación al fracaso de estas previsiones.

Las condiciones de la venta de Novagalicia Banco fueron muy beneficiosas para Banesco, un verdadero “regalo”, ya que solo tuvo que pagar 400 millones de euros al momento de firmar la compra y el resto en cómodos plazos hasta 2018. Además, Banesco recibió al FROB una garantía del 85% (800 millones de euros) sobre los procesos pendientes: preferente, conflicto judicial con la aseguradora Aviva (reclama más de 400 millones de euros), la quiebra de sus activos traspasados ​​a Sareb (la denominada «mala banco») y las cláusulas individuales.

Abanca, la marca elegida por Banesco, obtuvo un beneficio después de impuestos de 1.157 millones de euros en 2014, que destinó a fondos propios, es decir, ganó en un año más de lo que pagó al banco gallego, y no tuvo que devolver ni un euro de los 9.000 millones de euros de dinero público que inyectó el Estado para rehabilitar la entidad; un trato fabuloso! Contó con esos beneficios gracias a la aportación de 556 millones de euros en créditos fiscales. Abanca tenía reconocidos 2.200 millones de euros en estos créditos fiscales y en 2014 utilizó el 25% de esa cantidad para ahorrar el pago de impuestos y así aumentar sus resultados.

El año 2015 también fue muy bueno porque Abanca tuvo un beneficio de 330 millones. Esta vez no hizo uso de esa ventaja de los créditos fiscales y pagó 18,5 millones de euros en impuestos. Según el balance de la propia compañía, Abanca controlaba el 41% de la cuota de mercado en Galicia de crédito y el 31% de los depósitos. El ratio de solvencia se situó en el 16,01% y la morosidad descendió hasta el 8,6%, cuando la media del sector era del 10,01%.

Por otro lado, Banesco manifestó su intención de enfocarse en el negocio bancario y desinvertir en las participaciones que Novagalicia Banco tenía en numerosas empresas. En los últimos años, la entidad gallega ya ha vendido la participación que tenía en 20 compañías (NH, Sacyr, Calvo, Indra, T-Solar…) que le generaron unos ingresos de 308 millones de euros. Puede que estemos ante una fabulosa operación para el banco venezolano, con unos ingresos de 4.000 millones de euros, si se venden los activos de más de 100 empresas: CLH, Bodegas Terras Gaudas, Sodiga, Filmax, Filmanova, Inmobiliaria Lazora, Ahorro Corporación, Grupo Norvento, Ozona Consulting, Autopistas do Salnés, etc.

Para Xosé Manuel Beiras, portavoz de AGE, la venta de Novagalicia Banco «es una traición y un despojo que debería obligar a la Xunta a dimitir». Para Xosé Luis Méndez Romeu, portavoz del PSdeG, “es una operación oscurantista; Feijóo consiguió destruir el sistema financiero gallego en cinco años». Para Xavier Vence, portavoz nacional del BNG, “estamos ante un nuevo escándalo que implica la colonización financiera de Galicia, consentida por la traición de dos gallegos: Feijóo y Rajoy”.

El BNG remitió un escrito a la Fiscalía Anticorrupción denunciando al Ministerio de Economía, como responsables del FROB, y al Banco de España por presuntos delitos de estafa (escogieron a sabiendas el peor momento para vender Novagalicia Banco, cuando tenían hasta 2017) y de malversación de fondos públicos porque sólo recibieron 1.000 millones de euros cuando hubo una inyección de 9.000 millones de euros de dinero público para reflotar el banco, que pagamos todos los contribuyentes, además de excluir del cómputo 2.260 millones de euros en exenciones fiscales de la venta La venta era innecesaria porque existían las condiciones suficientes para su continuidad como entidad independiente y no es más que la culminación de la liquidación del sistema financiero gallego.

