El ‘combustible’ silencioso del crimen organizado que amenaza la seguridad de la región, según dos exjefes de inteligencia

Durante años, la economía informal ha sido analizada desde una perspectiva tributaria o laboral. Sin embargo, detrás de los vendedores ambulantes, el comercio sin facturación y las transacciones en efectivo, se esconde un fenómeno que, según dos exaltos funcionarios de seguridad de Argentina y Colombia, representa una amenaza mucho más profunda: el fortalecimiento del crimen organizado y el debilitamiento progresivo del Estado.

Esa es la principal conclusión del artículo “La depredación silenciosa: crimen organizado, economía informal y el vaciamiento del Estado”, escrito por Ricardo José Ferrer Picado, exdirector nacional de Inteligencia Criminal de Argentina, y el brigadier general (r) Juan Carlos Buitrago Arias, exdirector de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), quienes sostienen que las organizaciones criminales dejaron de utilizar la informalidad únicamente como un espacio para ocultarse y la transformaron en la infraestructura desde donde financian, expanden y consolidan sus operaciones.

Los autores advierten que allí donde el Estado pierde capacidad de regulación, control o presencia institucional, las estructuras criminales llenan ese vacío. Ya no se trata únicamente del narcotráfico. El contrabando, la minería ilegal, la falsificación de mercancías, el lavado de activos, las redes de préstamos extorsivos conocidas como “gota a gota” y el comercio ilegal encuentran en la economía informal un ecosistema ideal para mover recursos sin dejar rastro y construir redes de protección social y política.

Para Ferrer y Buitrago, el riesgo va mucho más allá del impacto económico. Plantean que estas organizaciones comienzan a ejercer funciones que tradicionalmente corresponden al Estado: prestan dinero, imponen normas, ofrecen seguridad ilegal, resuelven conflictos mediante la violencia y terminan convirtiéndose en una autoridad de facto en numerosos territorios.

Uno de los aspectos que más llaman la atención del análisis es la advertencia sobre el lavado de activos. Los articulistas sostienen que el enorme volumen de transacciones en efectivo que caracteriza a buena parte de la economía informal facilita que recursos provenientes del narcotráfico, el contrabando y otras actividades ilícitas ingresen posteriormente a los circuitos legales, dificultando su detección por parte de las autoridades.

El documento también recoge experiencias vividas por ambos autores durante su paso por organismos de seguridad. Buitrago recuerda cómo, al frente de la Polfa en Colombia, enfrentó redes de contrabando que habían construido un verdadero sistema paralelo de corrupción, mediante pagos millonarios para garantizar el ingreso ilegal de mercancías y comprar funcionarios encargados de combatir esas estructuras. Ferrer, por su parte, expone el caso argentino y cómo las economías ilegales terminaron alimentando la violencia que golpeó durante años a Rosario, fenómeno que comenzó a revertirse únicamente cuando las autoridades atacaron simultáneamente las organizaciones criminales y las fuentes de financiación que las sostenían.

En esa lógica, ambos autores advierten sobre lo que denominan los “capitales corrosivos”, es decir, recursos económicos de origen ilícito o provenientes de regímenes autoritarios que no buscan competir dentro del mercado sino influir sobre las instituciones, comprar decisiones públicas y debilitar progresivamente la capacidad del Estado para ejercer control sobre el territorio.

El análisis identifica tres consecuencias que terminan retroalimentándose. La primera es la dependencia de comunidades enteras hacia las economías ilegales, ante la ausencia de oportunidades legales. La segunda corresponde al debilitamiento fiscal e institucional provocado por la evasión, la corrupción y la pérdida de recursos públicos. La tercera es el reclutamiento de jóvenes que encuentran en las organizaciones criminales una de las pocas alternativas de ingreso económico en contextos de alta informalidad.

Dentro de ese panorama, Ferrer y Buitrago dedican un apartado especial a la extorsión, al considerar que constituye la expresión más visible de la sustitución del Estado. Sostienen que cuando una organización criminal cobra dinero a comerciantes o transportadores por permitirles trabajar, en realidad está ejerciendo una forma paralela de tributación y trasladando parte de la soberanía estatal hacia estructuras ilegales.

Los autores también advierten que la expansión de estas economías ilegales termina golpeando directamente al sector productivo formal. El ingreso de mercancías de contrabando, la falsificación y la competencia desleal desplazan a empresas que cumplen obligaciones tributarias y laborales, reducen la base de recaudo y generan un círculo que empuja a más actores hacia la informalidad.

Frente a ese escenario, el documento propone diferenciar claramente la informalidad derivada de la necesidad económica de aquella utilizada deliberadamente por las organizaciones criminales. Mientras la primera requiere incentivos para facilitar la formalización y el acceso al crédito, la segunda, afirman, demanda una persecución penal focalizada sobre las finanzas ilícitas, el fortalecimiento de la inteligencia financiera, una mayor coordinación entre autoridades tributarias, aduaneras y policiales, además de una cooperación regional que permita enfrentar delitos que hoy operan sin respetar fronteras.

Como conclusión, Ferrer Picado y Buitrago Arias plantean que recuperar los espacios ocupados por la economía criminal ya no constituye únicamente una política económica o fiscal, sino una prioridad en materia de seguridad nacional. A su juicio, cada mercado ilegal, cada red de contrabando y cada circuito de lavado de activos que permanece intacto representa una porción de soberanía que el Estado termina cediendo al crimen organizado.