Por Estefano Tamburrini
Varios periodistas también fueron agredidos frente al Congreso. Los manifestantes exigen ajustes salariales, bloqueados por las políticas de austeridad del Gobierno nacional. Las universidades: «Que se identifique a los infiltrados». Buenos Aires: «Que los delincuentes paguen los daños». ¿Y Milei? En Estados Unidos.
Octubre también está siendo un mes caliente en Buenos Aires. Los enfrentamientos del jueves frente al Congreso dejaron 31 detenidos, 8 agentes heridos y 550 personas afectadas por el uso masivo de camiones hidrantes, gases lacrimógenos y balas de goma por parte de las fuerzas de seguridad.
Varios periodistas también fueron agredidos, entre ellos Laura Quispe (Telesisa) y Guido Piotrkowski, ambos heridos por proyectiles de goma, así como Carla Ricciotti (LN+) y Charly Sjödin (C5N), atacados por individuos encapuchados.
Los enfrentamientos se produjeron durante la quinta marcha federal de las universidades públicas argentinas, en la que participaron 100.000 manifestantes que, bajo una lluvia torrencial, exigían la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Esta ley contempla la actualización automática de los fondos universitarios de acuerdo con la inflación, una medida bloqueada por las políticas de austeridad del Gobierno de Javier Milei.
Las razones de la marcha
Los manifestantes, convocados por el Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria Argentina y el Frente Sindical de Universidades Nacionales, también exigían aumentos salariales del 32 % para compensar la pérdida de poder adquisitivo.
Asimismo, reclamaban una modificación del insuficiente presupuesto universitario —menos de cinco millones de dólares para todo el país, según el artículo— y la derogación del Decreto 70/23 sobre desregulación, que ha provocado un aumento de los costes del transporte y del alquiler para los estudiantes que viven fuera de sus ciudades de origen.
Inflación, desempleo y pobreza en aumento
Sin embargo, detrás de las protestas universitarias se esconde un malestar mucho más amplio.
Según Paola Zuban, analista y directora de la consultora Zuban Córdoba, la población argentina también protesta contra «la pérdida de poder adquisitivo, la inflación —que sigue siendo un problema muy importante incluso hoy—, el desempleo o el propio miedo a perder el trabajo, además del endeudamiento de las familias».
También preocupan los datos sobre la pobreza urbana, que a finales de septiembre alcanzó el 32,3 % de la población residente en las ciudades, un incremento de 4,1 puntos porcentuales respecto al segundo semestre de 2025, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Los más afectados son los niños de entre 0 y 14 años, entre quienes la tasa de pobreza alcanza el 44,5 %.
También genera preocupación la indigencia infantil, que se sitúa en el 10,8 %.
El debate sobre los responsables de la violencia
Según diversas reconstrucciones de los hechos, los enfrentamientos habrían sido provocados por unas 30 personas con el rostro cubierto, cuya identidad sigue siendo desconocida para los organizadores.
La respuesta de las fuerzas de seguridad fue inmediata y, según el artículo, igualmente desproporcionada.
«Está claro que se trató de una operación organizada por pequeños grupos ajenos al movimiento estudiantil», explica a ilFattoQuotidiano.it Piero Ghezzi, representante del Consejo Interuniversitario Nacional.
«Querían deslegitimar una manifestación histórica, pacífica y democrática en defensa de la educación pública».
El rector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, también condenó los incidentes:
«Pedimos a la Justicia que identifique y castigue a los responsables de los disturbios, que no tienen nada que ver con la comunidad universitaria».
Sin embargo, el Gobierno nacional niega la presencia de infiltrados.
«Quienes atacaron el Parlamento y a la policía son criminales y delincuentes. La violencia no es un derecho. Y la Justicia actuará con firmeza», advirtió la secretaria de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva.
Criminalizar a quienes protestan
Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habla de 60.000 dólares estadounidenses en daños materiales, cuyo coste pretende atribuir a los organizadores.
Según fuentes consultadas por ilFatto.it, el objetivo sería debilitar a las organizaciones sindicales y disuadir futuras manifestaciones.
En cuanto a los 31 detenidos, se barajan posibles acusaciones por delitos como «resistencia a la autoridad, lesiones y daños agravados».
Todo ello se fundamenta en el Protocolo Antipiquetes (Resolución 943/2023), que prohíbe «obstaculizar la circulación de personas y vehículos» y establece que los organizadores de las manifestaciones deben asumir «los costes de los posibles operativos» desplegados por las autoridades, además de afrontar los gastos correspondientes a la «reparación de daños».
Enfrentamiento entre los poderes del Estado
Pero las universidades no dan marcha atrás.
Al día siguiente de la manifestación se registraron ocupaciones y asambleas en diferentes universidades del país, con el objetivo de elaborar un calendario de futuras movilizaciones.
A estas iniciativas se suman las huelgas ya programadas en la Universidad de Buenos Aires, donde las facultades de Ciencias Económicas, Odontología y otras suspenderán sus actividades de manera escalonada entre el 19 y el 22 de octubre, en protesta contra las medidas restrictivas de Milei.
Sin embargo, el enfrentamiento no se limita a las calles, sino que también se desarrolla entre los distintos poderes del Estado.
El juez federal Martín Cormick había impuesto una multa diaria de 100.000 pesos argentinos a Diego Santilli, jefe de Gabinete de Milei, por incumplir una medida judicial urgente relacionada con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario en materia de actualización salarial.
Posteriormente, la medida fue suspendida por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, tras un recurso presentado por los abogados del Ministerio de Capital Humano.
Mientras tanto, Milei estaba en Estados Unidos
Y mientras las protestas se extendían por Argentina, Javier Milei se encontraba en Estados Unidos, muy lejos de su país.
Una situación que, según el artículo, ya se había producido cuando estallaron otras polémicas, entre ellas los casos Libra$ y Adorni.
En esta ocasión, Milei asistió a un evento de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, donde recibió el reconocimiento de «Campeón de la Libre Empresa», después de defender con firmeza sus políticas económicas.
«Las sociedades no se suicidan», afirmó, mostrándose convencido de su reelección en 2027.
Y añadió:
«Además, con los resultados que estamos mostrando, confío en que el próximo año los argentinos podremos validar en las urnas este modelo».
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