La propaganda oficial insistía mucho en que la apuesta ganadora era el mal menor, como si no hubiera otras alternativas. Juan Carlos Escotet, que posee el 80% del banco, anunció que los centros de decisión se quedarían en Galicia, que mantendría el empleo y aumentaría el crédito (prometió 8.900 millones de euros en préstamos a pymes y particulares en cuatro años).

Sobre el futuro del empleo, Escotet afirmó: «¿Garantizar el empleo? Eso es tan obvio que ni siquiera lo menciono». Bueno, debo mencionarlo porque en 2012 habló de un sistema financiero con “rostro más humano”, mientras despidió a más de 1.000 trabajadores en Caracas, alegando una supuesta “reestructuración”. Clodomiro Montero, representante de la CIG, calificó de contradictoria la actitud de Banesco quien, por un lado, dijo que iba a mantener el cargo, pero por otro lado afirmó que seguiría con el ERE aprobado en febrero de 2013. , con el cierre de 74 oficinas y la salida de unos 350 trabajadores.

¡Estamos salvados, la operación fue un éxito! Este fue el mensaje oficial difundido, como rezaba el titular a cinco columnas de la primera edición de La Voz de Galicia : Banesco salva a NCG . Es una prueba de que en unos años Feijóo y el PP consiguieron desmantelar el sistema financiero gallego: Novagalicia Banco, Pastor, Banco Gallego, Evo, Etcheverria… Ahora el futuro de nuestros ahorros dependerá de las decisiones que se tomen en Caracas, Madrid o Barcelona, ​​pero Sofía Vázquez tituló su artículo: Galicia no la borran del mapa ”, en el que decía: “La Galicia evitó formar parte de esas nueve comunidades autónomas que han perdido sus entidades financieras”. En la página siguiente del mismo periódico, Xosé Luís Barreiro Rivas titulaba su artículo:Si este banco es gallego, que me lleve el diablo (La Voz de Galicia, 19-12-2013), recordando el poema de Curros Enríquez. Y realizó la siguiente valoración:

Aquella caja, por la que la Xunta vendió su alma al diablo, llega a su destino convertida en un banquito, de capital íntegramente venezolano, sujeto a todas las turbulencias propias del país en el que nació Banesco, y pendiente del azaroso programa económico y monetario que está trazando Maduro. A Núñez Feijoo, autor de la famosa jaculatoria tantas veces repetida –“una caja solvente, gallega y no bancarizada”– le salen las cuentas, y siente el orgullo de haber salvado el “sistema financiero gallego”. Pero a mí no me salen, y creo que esta triste historia se merecía –¡y pudo tener!– un final más feliz… Va a comenzar la apisionadora mediática para convencernos de que Banesco es el “santo advenimiento”, que los gallegos no nos merecemos tanta suerte –como decía Romay por Fraga–, y que toda España se está babando de envidia al ver que Dios escribe derecho con líneas torcidas, y que la sarta de disparates que destruyó nuestras cajas se resume finalmente en esta “caja solvente, gallega y no bancarizada” que por fuera parece un banco venezolano y que por dentro es una cuenta mancomunada de Castelao y Rosalía Castro juntos. Así que ¡a brindar!

Por favor, no insistas más con tu propaganda porque ya todos estamos convencidos: Banesco no es un banco venezolano, como podría parecer, sino un banco gallego.

Todo parece indicar que el negocio va bien porque Banesco, el propietario de Abanca, no descarta comprar otros bancos y en junio de 2015 mantenía 113 oficinas fuera de Galicia. Por otro lado, compró la antigua sede del grupo Planeta en el Paseo de Recoletos de Madrid por 44 millones de euros. Se trata de un edificio de 3.700 metros cuadrados, previsto para albergar los servicios centrales de Madrid.

Abanca contaba con 4.250 trabajadores a finales de 2015, cuando había 10.000 antes de la fusión de los bancos. El CIG denunció que manteniendo dos expedientes de regulación de empleo (ERE), los directivos tenían sueldos muy elevados, como el director general, Francisco Botas, que percibía 1,6 millones de euros anuales.

