Por Estefano Tamburrini
Aparicio cuenta con más de 150 publicaciones y 3.500 citas científicas. Sus conclusiones contradicen las tesis del lobby de los agroquímicos. Y denuncia a Ilfattoquotidiano.it: «El mensaje que se transmite es que producir y comunicar conocimiento científico puede tener repercusiones negativas para quien lo hace».
Realizó una investigación sobre la presencia de sustancias tóxicas agrícolas en seres humanos y animales, en el suroeste de Buenos Aires, en la que participaron 73 voluntarios.
El estudio, iniciado en 2020 y financiado con fondos de la Unión Europea en el marco del proyecto Sprint (Sustainable Plant Protection Transition), con la aprobación del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), detectó la presencia de al menos dos pesticidas en la sangre del 100 % de los voluntarios participantes y de glifosato en la orina del 84 %.
En algunas pruebas se registró la presencia de decenas de productos fitosanitarios diferentes en el organismo de los voluntarios.
Las sustancias tóxicas están por todas partes, incluso en el polvo doméstico, donde se encontraron hasta 86 moléculas químicas diferentes.
Los resultados no agradaron en absoluto a los altos cargos del INTA ni a los gigantes del sector agrícola, cuyos representantes forman parte del Consejo Directivo de la institución.
Y ahora, Virginia Aparicio, de 53 años, responsable científica de la investigación, se enfrenta a un procedimiento de destitución que podría suponer su despido y la prohibición de ocupar cualquier cargo público durante los próximos cinco años.
«Mi vida ha cambiado profundamente»
«Mi vida ha cambiado profundamente», confiesa Aparicio a Ilfattoquotidiano.it.
Después de más de veinte años trabajando en el INTA, se enfrenta a una decisión de expulsión de la administración pública relacionada con una investigación científica internacional.
«Es una decisión que compromete mi trayectoria profesional y mi continuidad laboral».
El INTA la acusa de diversas irregularidades, como haber «pasado por encima de sus superiores» y «ocultado información», pero Aparicio sostiene que notificó por escrito cada una de las acciones, protocolos y avances del proyecto.
Bajo la presión de las grandes empresas agroindustriales, la institución habría intentado impedir la difusión de los resultados, que, sin embargo, ya habían llegado a Europa.
Como represalia, Argentina se retiró formalmente del proyecto Sprint.
Aparicio, considerada anteriormente la mejor investigadora del INTA en materia de agroquímicos, con más de 150 publicaciones y 3.500 citas científicas, declara:
«Temo por mi futuro laboral y personal. Pero lo que más me preocupa es el mensaje que, con esta situación, se transmite a otros investigadores. Producir y comunicar conocimiento científico puede tener repercusiones negativas para quien lo hace».
«¿Qué ocurre cuando los resultados de una investigación incomodan a quienes tienen el poder de decisión?»
Preguntada por los resultados de la investigación, Aparicio explica:
«Sentí preocupación, pero también una enorme responsabilidad científica y ética. Los resultados demuestran una exposición evidente que debe investigarse, comunicarse y tenerse en cuenta a la hora de aplicar políticas públicas».
Y plantea una pregunta:
«¿Qué ocurre cuando los resultados de una investigación incomodan a quienes tienen el poder de decisión?».
Por ello, la investigadora reivindica la independencia de la ciencia pública para «plantear preguntas, obtener resultados y comunicarlos, incluso cuando cuestionan prácticas establecidas e intereses económicos».
Su investigación ha contradicho, de hecho, el discurso oficial del lobby de los agroquímicos, según el cual los productos fitosanitarios son «herramientas seguras para el ser humano y el medioambiente», tal y como sostiene Aacrea, la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola.
Una postura respaldada también por la Sociedad Rural Argentina y Coninagro, que en Argentina gestionan la logística relacionada con el uso de productos de Bayer (antigua Monsanto) y Syngenta.
«Si los investigadores temen perder su trabajo por sus descubrimientos, se fomenta la autocensura. Y esto empobrece a toda la sociedad», añade.
«El conocimiento que producimos es patrimonio de la sociedad»
Aparicio anima a sus compañeros a «defender la ciencia con dignidad, independencia y rigor» y a la ciudadanía a «proteger su derecho al conocimiento».
Es una cuestión de principios:
«La investigación financiada con fondos públicos debe estar al servicio del bien común», señala.
«Los datos científicos no pertenecen a los gobiernos, a las empresas ni a los investigadores. El conocimiento que producimos es patrimonio de la sociedad».
En los últimos días, la causa de Aparicio ha recibido el apoyo de diversas organizaciones, desde sindicatos locales hasta instituciones de investigación extranjeras.
«La máxima sanción contra una investigadora por hechos producidos en el marco de su proyecto institucional tendría consecuencias para todo el personal y debilitaría la investigación pública», denunció el sindicato nacional de trabajadores del INTA.
También se han pronunciado la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y la Coordinadora de Pueblos Fumigados, una red de comunidades afectadas por las fumigaciones, que consideran que el procedimiento contra Aparicio pretende «obstaculizar el derecho de los ciudadanos a saber quién contamina sus territorios».
Los representantes del proyecto Sprint también han defendido la transparencia de la actuación de Aparicio y el cumplimiento de los protocolos.
«Es evidente que lo que encontramos no resultó conveniente para muchas personas», comentó al diario El País la investigadora Violette Geissen, de la Universidad de Wageningen (Países Bajos) y coordinadora general de todo el proyecto.
El Gobierno de Javier Milei, interpelado en varias ocasiones sobre el asunto, ha guardado silencio.
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