El Gobierno español aprobará en breve la extensión del real decreto que le concede la potestad de vetar cualquier compra de más de un 10% del capital en una empresa calificada de estratégica por parte de un inversor extranjero. Un blindaje que limita los flujos de capital reclamados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y que protege a grandes empresas del Ibex 35, como Telefónica y las grandes energéticas, pero especialmente a Prisa, el grupo de medios de comunicación vital para la estrategia política de Pedro Sánchez, que precisamente ahora necesita dinero fresco para sobrevivir.
La información, que en principio había sido negada por varias fuentes del Gobierno español, ha sido adelantada luego por ‘El País’ y por Cinco Días’, los dos periódicos de cabecera del Grupo Prisa. La medida, creada en primer instante para evitar que fondos oportunistas se aprovecharan de la caída de los precios en bolsa de compañías claves para el interés nacional a raíz de la pandemia, supone extender la imposibilidad de que ningún inversor no afín compre una empresa sin permiso de Moncloa hasta finales de 2024, reveló Agustín Marco en El Confidencial.
Aunque los efectos del covid-19 se dan más que por superados, como demuestran la subida general de los resultados de las compañías cotizadas, algunas con récord de beneficios, como Repsol, Iberdrola o Banco Santander, Pedro Sánchez alargará este blindaje por dos años. Según fuentes gubernamentales, el fin último es evitar que un comprador no alineado con Moncloa pueda hacer con el control de Prisa, que se ha derrumbado cerca de un 40% en bolsa en lo que va de año y que necesita de manera urgente una ampliación de capital de 150 millones.
Esta operación, que el consejo de administración aprobará en breve, abría la puerta para que Vivendi o Mediaset se hiciera con una participación significativa del grupo de ‘El País’ y ‘Cadena Ser’, lo que para en el Gobierno del PSOE y Unidas-Podemos se interpretó como un claro riesgo justo en un año electoral en el que se deciden numerosos ejecutivos autonómicos y el destino de la propia Moncloa. De hecho, Sánchez ya vetó la pasada primavera que el grupo francés llegase a comprar hasta el 29,9% del capital –actualmente tiene un 9,7%– y ha hecho lo mismo con el holding italiano, que se ha interesado por acudir a la citada ampliación de capital.
Junto a Prisa, el Gobierno de coalición quiere evitar que inversores extranjeros se hagan con participaciones significativas en Telefónica, que cotiza cerca de sus mínimos históricos, o de algunas energéticas, como Repsol y Naturgy. De hecho, el Ministerio de Transición Energética ya transmitió su negativa a que el grupo gasista catalán se dividiera en dos, entre activos de infraestructuras y de clientes, como pretendían los fondos de capital riesgo GIP y CVC. Por ello, en la nueva normativa, se va a incluir que el veto pueda aplicarse también, no solo a tomas de participaciones superiores al 10%, sino también al troceo de empresas.
La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez va en contra de los pronunciamientos de la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV), que ya se manifestó en contra de un blindaje que limita la libertad de capitales. Su presidente, Rodrigo Buenaventura, aseguró durante el último ‘Spain Investors Day’ que “es preciso mantener en nuestro mercado de capitales los estándares más elevados de integridad, gobierno corporativo y apertura a la inversión exterior”.
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