Y sobre el comportamiento laboral de esta empresa, ya hay algunas novedades. Una sentencia de la Audiencia Nacional obligó a Abanca en febrero de 2016 a registrar la jornada efectiva de la plantilla y las horas extraordinarias, tras una denuncia presentada por la CIG, apoyada por CCOO, UGT, Csica y Asca. La CIG habló de prolongación ilegal de la jornada y fraude laboral (la EPA reveló que el 56% de las horas extras trabajadas en el Estado en 2015 no fueron remuneradas, ni cotizaron al Seguro Social). También recordó a CIG que Abanca tiene 122 empleados menos en 2016 que en 2014 y que los trabajadores realizan miles de horas extras, que el banco se niega a reconocer.

2.1.7. El futuro de la obra social de Abanca

Tras la venta a Banesco, cuál será el futuro de la Fundación Novacaixagalicia, ahora Afundación, y su obra social (entre otras cosas, gestionan 12 centros de mayores, 12 centros socioculturales, seis escuelas infantiles), que contó con 344 millones de euros en activos, 97 infraestructuras en toda Galicia y 335 trabajadores?

Ya empezamos a sufrir la reducción de la obra social desde la fusión de los fondos gallegos. Antes de la fusión, la obra social de Caixanova y Caixa Galicia contó con un presupuesto conjunto de 146 millones de euros en 2008 y 110,4 millones en 2009.Según la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Novacaixagalicia destinó 60 millones de euros en 2010 a obras sociales, un 40% menos que antes de la fusión. Para 2011, NCG tenía previsto destinar 87 millones de euros, pero su consejo de administración acordó en verano de 2011 reducir esa cantidad a 32 millones de euros. Hasta el año 2015 dejaba un saldo de tesorería de 95 millones para cuatro años, es decir que para 2012, 2013 y 2014 serían 21 millones de euros anuales. El presupuesto de Afundación para 2016 fue de 26 millones de euros, es decir, el 17% de lo que tenían las cajas gallegas en 2008. ¡Y de estas cosas nadie habla!

En A Coruña, por ejemplo, ya se han vendido los equipamientos de la calle Médico Rodríguez y no está claro el futuro de los equipamientos culturales propiedad de Caixanova en Mariña y Caixa Galicia en Ronda de Nelle y los equipamientos en uso ya no se dan a título gratuito. cargo a asociaciones y entidades culturales. Por otro lado, se rescindió el convenio con la Diputación Provincial de A Coruña para gestionar la programación cultural del Teatro Colón.

La colección de arte de NCG consta de 1343 piezas de arte moderno y contemporáneo. Es propiedad de la sociedad gallega porque se acumuló con los ahorros de todos los gallegos. La declaración como BIC de ese patrimonio es insuficiente porque no impide su venta, o que acabe en manos privadas, o que salga de Galicia. Sobre este tema, el BNG presentó en el Parlamento gallego una propuesta no de ley para que no se lleve a cabo la venta de esa colección, que se unifique en un único documento la declaración como BIC de todas las obras que componen la colección de cajas gallegas. archivo, y que adopten medidas para que dichos fondos sean expuestos y conocidos por el conjunto de los gallegos. PP y PSOE votaron en contra.

El director general de Política Financiera y Tesorería de la Xunta, Manuel Galdo, informó el 27 de febrero de 2014 que la obra social de NCG contaba con un patrimonio de 280 millones de euros y una liquidez de 80 millones de euros. También informó sobre la falta de control y gasto en obra social; los altos cargos percibieron en 2012 443.483 euros en concepto de dietas asistenciales, los órganos de gobierno y doce directores de la Fundación NCG recibieron más de 12 millones de euros. Tras comprar el banco Novagalicia, Banesco anunció que no habrá más recortes de plantilla (240 trabajadores en la actualidad), ni reducción de salarios. ¿Será suficiente para asegurar el futuro?

