Había desembarcado en Florida diez años atrás, poco antes de la derogación de la política Wet feet, dry feet («pies mojados, pies secos»), que desde 1995 facilitaba la concesión del parole humanitario a los ciudadanos cubanos.
Yasmany Noel Moreno de Armas, de 32 años, tenía una pequeña empresa de transporte que contaba con cuatro empleados, aunque, según las autoridades federales, no disponía de un estatus migratorio regular.
Moreno fue detenido por ICE, Immigration and Customs Enforcement, en mayo de 2025, en West Palm Beach.
«Estaba con varios amigos, salíamos de un hotel. Parecía un control rutinario normal, pero después me llevaron a un centro de detención», cuenta el joven de 32 años a Ilfattoquotidiano.it.
«Los agentes insinuaban un supuesto robo de identidad», continúa. «Decían que mis huellas dactilares no eran correctas y que yo no era quien decía ser, Yasmani Moreno de Armas, sino otra persona».
Él había proporcionado las pruebas necesarias, pero permaneció en una celda durante un año y, finalmente, fue expulsado a Bangui, República Centroafricana, donde llegó el pasado 1 de agosto.
«No nos informaron del traslado», señala Moreno, refiriéndose también a otros migrantes expulsados al país africano, después de hacer escala en Dakar, Senegal.
«Fue un trauma para todos. Las autoridades no nos dan documentos, visados ni permisos de trabajo».
A través de su abogado, Moreno recurrió la orden de expulsión ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Décimo Circuito, en Nuevo México, mientras espera poder beneficiarse de la Cuban Adjustment Act —Ley de Ajuste Cubano—.
Moreno, además, afirma que no puede regresar a La Habana, ciudad que abandonó en una lancha neumática.
«Aquí, en Bangui, no tenemos redes de apoyo y no conocemos el idioma», continúa Moreno, quien denuncia la falta de condiciones de seguridad en un país asolado por una guerra civil y cuyo 80 % del territorio, según el artículo, está controlado por guerrillas y grupos rebeldes.
«Tememos por nuestras vidas. Recibimos amenazas continuamente, incluso a través de las redes sociales».
Actualmente, se contabilizan más de 60 migrantes procedentes de terceros países —Cuba, Ecuador y Honduras— expulsados a la República Centroafricana, en el marco de un acuerdo bilateral firmado entre Washington y Bangui por más de 80 millones de dólares.
Sin embargo, el propio Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene una alerta de nivel 4 para el país africano, recomendando a sus ciudadanos no viajar allí «por ningún motivo».
La situación de Daniel Lázaro Fuentes, de 31 años, resulta aún más preocupante. Es una persona transgénero, también cubana, trasladada a Bangui.
«Tengo mucho miedo. Ni siquiera podría salir del apartamento en el que me encuentro».
Fuentes, que hace algunos años completó su transición de hombre a mujer, explica:
«He tenido que cortarme el pelo y llevar ropa holgada, incluso dos camisetas a la vez».
Todo ello —se lamenta— porque fue enviado a un país «donde no estoy seguro, porque mi condición es estigmatizada continuamente».
La diversidad de género no está explícitamente prohibida en la República Centroafricana, pero, según informes de la ONU y de Outright International citados por el artículo, las personas LGBTQ+ sufren distintas formas de violencia: desde la negación de su identidad hasta persecuciones, torturas y tratos inhumanos y degradantes.
«También tengo que cambiar el tono de mi voz», explica Fuentes. «Es muy complicado dejar de ser tú mismo porque estás en peligro».
Fuentes tampoco había sido informado previamente de su traslado a África.
«Nos lo dijeron durante el vuelo», relata. «Estábamos en shock. Si querían expulsarnos, podían habernos enviado a Cuba».
Según su relato, por tanto, faltó el «debido proceso», lo que habría dado lugar a una «serie de derechos vulnerados».
En el mismo vuelo por sorpresa se encontraba también Brayan Omar Sánchez Severllón, también de 31 años, que trabajaba como camionero en Miami.
Había llegado allí huyendo de Tegucigalpa, tras recibir amenazas de algunas bandas locales, y fue detenido por ICE el 12 de mayo mientras se dirigía al trabajo.
«Este traslado nunca fue consentido por mí ni por ningún juez: no es legal», afirma.
«Me habían ofrecido México, pero presenté un recurso y posteriormente me trajeron aquí, a la República Centroafricana, junto con otros migrantes».
Sánchez denuncia la ausencia de servicios básicos y de atención médica en el país de acogida.
«No nos atrevemos a abandonar el país», añade Sánchez. «No hay agua limpia y algunos de nosotros —los migrantes expulsados— sufrimos alergias y otros síntomas».
Según su testimonio, las autoridades locales les responden:
«Acostúmbrense, esto es África».
El artículo también recoge el testimonio de Aristide Fernández, cubano de 37 años, quien afirma haber sido detenido arbitrariamente por ICE pese a disponer de un permiso de trabajo válido hasta 2030.
«Estamos literalmente secuestrados», exclama.
«Estamos en un edificio protegido, bajo vigilancia; sin documentos ni libertad de movimiento».
Además, las comunicaciones se ven limitadas por los constantes apagones eléctricos —de tres a ocho horas al día—, que paralizan prácticamente todo, incluso los sistemas de bombeo de agua.
Sin embargo, ellos continúan documentando lo que sucede. Según el artículo, sus testimonios han colocado en una posición incómoda a congresistas republicanos como María Elvira Salazar, en el contexto de lo que el medio describe como el giro «anti-latino» de Trump.
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