Por Estefano Tamburrini
El secretario de Guerra estadounidense hace escala en Caracas, Bogotá, Quito y Tegucigalpa. Su objetivo es reforzar la presencia militar en la región mediante un Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA) con el Gobierno de Rodríguez y la consolidación del Escudo de las Américas en los demás países.
Su consigna: «Debemos matar al enemigo, a las organizaciones terroristas». Sin embargo, las rutas del narcotráfico permanecen intactas.
Tras librarse de un proceso de destitución (impeachment), el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha aterrizado por sorpresa en América Latina, con visitas inesperadas a Caracas, Bogotá, Quito y Tegucigalpa.
Su misión consiste en reforzar el control sobre el llamado «patio trasero» de Estados Unidos mediante la consolidación de los mercados energéticos, la cooperación militar y la lucha contra el narcotráfico.
Esta última supone un gasto aproximado de 5.000 millones de dólares para el Departamento de Guerra, sin que, sin embargo, haya logrado alterar significativamente el mercado de las drogas: durante el último año, 2.500 toneladas métricas de cocaína pura, procedentes en su mayoría de Ecuador, y cinco toneladas de fentanilo provenientes de México han cruzado las fronteras estadounidenses.
Venezuela: un protectorado estadounidense
Hegseth aterrizó a las 9:00 de la mañana, hora local, en la rampa 4 del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Venezuela, rehabilitado tras el terremoto.
Viajaba a bordo de un Boeing C-32A de la Fuerza Aérea estadounidense, con matrícula 98-001, y fue recibido en el Palacio de Miraflores por la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez.
También estuvo presente el empresario e intermediario Alejandro Betancourt, principal accionista de la compañía North American Blue Energy Partners (NABEP), con la que Estados Unidos ha firmado un acuerdo centenario sobre el 21 % de las reservas petroleras venezolanas, equivalentes a 65.000 millones de barriles.
Caracas y Washington también han suscrito un acuerdo de cooperación técnico-militar, con vistas a establecer un Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA), todavía en fase de redacción, destinado a facilitar la presencia militar estadounidense en el país sudamericano.
«Venezuela ha pasado de ser una amenaza regional agresiva a convertirse en un socio colaborador en materia de seguridad», declaró Hegseth, evocando la operación contra Maduro ejecutada el 3 de enero por la CIA.
Esta operación fue cuestionada el pasado 9 de noviembre por el congresista republicano Thomas Massie, quien acusa a Hegseth de haber «abusado de su cargo» bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, «poniendo en riesgo las vidas del personal militar estadounidense».
Rodríguez restó importancia a este episodio y afirmó que, más allá de los «momentos difíciles» atravesados por ambos países, el acuerdo militar «representa una extraordinaria oportunidad de cooperación y beneficio mutuo».
Guerrillas al mando
Actualmente, Venezuela es escenario de enfrentamientos entre bandas locales y facciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las antiguas FARC colombianas, que se disputan el control del oro y las tierras raras en el estado Bolívar.
En esta Venezuela alineada con Estados Unidos, el ELN mantiene secuestradas a dos ciudadanas colombianas: la subteniente María Camila Pantoja Hernández y Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribia.
El Gobierno colombiano ha solicitado la mediación estadounidense para conseguir su liberación.
De ahí la visita relámpago de Hegseth a Bogotá, donde mantuvo conversaciones privadas sobre este asunto, mientras que públicamente entregaba un avión Hércules C-130 a las Fuerzas Armadas colombianas y reiteraba su apoyo al controvertido plan de choque de Abelardo de la Espriella, que, según el artículo, no ha dado los resultados esperados.
«La idea aquí es actuar de manera contundente», reivindicó el secretario. «Matar al enemigo, a las organizaciones terroristas designadas que han destruido estos países».
En otras intervenciones, Hegseth calificó a las guerrillas como «objetivos legítimos», es decir, «organizaciones terroristas», equiparándolas al Estado Islámico o Al Qaeda.
Ecuador y Honduras: modelos que deben revisarse
El modelo ya se ha aplicado en Ecuador, tercera parada del viaje, prevista para el jueves, donde los militares estadounidenses operan pese a la prohibición constitucional explícita de la intervención de fuerzas extranjeras en el país.
Participan en bombardeos y otros ataques letales contra organizaciones criminales, aunque sin ofrecer resultados tangibles.
El 62 % del territorio nacional se ve afectado por la violencia y el flujo de cocaína se mantiene en unas 1.800 toneladas métricas anuales.
Fuentes estadounidenses reconocen que es necesario replantear completamente la estrategia, mientras se aceleran las operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental (Joint Task Force – Western Hemisphere), anunciada ya en agosto y con competencias tanto marítimas como terrestres.
Este plan también incluye a Honduras, última escala de la gira, país miembro fundador del Escudo de las Américas y gobernado por el aliado estadounidense Nasry Asfura.
Honduras alberga la base militar estadounidense de Soto Cano/Palmerola, la más importante de América Central, y constituye el principal punto de tránsito del 80 % de la cocaína producida en Sudamérica con destino a Estados Unidos.
Se trata de una paradoja ya señalada por el analista político Alberto Maresca, para quien el Escudo de las Américas «se parece más a un club político que a un mecanismo integral de seguridad» y resulta «incapaz de combatir los factores que alimentan el narcotráfico, como la pobreza, la debilidad de las instituciones y la insaciable demanda de drogas en Estados Unidos».



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