El Banco Occidental de Descuento (BOD) sigue sin responder a ahorristas tras liquidación de filiales offshore y sospechas de posible lavado

El Banco Occidental de Descuento (BOD) sigue sin responder a ahorristas tras liquidación de filiales offshore y sospechas de posible lavado

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La mañana del pasado jueves 28 de octubre, al menos 20 ahorristas del grupo Financiero Banco Occidental de Descuento (BOD) se encadenaron a la sede principal de la entidad bancaria en Maracaibo, estado Zulia, para exigir el pago de sus ahorros en divisas. La manifestación pacífica que fue disuelta por la policía trae al ruedo el historial de irregularidades que arrastra la institución financiera, ya que son al menos 16 000 familias venezolanas que se han visto afectadas y que denuncian que fueron «estafados» por la directiva del BOD, entre los años 2012 y 2015, mediante la modalidad de subastas para clientes especiales que permitían adquirir dólares de manera legal y tenerlos a través de unos certificados.

La historia de intervención y regulaciones al banco BOD inició el 13 de septiembre de 2019, cuando la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban) informó sobre la aplicación de la intervención administrativa de la entidad como una medida para garantizar la «protección» de miles de sus ahorristas y decisiones similares contra filiales del grupo en Panamá y Curazao.

En ese entonces, Sudeban indicó que la medida sería aplicada por 120 días hábiles bancarios y que era «prorrogable». La intervención prohíbe al BOD realizar nuevas inversiones, decretar pago de dividendos, ceder o traspasar inmuebles y abrir nuevas oficinas en el exterior. Además, designó a un grupo de funcionarios que tenían «poder de veto en la junta directiva todos los comités y con acceso pleno a todas las áreas administrativas del banco».

Tras darse a conocer el proceso de intervención, el presidente del Grupo BOD, Víctor Vargas negó que se tratara de una intervención y aseveró que solo era una medida administrativa.

«El BOD no está intervenido, está operando normalmente (…), el BOD está en pleno funcionamiento, dirigido por su presidente, por su junta directiva y por sus ejecutivos, funcionando normalmente. No tiene medida de intervención de ninguna naturaleza», aseguró. «La decisión del regulador -Sudeban- es normal y tiene por finalidad supervisar a la institución ante la presunción de irregularidades que no existen», enfatizó.

Sobre las limitaciones impuestas al BOD dijo que son específicas y «no tienen mayor incidencia en el funcionamiento del banco. Son medidas que van más por el librito que otra cosa, pero que no afectan absolutamente en nada el funcionamiento normal del banco».

 

Pero bastante ha llovido desde entonces, y el pasado 8 de octubre, Sudeban informó sobre la aprobación de la segunda prórroga de las medidas administrativas sobre el BOD por 120 días más.

En general, la nueva disposición contenida en la Gaceta Oficial N° 41.980, del pasado 6 de octubre, establece las mismas restricciones que se disponían en la medida original: realizar nuevas inversiones, decretar pago de dividendos, captar fondos a plazos, abrir nuevas oficinas en el país o en el exterior, adquirir acciones o participaciones en el capital social de instituciones bancarias constituidas o por constituirse en el exterior.

También el BOD tiene prohibido adquirir, ceder, traspasar o permutar inmuebles, así como la generación de gastos por concepto de remodelaciones a los propios o alquilados y liberar sin autorización de la Superintendencia provisiones específicas y genéricas.

Es decir, que han pasado dos años y todavía los ahorristas desconocen qué pasó con dicha entidad y cuál fue el impacto en la salud financiera del BOD.

Sudeban explicó que la medida fue prorrogada porque el banco «no presentó un Plan de Recuperación viable y acorde a su situación financiera», a pesar de las «múltiples prórrogas para su cumplimiento», ni atendió completamente las recomendaciones sobre la gestión de la cartera de créditos, ya que el BOD alegó poseer «una sólida condición financiera». Al tiempo que destacó que «persisten deficiencias» en la propuesta de capitalización presentada por la entidad, a la par de detectar otros incumplimientos administrativos.

El lunes 8 de octubre se cumplieron seis meses desde que las autoridades bancarias aprobaron la liquidación del Banco del Orinoco NV, filial del venezolano Banco Occidental de Descuento (BOD). El 8 de mayo el grupo financiero BOD difundió una nota de prensa en la que destacó que “una vez que ha sido comprobada la solvencia del Banco del Orinoco NV, se llegó a un acuerdo de liquidación conjunta y controlada y los 1.900 acreedores y clientes serán llamados para informarles de las condiciones del proceso de liquidación y el procedimiento para resolver cada caso”.

El tribunal de Curazao encargó la liquidación del Banco del Orinoco, «el acuerdo de liquidación entre los accionistas y los acreedores del Banco ha sido finalizado y va a ser firmado en el mes de julio”.

