General (r) Juan Carlos Buitrago Arias
El próximo 7 de agosto, Colombia inicia un nuevo capítulo con la posesión de Abelardo de la Espriella. Más allá de las promesas de campaña, el país recibe a la nueva administración con un problema estructural que no ha cedido en las últimas décadas y que exige continuidad técnica y decisión política: el contrabando, que le cuesta al Estado cerca de 8 billones de pesos al año, según cifras de la Dian.
Es importante reconocer lo que funciona y debe permanecer. La política de aranceles inteligentes y las medidas antidumping han demostrado ser herramientas efectivas para cerrar la brecha de precios que alimenta el contrabando técnico. La estimación anual de distorsión que realiza la Dian constituye el único mapeo sistemático del fenómeno y debe fortalecerse con mayor periodicidad y desagregación sectorial. Igualmente, unidades como la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales de la Fiscalía y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa-Dian) han acumulado capacidad técnica que sería un error desmontar por razones políticas. Las mesas de trabajo público-privadas, en sectores como calzado, textiles, cigarrillos y licores, han probado ser un canal legítimo de inteligencia que el nuevo Gobierno debería institucionalizar, no reinventar.
Dicho esto, hay tareas pendientes que no admiten más demora. La primera es tecnológica: la perfilación de riesgo aduanero, que en 2025 apenas alcanzaba una tasa de efectividad cercana al 25%, sigue dependiendo en exceso de la inspección aleatoria. Invertir en analítica avanzada e inteligencia artificial para la selectividad permitiría concentrar los recursos de fiscalización donde realmente hay riesgo, en lugar de dispersarlos en revisiones de bajo impacto.
La segunda tarea es institucional. Durante el gobierno saliente, varios cargos sensibles para la lucha contra el contrabando fueron objeto de manejo político antes que técnico, debilitando la continuidad de procesos de largo aliento. El nuevo Gobierno debe romper ese patrón: los perfiles al frente de la Dian, la Policía Fiscal y Aduanera y las direcciones de inteligencia deben responder a criterios de idoneidad y estabilidad, no a cuotas burocráticas.
La tercera tarea es la lucha frontal contra la corrupción institucional y portuaria, verdadero talón de Aquiles del sistema. Terminales como Buenaventura y Cartagena siguen operando con brechas de control no intrusivo y débil verificación de antecedentes en cargos críticos, condiciones que facilitan la infiltración criminal en la cadena logística. Fortalecer la escanografía, blindar la selección de funcionarios aduaneros y portuarios, y crear canales de denuncia protegidos no son medidas accesorias: son la base sin la cual cualquier fiscalización seguirá siendo vulnerable por dentro.
La cuarta es la articulación operativa contra las estructuras criminales que sostienen el contrabando. No basta con decomisar mercancía; hay que golpear el andamiaje financiero y las cadenas de mando que lo conectan con el lavado de activos y, en no pocos casos, con economías criminales mayores como el narcotráfico, pues ambos operan bajo la misma lógica de negocio ilícito.
Finalmente, Colombia no puede seguir aislada en esta lucha. El distanciamiento reciente con Estados Unidos y con Ecuador -socios naturales en cooperación aduanera e inteligencia- fue un retroceso que no puede repetirse, pues la porosidad de las fronteras es, por definición, un problema regional. El nuevo Gobierno debe recomponer esos canales y proyectar a Colombia como un socio confiable en los foros hemisféricos sobre economías ilícitas.
El contrabando no es un delito menor ni un problema exclusivamente fiscal: es una vía de financiamiento para estructuras criminales y una amenaza directa a la formalidad económica del país. El nuevo gobierno tiene una base técnica sobre la cual construir, pero un plazo corto para demostrar que esta lucha será, esta vez, una política de Estado y no una bandera de coyuntura.
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