2.1.8. Demanda contra directivos de bancos gallegos por jubilaciones millonarias e inversiones en proyectos inmobiliarios

Los principales acusados ​​-José Luis Pego, Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada- declararon en el juicio que sus contratos eran legales, contaban con el visto bueno de la comisión de retribuciones del Banco de España y que cumplían las recomendaciones comunitarias.

También declararon varios miembros de la Junta Directiva de Novacaixagalicia. Casi todos declararon que no sabían nada y que se enteraron de las indemnizaciones por la prensa. Salvador Fernández Moreda, exvicepresidente de Caixa Galicia y luego de Novacaixagalicia, afirmó que cuando la prensa le informó del importe de la indemnización pensó que se trataba de un «escándalo» y que generó «alarma social», pero que nunca dudó de su legalidad. Cuando Moreda dejó su cargo de concejal del grupo municipal socialista de A Coruña en 2015, fue «reubicado» como asesor de la Valedora do Pobo, con un salario bruto anual de 61.000 euros. Ángeles Marra, senadora socialista, que había sido concejala en Caixa Nova y Novacaixagalicia, afirmaba que los consejos de administración no recibían toda la documentación de los contratos de los directivos. Tampoco sabía que los contratos se modificaron en 2010 para adaptarlos al pacto laboral de fusión de los cajeros. “La verdad es que tal vez hubiera leído mejor el acta. Pero teníamos plena confianza en la dirección”. Afirmó que la única razón de su despido fue que las indemnizaciones no parecían éticas.

Mar Barcón, concejala socialista de A Coruña y que formaba parte de la junta directiva en representación de la Coral Polifónica de Betanzos, afirmó que dimitió al enterarse de la indemnización en la prensa, «porque se me habrían pasado por delante y yo no me había enterado, entonces hubiera hecho mal mi trabajo, o nos lo habían ocultado y se lo habían pasado a todo el mundo”. Javier Caínzos, alcalde de Curtis, también se enteró de las indemnizaciones por la prensa y declaró que confía en la junta directiva. Mauro Varela, que había sido presidente de Caixa Galicia y copresidente de Novacaixagalicia, afirmó que el Banco de España conocía los detalles de los contratos laborales de los altos directivos y que «fue el primer documento que pidió cuando procedió a auditar la entidad». «.

El 22 de octubre de 2015, la Audiencia Nacional hizo pública la sentencia en el caso de las jubilaciones anticipadas millonarias (fueron cobradas todas juntas o capitalizadas y no mes a mes) de directivos de Novacaixagalicia, confirmando la acusación de la Fiscalía Anticorrupción de que la procesados ​​José Luis Pego, exdirector general de Novacaixagalicia, Gregorio Gorriarán, exdirector del grupo inmobiliario, y Óscar Rodríguez Estrada, exdirector de la oficina de integración, tenían un contrato de alta dirección, pero en el momento de la fusión de los bancos «elaboraron un plan», con «la imprescindible e imprescindible colaboración» de Julio Fernández Gayoso, copresidente de Novacaixagalicia, y Ricardo Pradas, abogado, cuyo «fin no era otro que el de mejorar su posición y condición económica». ante «la suposición más que probable, razonable y lógica» de lo quecuando terminaron las ayudas públicas, los nuevos propietarios decidieron prescindir de ellas.

La sentencia destaca que la entidad valía 181 millones de euros y tuvo que provisionar 29,9 millones de euros y pagar más de 24 millones como consecuencia de los nuevos contratos, cantidad que fue abonada íntegramente por el FROB, organismo que con el público inyectado el dinero hizo posible la subsistencia de NCG.

