Colombia debe superar la retórica sobre la hoja de coca y actuar sobre el eslabón que sostiene el negocio, el cultivo ilícito. Su uso ancestral, medicinal o industrial existe, pero en el país es marginal frente al aprovechamiento criminal. Las organizaciones narcotraficantes expanden las plantaciones, desvían la materia prima hacia laboratorios clandestinos y financian estructuras armadas. Sin hoja de coca no hay cocaína. Por eso, la erradicación efectiva no es un asunto accesorio: es el punto de partida de cualquier política seria contra el narcotráfico.
La discusión internacional sobre drogas suele reciclar diagnósticos sin resultados. Anuncios de coaliciones, cumbres y nuevas rutas han producido más declaraciones que acciones. Desde 2012, cuando en Cartagena se proclamó una hoja de ruta regional, el balance es el mismo: documentos, discursos y baja capacidad operativa. Mientras tanto, las mafias conservaron rutas, territorios, rentas y capacidad de intimidación.
La erradicación manual forzosa es valiente, pero tácticamente insuficiente. Entre 2018 y 2022 se erradicaron 391.947 hectáreas y, aun así, los cultivos pasaron de 209.000 a 234.000 hectáreas. El problema es operacional: un erradicador arranca cerca de tres hectáreas por día en zonas minadas, mientras la resiembra ocurre en semanas. El costo humano es alto: decenas de integrantes de la Fuerza Pública han muerto o han resultado heridos por minas, emboscadas y ataques asociados a la protección del negocio ilícito.
La sustitución voluntaria tampoco ha generado resultados proporcionales. Más de 100.000 familias quedaron vinculadas a subsidios con baja verificación, cumplimiento irregular y casos de resiembra. En 2024 solo se sustituyeron voluntariamente 2.711 hectáreas frente a 262.000 sembradas: menos del 1 %. El incentivo económico favorece al narcotráfico. Mientras el Estado ofrece asistencia limitada y condicionada, las redes criminales pagan en efectivo por mantener la siembra.
La industrialización legal de la hoja de coca tampoco compensa la escala del problema. Colombia no compite en condiciones sostenibles con mercados regulados de Norteamérica y Europa. Además, la materia prima se desvía con facilidad hacia economías ilegales, donde el pago es inmediato, el control estatal es débil y la rentabilidad es mayor. Hoy las 262.000 hectáreas sembradas alimentan finanzas criminales, terrorismo, corrupción local y una producción potencial superior a 3.000 toneladas de cocaína.
En ese contexto, el piloto de aspersión con glufosinato de amonio sobre 1.000 hectáreas, durante siete días y con aeronave tripulada, no es un capricho. Es una necesidad operacional. Busca una alternativa técnica al glifosato y una vía jurídica para superar el bloqueo existente. También reduce la exposición de soldados y policías que hoy ingresan a pie en áreas minadas, bajo amenaza de francotiradores, emboscadas y drones usados por estructuras narcoterroristas.
La aspersión aérea no es una solución única ni definitiva. Debe integrarse con inteligencia, interdicción, control territorial, judicialización, sustitución verificable y presencia institucional. Pero excluirla por cálculo político o temor discursivo debilita al Estado y fortalece a los violentos. Fumigar exige controles técnicos, ambientales y jurídicos estrictos.
No fumigar tiene un costo mayor, más coca, más cocaína, más rentas criminales, más poder territorial para las mafias y más violencia contra Colombia.
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