Igualmente, subraya que el proceso de regularización y pago de acreedores estaba «programado» para que demorara menos de 90 días hábiles en instrumentarse y ejecutarse. Por tanto, esto significaba una buena noticia para los ahorristas venezolanos, quienes podrían acceder «de forma inmediata» al 100% de sus sus fondos.

Sin embargo, las recientes protestas de los ahorristas sugieren que esto no se ha cumplido.

 

De acuerdo a lo dispuesto en su página web, en el mes de octubre -no se precisa fecha- BOD Banco Universal cumplió 65 años de «presencia sólida y constante» en Venezuela.

El 26 de julio 1957 BOD inicia sus actividades en la calle Comercio, en pleno centro de la ciudad de Maracaibo. Mientras que en 1994, sus acciones fueron adquiridas por la Cartera de Inversiones de Venezuela. Seis años más tarde (2000), el BOD inició su expansión al fusionarse con el Banco Noroco y Valencia Entidad de Ahorro y Préstamo, que originó Norvalbank, entidad financiera perteneciente al grupo BOD. Dos años más tardes, se fusionan Norvalbank, Banco de Monagas y el Fondo de Activos Líquidos BOD. «Este es el paso más grande que da el banco al constituirse como Banco Universal».

Las medidas de intervención tienen su origen en las regulaciones de Estados Unidos sobre presunto lavado de dinero y la exigencia de datos sobre procedencia de los fondos de los clientes de diversos bancos que operan en Venezuela y se extienden a otros territorios internacionales.

La Resolución N° 051.19 de fecha 10 de octubre de 2019, atiende a la detección del incumplimiento de las normas que regulan la materia bancaria contempladas en el «Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario» y a la Resolución 119.10, relativa a la administración y fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de legitimación de capitales, y de cara a los procesos regulatorios en otros países que mantienen entidades bancarias pertenecientes al Grupo Financiero BOD.

Un comunicado de Sudeban suscribe que dichas acciones administrativas «son el resultado de una inspección general realizada al Banco Occidental de Descuento al área de prevención contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo donde se evidenció la presencia de clientes que están calificados de riesgo alto». Adicionalmente, la Sudeban determinó que posee empresas vinculadas y clientes que mantienen relaciones comerciales con países en jurisdicciones y/o zonas geográficas consideradas también de «riesgo alto».

El Informe sobre la Estrategia Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de los Estados Unidos (INCSR), volumen 2 sobre blanqueo de dinero, incluye a San Martin, Curazao y Aruba en una lista de países del Caribe y América Central como “Jurisdicciones Principales de Blanqueo de Dinero” para el año 2018.

Fue justamente este informe lo que generó que corresponsales bancarios internacionales dejaran de prestar servicios en estas jurisdicciones para evitar que sus entidades fueran sancionadas o que no les permitieran seguir operando con bancos en EE .UU. y Europa. Dichas medidas afectaron especialmente a Puerto Rico donde, de 80 bancos existentes, 16 están en manos de venezolanos. «Gran parte de la cartera de clientes no podía explicar el origen de los fondos», explicó Víctor Manuel García Hidalgo, consultor financiero, director de CECA Consultores a El Estímulo.

«Los efectos de las regulaciones que se iniciaron en Puerto Rico se extendieron a Curazao, San Martín y Aruba, entre otros bancos de ultramar en la zona del Caribe. Por eso, los bancos de inversión comienzan a ser auditados y a ser seguidos con lupa” en lo que destaca la vigilancia a los capitales venezolanos».

En palabras de García Hidaldo no hay duda de que el mayor volumen de estos capitales proviene de las contrataciones del gobierno de Venezuela en la importación de alimentos, de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y otros negocios vinculados a la gestión pública.

Pero no solo se trata de ahorristas con fondos de dudosa procedencia El BOD también tenía una gran cantidad de clientes con montos modestos: desde 5 000 dólares. Además, también se han visto afectados decenas de ahorristas que invirtieron en participaciones de bonos venezolanos de la deuda, cuyos intereses y capital comenzaron a dejar de pagarse como consecuencia de la situación económica del país y el default (impago de deuda pública).

Los clientes estaban en la obligación de explicar -en detalle- el origen de sus fondos, y de esto dependía de que las entidades bancarias pudieran movilizar o transferir los activos de los clientes. En el caso particular del Banco Orinoco NV -filial del BOD en Curazao-, algunos clientes comenzaron a sentir los efectos del aislamiento internacional y las presiones que ejercen los corresponsales sobre la isla. No podían retirar ni transferir su dinero por las regulaciones.