Los tres directivos fueron declarados culpables de administración desleal y apropiación indebida y condenados a dos años de prisión, inhabilitación profesional durante ese período y multa de 75.000 euros. Pego tuvo que devolver 8.588.950 euros, Gorriarán 5.192.798 y Rodríguez Estrada 239.904 euros. En total, tuvo que devolver 14,02 millones de euros de los 18,9 millones que recibió como indemnización. Javier García Paredes, exdirector general adjunto de Novacaixagalicia, fue absuelto porque su contrato era nuevo y retuvo los 5.659.037 euros que percibió. Gayoso y Pradas fueron condenados a dos años de prisión, inhabilitación profesional y multa de 75.000 euros. José Luis Méndez, que había sido director general de Caixa Galicia, no fue imputado por la Fiscalía Anticorrupción. Tratándose de penas iguales o inferiores a 24 meses,

Por outra banda, a sentenza subliñaba que os acusados realizaron este plan “abusando de las funciones propias de sus cargos, ante la probabilidad de que no se contase con sus servicios por los nuevos inversores de la nueva entidad”; “en detrimento del patrimonio de la sociedade, disponiendo fraudulentamente de los bienes de la sociedad” e “vulnerando deliberadamente la legislación comunitaria y española sobre remuneraciones de altos cargos teniendo en cuenta que la entidad estaba participada por el Estado mediante la correspondiente aportación de dinero público”.

Conociendo la sentencia de la Audiencia Nacional, Francisco Jorquera, miembro del BNG, pidió despejar responsabilidades políticas en la Comisión de Economía del Parlamento de Galicia del 4 de febrero de 2016, por el «saqueo» de las antiguas cajas. Aseguró que lo ocurrido no hubiera sido posible si el Banco de España hubiera ejercido su deber de supervisión de las entidades y la Xunta, que tiene competencias exclusivas, hubiera velado por el buen gobierno de la banca gallega. “El saqueo de los palcos no se habría producido si Feijóo no hubiera concedido tiempo extra a los máximos responsables de los palcos”. Este diputado ha recordado que «la ley de cajas registradoras, iniciativa del BNG, tenía una triple intención, reforzar la supervisión pública, evitar su absorción por entidades extranjeras y forzar la destitución de sus antiguos dirigentes, pero el PP y el PSOE introdujeron una modificación, permitir que continúen en sus cargos aquellos miembros que formaban parte de los órganos de gobierno de las entidades fusionadas”. Y Jorquera concluyó: “La Junta tenía la obligación de vigilar las funciones de la junta directiva y tenía un representante en ese órgano. Usted, Sr. Feijóo, lo que está haciendo es pasarle el balón al Banco de España, pero la Xunta también tenía competencias y se abstuvo de ejercerlas»

Aún quedaban expedientes pendientes y tras conocerse la sentencia por prejubilaciones, Gayoso, Pego, Gorriarán y Domingo González Mera, máximos responsables de Caixanova, y Miguel Aragonés y Delfín Ferreiro, miembros de la comisión delegada de esa entidad, declararon el pasado 15 de diciembre que habían sido investigados en las Audiencias Nacionales, que instruyeron una de las siete operaciones de financiación de proyectos inmobiliarios, que el FROB ya había denunciado a la Fiscalía Anticorrupción por irregularidades en la concesión de créditos. La Audiencia Nacional había acogido la denuncia Anticorrupción por los delitos de administración desleal y apropiación indebida contra 17 personas, entre ellas el expresidente de Caixanova. Están siendo investigados por conceder un préstamo de 67 millones de euros en 2007 para adquirir un terreno en el municipio madrileño de Rivas-Vaciamadrid, que finalizó en 2010 con el pago de las fincas cuando los propietarios de las mismas entraron en crisis. Por otro lado, otras 13 operaciones sospechosas de Caixa Galicia y Caixanova vinculadas al ladrillo y que podrían haber causado una pérdida de 980 millones de euros a los bancos gallegos pueden llegar a la Audiencia Nacional, remitida por el FROB. Entre los edificios afectados se encuentra el In Tempo de Benidorm, de 52 plantas, que es el edificio residencial más alto del Estado. Fue promovido por Caixa Galicia y está inacabado por la quiebra de la promotora Olga Urbana. otras 13 operaciones sospechosas de Caixa Galicia y Caixanova vinculadas al ladrillo y que podrían haber causado una pérdida de 980 millones de euros a la banca gallega. Entre los edificios afectados se encuentra el In Tempo de Benidorm, de 52 plantas, que es el edificio residencial más alto del Estado. Fue promovido por Caixa Galicia y está inacabado por la quiebra de la promotora Olga Urbana. otras 13 operaciones sospechosas de Caixa Galicia y Caixanova vinculadas al ladrillo y que podrían haber causado una pérdida de 980 millones de euros a la banca gallega. Entre los edificios afectados se encuentra el In Tempo de Benidorm, de 52 plantas, que es el edificio residencial más alto del Estado. Fue promovido por Caixa Galicia y está inacabado por la quiebra de la promotora Olga Urbana.

