El Gobierno Nacional avanza en varios frentes para recuperar la seguridad, la confianza de los colombianos y de la comunidad internacional. A la designación del general Zuluaga al frente de la DNI y de la magistrada Lombana en la Secretaría de Transparencia al frente del Bloque Anticorrupción, se suma ahora el anuncio del ministro del Interior de radicar ante el Congreso el Estatuto Antiterrorista, cuyo articulado habría sido visto con buenos ojos por parte de la oficina contra el crimen y las drogas de Naciones Unidas Unodc y la Embajada de USA.
No se trata, como lo han planteado voceros del Pacto Histórico, de una estrategia para criminalizar la protesta social ni para buscar la reelección. Tampoco es válido el argumento de que privilegiar las medidas de fuerza necesariamente genera más violencia. Se trata de acudir, con determinación y dentro del marco constitucional y legal, a las capacidades que se fueron debilitando.
Existen hoy condiciones de liderazgo, transparencia y respaldo internacional, además de un gabinete con experiencia, que pueden darle viabilidad al Estatuto. Por eso conviene apoyarlo y contribuir a su discusión y aprobación. Colombia ha enfrentado por más de seis décadas el flagelo del narcoterrorismo con millones de víctimas. Tiene el derecho y el deber de agotar los instrumentos a su alcance para superarlo.
Tampoco se trata de reeditar el Estatuto de Seguridad del pasado, ni de crear un bloque para perseguir objetivos de alto valor con un enfoque táctico. Lo que se plantea es una Ley Estatutaria con visión integral, que incorpora instrumentos jurídicos, administrativos, financieros y de política criminal y seguridad, recogiendo experiencias exitosas de otros países como la Lista de Organizaciones Terroristas, el uso de tecnologías de última generación y el endurecimiento de medidas intramurales en las cárceles.
La creación de la figura del Alto Comisionado contra el Terrorismo es una propuesta novedosa. Es deseable que funcione y que no repita la experiencia de otros altos comisionados y zares que se han anunciado otrora, sin resultados. Para ello requiere atribuciones claras, capacidad de articulación real y accionable y dientes, evitando la superposición de funciones.
Una ley integral, efectiva y sostenible antiterrorista, debe sobrepasar, el excesivo garantismo de nuestra legislación. La confrontación es asimétrica, la protesta se torna criminal y suele ser instrumentalizada por estructuras terroristas.
En buena hora llega el Estatuto Antiterrorista. Demandará habilidad del Ejecutivo para construir mayorías en el Congreso. Habrá oposición sin piedad del Pacto Histórico, como ya lo anunciaron el expresidente Petro y el senador Cepeda. No es momento para un Estado débil a la hora de enfrentar una amenaza prolongada para la nación, por lo que se requiere sea aprobada sin vacilaciones.
Un elemento relevante del proyecto son las sanciones previstas para personas o empresas que mantengan vínculos comerciales o contractuales con individuos y organizaciones incluidas en la lista de terroristas, en línea con prácticas de Estados Unidos, Naciones Unidas y la Unión Europea. Esta medida contribuirá en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, de acuerdo con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, Gafi. En esa dirección, valdría la pena que el proyecto se fortalezca incluyendo herramientas novedosas para enfrentar las economías criminales, como la puesta en marcha de un mecanismo tipo Gafi-Colombia en cabeza de la Uiaf y la Fiscalía General, articulando otros actores, el que hoy no existe.
Será crucial, el compromiso de todo el gabinete, del sector empresarial y de la sociedad civil, y en particular del Ministerio de Defensa con sus Fuerzas Militares y Policía Nacional, de la DNI, la Fiscalía y la Uiaf. No solo para asegurar que sus iniciativas queden incluidas durante el trámite legislativo, sino para garantizar su desarrollo y puesta en marcha.
La lucha contra el terrorismo no se libra únicamente desde el papel, ni desde el escritorio. Requiere integración del Estado y que los actores competentes trabajen en la misma dirección, con urgencia y diligencia en momentos de turbulencia y desde el territorio. El protagonismo y las rivalidades institucionales afectan seriamente la confianza, la armonía y la efectividad en iniciativas tan relevantes para la democracia. Los tentáculos de la hidra deben cauterizarse, cortarlos no es suficiente.
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