Fue esto lo que generó las denuncias de fraude hacia el BOD en redes sociales y medios de comunicación. En respuesta, Vargas Irausquín declaró en rueda de prensa (12 de septiembre de 2019) que, por esa incapacidad operativa de corresponsalía bancaria, fue que el Grupo Financiero BOD, el de 3 de septiembre en Asamblea General de Accionistas del Banco del Orinoco N.V, decidió la liquidación voluntaria y acordó “Restaurar las posiciones de los Clientes en la Empresa en un plazo de sesenta (60) días, en especie o en efectivo, debido de la situación actual con los bancos corresponsales”.

Pero el Banco Central de Curazao y San Martín se adelantó. Decidió ir a un tribunal y solicitó una medida de emergencia para tomar el control del banco. Al parecer, la decisión fue rápida y en menos de dos horas, el tribunal declaró la “bancarrota”.

En consecuencia, el BDO argumentó que esa decisión del alto tribunal “se realizó sin previo aviso a los accionistas, sin participación de los ahorristas y sin presentación de prueba alguna por parte del Central Bank of Curacao y Sint Maarten (CBCS)” y se nombraron fiduciarios dos personas ligadas a la firma de abogados VanEps Kunnema, que es la misma que representa al Banco Central de Curazao en ese juicio.

El Grupo BOD en un comunicado fechado 4 de octubre de 2019, días antes del juicio sumario, ya afirmaba en una denuncia que el Centrale Bank of Curacao y Sint Maarten (CBCS) de forma «ilegal e ilegítima, gastó todo el dinero efectivo que se encontraba en las cuentas del Banco del Orinoco NV y que ascendía a más de 55 millones de dólares, pagando facturas de firmas de abogados y asesores entre los que presuntamente se encuentra la firma VanEps Kunneman».

Según el comunicado, ese dinero estaba destinado a los salarios y gastos operativos del banco. Días después, el Centrale Bank of Curacao y Sint Maarten (CBCS) se reunió con trabajadores del Banco y les informó que no había dinero para salarios.

El lunes 7 de octubre de 2019, el Grupo Financiero BOD presentó una solicitud de Arbitraje Internacional argumentando que el Banco Central de Curazao estaba “apoderándose de manera fraudulenta e ilegal de los activos que pertenecen al Grupo Financiero BOD, sus accionistas y sus clientes, basado en el tratado de protección de inversiones entre Venezuela y el Reino de Holanda que prevé el arbitraje como un mecanismo para solución de este tipo de conflictos”.

En su informe, el Grupo financiero BOD describía la situación como “una tormenta perfecta” que aprovechaba “la controversia con el Centrale Bank of Curacao y Sint Maarten (CBCS); la imposibilidad que tenía el Banco del Orinoco NV de atender a los clientes por falta de corresponsalías; y las restricciones impuestas por el sistema financiero en la jurisdicción”.

La legislatura electa en 2015 inició una averiguación al BOD en 2020. El entonces diputado José Prat dijo en una entrevista concedida a esta redacción que durante dicha operación llevada a cabo en BOD se lavó dinero de grandes empresas como las contratistas brasileñas Odebrecht y Andrade Gutiérrez. Afirmó que tiene en su poder los números de cuenta y los montos depositados. También explicó que en esa misma entidad bancaria depositó el Banco del Alba, cuyo socio es el Estado venezolano. Ahí hay bonos de Pdvsa, Soberano, Pdvsa 2020-2022 y Venezuela Global entre otros.

«Lo primero es nombrar la comisión, generar la investigación y posteriormente el informe. Sabemos que a lo interno no hay instituciones, pero esta investigación se llevará a instancias internacionales para ver cómo podemos resarcir a los ahorristas en esos países, ver la forma en que puedan recuperar esos ahorros. Cabe destacar que son pequeños y medianos ahorristas que no tenían cantidades mayúsculas en dólares. Hablamos de 2.000, 5.000 o 10 000 dólares, pero estos ahorristas confiaron en el BOD y fueron captados para abrir estas cuentas en el exterior y ahora nadie responde», dijo José Prat, quien evitó emitir juicios de valor sobre las actuaciones del banquero Víctor Vargas

«Víctor Vargas es el presidente del BOD, su gestión no la conozco, pero tras las acusaciones realizadas nos corresponde investigar. A priori, no podría decir nada sobre él, pero hay investigaciones sobre algunos temas irregulares, hay denuncias y esto debe ser investigado».

La casa matriz del BOD en Venezuela y según el último reporte de la Sudeban fechado en julio, se encuentra en el ranking de los cinco bancos privados con mayor activo por cuotas de mercado en el siguiente orden: Provincial, con cuota de mercado del 4,54%, seguido de Mercantil, con 4,8%; Banesco, con 3,52%; Banco Nacional de Crédito, con 3,48%; BOD, con 2,39%, y Bancamiga, con 1,71%. La cuota total de mercado de estos cinco bancos es de 19,71%.


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