En las protestas que sacuden Europa occidental se vislumbra algo nuevo, más allá de la cortina de humo de la violencia y los enfrentamientos. La tarea de la política consiste en canalizar esta esperanza.
Por Estefano Tamburrini y Riccardo Raspanti
La historia se acelera de repente ante nuestros ojos, como no ocurría desde los primeros años del siglo XXI. Europa ya no es un refugio seguro, al menos para las élites financieras y las pequeñas burguesías en declive, tal como las define el conservador Michael Lind, tan empobrecidas como convencidas de pertenecer a una clase media que prácticamente ha desaparecido.
El elemento unificador es geográfico y económico: las protestas, con la excepción de Alemania, afectan a los grandes países de la Unión Europea, los primeros en población y PIB. Las generaciones que salen a las calles han presenciado, a través de las pantallas, manifestaciones masivas en el resto del mundo, pero las reivindicaciones que las impulsan son diferentes.
Quizá aquí se encuentre el gran obstáculo interpretativo contra el que choca el análisis mediático, ya sea de buena o mala fe: los estudiantes franceses, los acampados españoles o los transportistas autónomos del sur de Italia no protestan contra el sistema de gobierno, sino contra los incumplimientos de la democracia. Los espacios de participación se han erosionado y los mecanismos para trasladar las reivindicaciones son defectuosos e insuficientes. La distribución injusta de las oportunidades y de la riqueza ya no se considera un mal necesario de un sistema virtuoso, sino una elección política que perjudica las condiciones de vida de millones de ciudadanos.
Algunos expresan las cosas tal como son: «Las zapatillas que hay en los escaparates cuestan aquí lo mismo que el sueldo de mi padre. Esta es la única manera de hacernos oír; también lo hacemos por nuestros padres», comenta un joven de 16 años (Y.), entrevistado por Il Fatto Quotidiano mientras se manifestaba en Milán.
Las protestas, que comenzaron con la acampada de la Puerta del Sol (Madrid) y la revuelta de los estudiantes franceses (París, Marsella y otras ciudades), han llegado hasta nuestras puertas, alcanzando también Bolonia y Roma.
Y esto no ha gustado a algunos, empezando por el vicepresidente del Gobierno, Matteo Salvini, que intenta aprovechar la ola de protestas, nostálgico de su antiguo cargo al frente del Ministerio del Interior.
«Quien rompe, paga», afirma el responsable del Ministerio de Transportes, adelantando que presentará en el Parlamento una propuesta para establecer «una garantía financiera a cargo de los organizadores de manifestaciones de riesgo, destinada a cubrir los posibles daños».
Una idea poco original, que ya puso en práctica el Gobierno de Javier Milei mediante el protocolo antipiquetes aprobado en 2023.
También interviene la presidenta del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni, que asegura estar «del lado de las fuerzas del orden». Roberto Vannacci también intenta aprovechar la situación para ganar apoyos, aunque, pese a todos sus esfuerzos por remontar en las encuestas, sigue confinado en la jaula dorada de las imágenes generadas por inteligencia artificial y las redes sociales.
La condena de la violencia es unánime: tanto la ejercida por los manifestantes como la perpetrada por las fuerzas del orden. Si, por un lado, cada policía herido supone una herida para las instituciones democráticas, por otro, las tácticas empleadas y las provocaciones grabadas en vídeo no son dignas de las fuerzas policiales de países democráticos.
Es otro síntoma de una democracia agotada, que no puede, o no quiere, incorporar nuevas reivindicaciones al proceso representativo. Pero estas no desaparecen simplemente porque queden diluidas en el abstencionismo.
De hecho, todos miran el dedo —el sector violento de las manifestaciones— y no la luna: el aumento de la pobreza, que afecta a más de cinco millones de personas en Italia; el encarecimiento de la vivienda, la energía y otros bienes de primera necesidad; y otras cuestiones que quedan fuera de la agenda de un Gobierno que prioriza la carrera armamentística en detrimento de la sanidad, como confirma la reciente propuesta presupuestaria.
Otro argumento, difundido especialmente en relación con las protestas en Francia, tiene que ver con el supuesto origen islámico de las manifestaciones o, incluso, con el color de piel de quienes salen a las calles.
Inspirados por Donald Trump, que se habría quejado de que hay demasiado «islam» en Francia, algunos xenófobos de teclado intentan racializar a quienes se manifiestan, buscando así deslegitimar sus protestas.
«Cerrad las fronteras y recuperad el control antes de que sea demasiado tarde», fue la advertencia del presidente estadounidense, que atribuye —como siempre— a los inmigrantes la culpa de todos los males: «Llevan el odio en sus corazones, han destrozado Francia».
Llegados a este punto, observamos que el islam y el color de piel constituyen falsos problemas, útiles, en todo caso, para ocultar la verdadera ira de las élites reaccionarias, que ahora arremeten contra una sociedad a la que daban por muerta, pero que, de vez en cuando, tiene el valor de alzar la voz, salir a las calles y cuestionar la distribución del poder y de la riqueza, contraponiendo los privilegios de unos pocos a los derechos de todos.
Las democracias europeas llevan tiempo siendo objeto de ataques desde distintos frentes: desde el movimiento MAGA hasta Rusia Unida, desde el Partido Comunista Chino hasta el Likud. Europa es un campo de batalla entre influencias e injerencias extranjeras.
Lo hemos visto en Ceuta, lo vemos cada día en las redes sociales y en la conducta de los partidos financiados por Moscú, y lo veremos en el inevitable deterioro de las relaciones entre Washington y Bruselas.
La Europa actual encuentra en las protestas surgidas desde abajo el espíritu de unidad del que carece su titubeante clase dirigente, perdida en la procrastinación y capaz de hablar —por ejemplo— de política industrial únicamente en términos de rearme de los Estados nacionales.
Sería un error político tirar al niño junto con el agua sucia, es decir, desechar las reivindicaciones de justicia social y climática, de educación pública y accesible y de un futuro basado en la participación, dejándose llevar por las posturas exaltadas de quienes quieren «destrozarlo todo».
El gran desafío, hoy más que nunca, consiste en canalizar la rabia, ofrecer respuestas y hacer examen de conciencia.
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