2.2. GALICIA PIERDE EL BANCO PASTOR

José María Arias, presidente de Pastor, presumía de independencia, pero la crisis aceleró los acontecimientos después de que las pruebas de resistencia anunciaran en julio de 2011 que la Autoridad Bancaria suspendía a Pastor.

El desmantelamiento del sistema financiero gallego se completó el 7 de octubre de 2011 -día de la Virgen del Rosario, patrona de A Coruña- cuando se conoció la compra de Banco Pastor por parte de Banco Popular por 1.362 millones de euros.

El Popular lanzó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el 100% de las acciones, garantizando a los accionistas de Pastor una revalorización del 35,7% por acción. La Fundación Barrié tendría el 7,5% del nuevo grupo (anunciaron que duplicaría su inversión en obra social y temporal y la triplicaría a medio plazo, alcanzando los 30 millones de euros en 2014) y contaría con tres miembros en el patronato de Directores.

Grupo Popular disponía de 161.000 millones de euros en activos (31.000 de Pastor) y controlaba el 18% del mercado financiero gallego; 2.810 oficinas en todo el Estado (588 de Pastor) y 16.380 trabajadores (4.269 de Pastor). Contará con siete millones de clientes, 98.000 millones en depósitos y 122.000 millones de euros en créditos. Las dos entidades tenían una importante exposición al sector inmobiliario con 31.283 millones de euros prestados (4.963 de Banco Pastor). Banco Pastor mantendría su marca en Galicia. Quedaba por determinar el cierre de oficinas y la reducción de personal en los próximos años.

Sobre esta operación o Presidente do Pastor, José María Arias, dicía que “surge de la oportunidad y no de la necesidad; tiene un enorme sentido estratégico. Galicia está ganando una posición importante en el quinto grupo financiero español”.

Para Andrés Faíña, catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidade da Coruña (La Opinión, 10-8-2011) “la noticia es mala para Galicia porque pierde centro de decisión y capacidad de diálogo. Los grandes proyectos se van a controlar desde Madrid”. Para Xavier Vence “Galicia pierde definitivamente el control de todo su sistema financiero y de la Xunta, o falta o no tiene capacidad de reacción. No solo sufrirá el sector y los trabajadores, sino el tejido económico y empresarial.

El alcalde de A Coruña, Carlos Negreira (PP), declaró en un primer momento (La Opinión, 11-10-2011): “No son buenas noticias. Es la crónica de una muerte anunciada, impulsada por el Gobierno de España, con su política de concentración financiera, y el Banco de España, como brazo ejecutor”. Para Javier Losada (PSOE) fue «una mala decisión para los intereses estratégicos de la ciudad». Para Francisco Jorquera (BNG) “es una mala noticia para Galicia y para A Coruña, que pierde su condición de centro financiero. Tiene líderes políticos claros, el PP y el PSOE, porque apostaron por una reestructuración del sistema financiero que supondrá una mayor concentración del sector y para Galicia tiene la nefasta consecuencia de perder entidades propias”.

