La Superintendencia Financiera de Colombia ratificó el 13 de octubre de 2020, mediante la resolución 899 de 2020, una multa de $500 millones al Banco de Occidente -del Grupo Aval-, por eludir obligaciones en el control de lavado de activos y ocultar a las autoridades información sobre el asunto en mención.
Vale decir que en octubre de 2019 el banco ya había sido sancionado -por los temas en mención- por un superintendente delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, sin embargo, la entidad apeló la decisión y hasta 2020, la Superfinanciera resolvió la apelación confirmando la sanción, reveló Forbes Colombia.
En el recurso de apelación, el banco indicó que “no pretende negar la ocurrencia de los errores endilgados, los cuales fueron y son reconocidos de manera expresa por el Banco de Occidente, sino que pretende explicar los motivos que los originaron e indicar las acciones y correctivos que ha adoptado el Banco para evitar la ocurrencia de nuevas inconformidades en el futuro”.
Sin embargo, para la Superfinanciera, “el investigado debe haber manifestado y asentido de manera clara y específica que incurrió en la violación de las normas por las que fue requerido en explicaciones. De lo contrario, si la respuesta que brinda es en otro sentido (..) presentando argumentos tendientes a desvirtuar la imputación o admitiendo la ocurrencia de los hechos, pero no la “comisión de la infracción”, no se está en presencia del reconocimiento expreso que exige la norma”.
Sobre la colaboración en entrega de información, el banco dijo que “sí colaboró con el suministro de la información requerida por la Fiscalía General de la Nación, tal y como consta en una serie de correos, visitas y solicitudes de prórrogas, siendo diferente que la Fiscalía hubiera considerado que la información entregada no era suficiente”.
Además, la entidad comentó que “se trató de una búsqueda selectiva de datos, es decir, era el ente investigador quien iba al banco a cotejar la información para adicionarla a la obtenida de otras fuentes, por lo cual estima inaceptable que se haya afirmado que este que no le prestó colaboración afectando
su misión legal”.
Ante lo anterior, el juez dijo que “vale la pena mencionar que la Fiscalía General de la Nación informa que no es la primera vez que las respuestas a los requerimientos formulados al Banco de Occidente S.A. por parte de dicha autoridad han presentado serios problemas con la oportunidad, calidad y utilidad de la información entregada, lo cual afecta sus labores de investigación”.
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