Negreira cambió de opinión inmediatamente y, tras entrevistar a los directivos del banco, ya no expresó «preocupación», sino que sintió «buenas vibraciones». ¿Por qué los alcaldes de A Coruña siempre están contentos -ya pasó con Fadesa- cuando desaparecen cientos de puestos de trabajo? Parece que plantar cara al capital está mal visto políticamente.

A pesar de la crisis económica y de todo el proceso de absorción por Banco Popular que atravesó Banco Pastor, con reducción de oficinas, deslocalizaciones y despidos de trabajadores, José María Arias percibió, en calidad de prejubilado de Pastor, 17.055 millones de euros (3.369 millones en concepto de aportaciones a fondos de pensiones y 13.686 millones de euros de obligaciones contraídas) y un salario de 1,33 millones de euros, correspondiente al primer trimestre de 2012, según informa el propio Banco Popular.

El desmantelamiento del sistema financiero gallego se completó con la compra del Banco Etcheverría (NCG controlaba casi el 50% de las acciones) por parte de Banesco, uno de los mayores bancos de Venezuela, que pagó 42 millones de euros por el 70% del banco. Sabadell compró Banco Gallego, que contaba con 183 oficinas (117 en Galicia) y 740 empleados.

Evo Banco, que aglutinaba la antigua red de oficinas de los bancos gallegos fuera de Galicia (con 80 oficinas y 590 empleados) fue adquirida por el fondo norteamericano Apollo el 6 de septiembre de 2013. Con esta operación el FROB recibió 60 millones de euros y el trabajadores verían reducido su salario en una media del 7,2%.

2.3. LA ALTERNATIVA DE BANCA PÚBLICA GALEGA

Ante el proceso de conversión de las cajas de ahorros en bancos y el posible control posterior de éstas por parte del capital extranjero, el BNG presentó en abril de 2012 un modelo de banca pública gallega que, por otra parte, está presente en los países con mayor crecimiento económico. Permitiría que el crédito fluya hacia las empresas, deteniendo la destrucción de empleos, y garantizaría el flujo básico de dinero hacia la economía productiva, deteniendo la destrucción de empresas. Por otro lado, proporcionaría financiación a las administraciones públicas, que no dependería de la volatilidad de los mercados.

El catedrático de la USC Xavier Vence, que coordinó este proyecto, declaró: “En el Estado español se ha instaurado desde los años 90 una mentalidad neoliberal, entregada a la idea de que la banca pública no tenía cabida en nuestro sistema económico. Hoy podemos ver que otros países que lo están haciendo mucho mejor económicamente que nosotros, siguen teniendo bancos públicos y con una gran implantación”.

Vence citó como ejemplo a Alemania, que tiene una red muy grande de 410 entidades financieras con capital público, que brindan apoyo financiero para la operación y expansión de las pequeñas y medianas empresas alemanas. Otros países como Austria, Noruega y muchos de los países emergentes de más rápido crecimiento (Brasil, India, China o Sudáfrica) cuentan con potentes bancos públicos. El BNG consideró que había dos opciones para construir este banco público:

– Que la actual participación mayoritaria del 92% del FROB en Novagalicia Banco se convierta en una participación pública. La representación de ese capital público se trasladaría a las instituciones gallegas, en particular a la Xunta de Galiza. De esta manera, se convertiría en un banco público que garantizaría su sede en Galicia y, sobre todo, una política al servicio del tejido productivo y del sector público gallego.

– La otra opción es que si el Banco de España decide seguir la estrategia de deshacerse de NCG Banco a través de una subasta, el Gobierno de la Xunta debería poner en marcha una estrategia alternativa para la configuración de un banco público. Con un volumen de recursos en torno a los 500 millones de euros, la Xunta podría constituir una entidad financiera de capital público con tamaño suficiente para poder cumplir una función relevante dentro del sistema financiero gallego.

Xavier Vence ha destacado que la creación de un banco público gallego «es posible, hay ejemplos de ello, el marco legislativo permite la creación de este tipo de entidades y creemos que hay que tomar una decisión política que desde el BNG quiere promocionar».

2.4. NUESTROS AHORROS TAMBIÉN EMIGRAN

La gente emigra porque no hay futuro en su patria. Desde el inicio de la crisis en 2008, 158.000 personas se han marchado de Galicia (60% a otra comunidad autónoma). Y desde 2009 han emigrado 132.000 personas de entre 16 y 29 años, según el Instituto Gallego de Estadística.

Y nuestros ahorros también migran. De cada 100 euros depositados en los bancos gallegos, sólo 76 euros se destinaron a crédito en nuestro país, según un estudio del economista Aleixo Vilas (Sermos Galiza, 10-8-2015), que recoge datos del Boletín Estadístico de la Banco de España. A junio de 2015 los depósitos ascienden a 57.749 millones de euros, los créditos a 44.059, es decir, hay 13.690 millones de euros que migran para servir a la prestación de créditos en otras comunidades autónomas. En la ratio crédito/depósito de todas estas comunidades, Galicia se sitúa en último lugar con un 0,76, cuando la media nacional es de 1,18.

En cambio, si tenemos en cuenta la población, que en Galicia representa el 5,88% del Estado, el crédito gallego sólo representa el 3,15% del total, es decir, tenemos un crédito per cápita del 0,54, el penúltimo de el Estado, después de Extremadura, que tiene 0,53.

Desde 2009 hasta junio de 2015, Galicia también fue la comunidad que más porcentaje de crédito perdió, un 38,2% (27.224 millones de euros) y pasamos de 71.283 millones de euros a 44.059.

Si analizamos la evolución de los depósitos en el citado periodo, resulta que en Galicia aumentan en 3.877 millones de euros, pasando de 53.872 millones de euros en 2009 a 57.749 en junio de 2015, es decir, una variación relativa del +7,2% , mientras que la media estatal fue del -1,3%.

La evolución de la ratio préstamos/depósitos en ese periodo también es muy negativa para Galicia (-42,42%), ya que pasamos del 1,32% en 2009 al 0,76% en junio de 2015, cuando la media nacional era -21,885%, -9,35% en el País Vasco, -17,60% Madrid, -19,42% Navarra, -25,36% Andalucía. En definitiva, si en 2009 concedieron 132 euros de crédito por cada 100 euros depositados, en 2015 concedieron 76.

Con estos datos, Aleixo Vilas extrae las siguientes conclusiones:

  1. El Aforro dos Gallegos emigra y no da lugar a la concesión de crédito en el país.

  2. Las políticas adoptadas durante la crisis, especialmente durante el gobierno de Rajoy, tuvieron un claro carácter antisocial, pero también de fuerte recentralización política y económica.

  3. El proceso de reestructuración bancaria tuvo como consecuencia evidente la centralización y concentración de la banca y las finanzas, favoreciendo los intereses de las élites políticas y económicas asentadas en la capital del Estado español, siendo Galicia el territorio más afectado en este proceso.

  4. La alternativa para cambiar esta tendencia es dotarnos de la capacidad de tomar nuestras propias decisiones y de instituciones financieras que garanticen que nuestros ahorros se utilicen para otorgar crédito para impulsar la inversión en nuestros sectores productivos.

  5. La lógica de una banca privada con centros de decisión lejos de Galicia, fuertemente integrada en un modelo español centralizado, se muestra totalmente inservible para nuestro país.

  6. Es más necesario que nunca impulsar las entidades financieras propias de Galicia, como la creación de un Banco Público de Galicia o, al menos y como primer paso, un Instituto de Crédito e Inversiones, como ha propuesto el BNG en numerosas ocasiones.


´Traducción del artículo «O desmantelamento do sistema financeiro galego», publicado en nuevarevolucion.es


 

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