Diversos sectores advierten que Meeks, demócrata de mayor rango y candidato natural para presidir la poderosa Comisión de Asuntos Exteriores en la Cámara de Estados Unidos, sería un peligro para Colombia. Según In These Times, colaboró en 2020 con políticos ligados al terrorismo paramilitar, lo que agravó la violencia contra defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas y gentes humildes.
En un artículo publicado originalmente por la revista estadounidense In These Times, los periodistas Sarah Lazare y Maurizio Guerrero examinaron el historial comercial y diplomático del representante demócrata por Nueva York Gregory Meeks, aspirante respaldado por el aparato partidario para presidir la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, en reemplazo de Eliot Engel.
El reportaje detalla el respaldo sostenido de Meeks a los acuerdos de libre comercio —desde el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA) hasta el Acuerdo Transpacífico (TPP)— y analiza el grave impacto negativo que su defensa del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Colombia tuvo sobre líderes sindicales, movimientos sociales y comunidades afrocolombianas.
De acuerdo con Lazare y Guerrero, Meeks defendió en repetidas ocasiones pactos comerciales que chocaron con la postura de amplios sectores de su propio partido y que enfrentaron el rechazo de sindicatos, grupos ecologistas y organizaciones de consumidores. Quienes critican estos tratados sostienen que amplían el poder de las corporaciones multinacionales y debilitan las normas laborales y ambientales. Lori Wallach, directora de Global Trade Watch en Public Citizen, señaló a In These Times que el legislador votó de manera constante en favor de los intereses empresariales y en contra de los sindicatos, los consumidores y los ambientalistas. El ascenso de Meeks amenaza con reavivar las divisiones internas sobre la política comercial del partido.
Un respaldo firme al TLC con Colombia
Firmado en 2006, bajo la presidencia de George W. Bush y ratificado por el Congreso estadounidense en 2011 durante el gobierno de Barack Obama, el TLC con Colombia despertó fuertes resistencias. Durante los ocho años de gestión del presidente ultraderechista Álvaro Uribe (2002-2010), 528 sindicalistas fueron asesinados, un dato que convirtió a Colombia en uno de los países más peligrosos del mundo para la defensa de los derechos laborales.
Organizaciones como el Proceso de Comunidades Negras (PCN) también alertaron que el acuerdo impulsaría proyectos extractivos y de infraestructura capaces de provocar desplazamientos forzados, despojos de tierras e inseguridad alimentaria entre las poblaciones afrodescendientes, como efectivamente sucedió.
Lazare y Guerrero documentan que Meeks se convirtió en uno de los defensores más decididos del tratado en Washington. En 2009 cofundó un grupo parlamentario sobre Colombia para estrechar los lazos políticos, económicos y de seguridad entre ambos países, y en 2011 presionó por su pronta aprobación bajo el argumento de que la demora restaba cuota de mercado a las empresas estadounidenses. También participó en iniciativas del Instituto Republicano Internacional (IRI) para promover el pacto ante el Grupo Negro del Congreso y actuó como enlace entre legisladores estadounidenses y funcionarios del gobierno de Uribe.
Ya en 2005, Meeks había elogiado la segunda fase del Plan Pacífico, un programa que concentraba inversiones en el litoral Pacífico —de mayoría afrocolombiana e indígena— y que los movimientos locales rechazaron por sus riesgos ambientales y territoriales. Dos años más tarde, en una audiencia de la Comisión de Asuntos Exteriores, minimizó los cuestionamientos sobre abusos de derechos humanos bajo el mandato de Uribe, pese a las denuncias contra el exjefe de inteligencia por presunta entrega de nombres de sindicalistas a grupos paramilitares. En un acto con la diáspora colombiana en Nueva York en 2007, Meeks calificó al hoy condenado Uribe como uno de los mejores aliados de Estados Unidos y pidió corresponder su cooperación en seguridad y lucha antidrogas con la aprobación del TLC.
Para amplios sectores de la sociedad colombiana, esa visión omitía graves hechos ocurridos durante aquel periodo. Informes de organizaciones como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) documentaron espionaje, sabotaje y amenazas de la agencia de inteligencia DAS contra periodistas, defensores de derechos humanos, opositores y jueces. Asimismo, el escándalo de la “parapolítica”, iniciado en 2006, llevó a investigaciones y condenas contra más de sesenta congresistas y políticos vinculados a escuadrones paramilitares de derecha, entre ellos Mario Uribe, primo del expresidente, mientras que el caso de lesa humanidad conocido como “falsos positivos” expuso ejecuciones de civiles —muchos menores de edad— presentados falsamente como bajas en combate. El sacerdote y defensor de derechos humanos Sterlin Londoño explicó a In These Times que en el departamento del Chocó la expansión de la palma africana coincidió con desplazamientos forzados ejecutados por grupos terroristas del paramilitarismo.
Frente a la oposición afrocolombiana al tratado, Uribe creó a finales de 2007 la Comisión para el Avance de la Población Afrocolombiana. Public Citizen observó que el organismo reunió sobre todo a simpatizantes del mandatario y defensores del TLC, un respaldo que luego invocaron Bush, Uribe y el propio Meeks. Marino Córdoba, fundador de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), cuestionó en 2008 esa estrategia por restar peso a las organizaciones comunitarias de base, postura que compartió Londoño al señalar que los verdaderos voceros residen en los territorios y no en delegaciones afines al poder.
Alianzas cuestionadas y disputas políticas
El reportaje de Sarah Lazare y Maurizio Guerrero también examina los vínculos de Meeks con dirigentes políticos del Chocó que más tarde enfrentaron condenas por sus nexos con el paramilitarismo. En 2005, su oficina anunció un encuentro con líderes afrocolombianos que incluyó a Edgar Ulises Torres, entonces vicepresidente de la Cámara de Representantes de Colombia. En julio de 2011, Torres fue condenado por concierto para delinquir agravado tras una investigación sobre el jefe paramilitar Freddy Rendón, alias ‘el Alemán’, quien declaró haber financiado campañas de Torres y haberle entregado 10.000 dólares para viajar a Washington en 2009 a la toma de posesión de Obama, invitación extendida por Meeks, según reportes de prensa.
De igual modo, el texto menciona a Odín Sánchez, exconcejal de Quibdó y congresista, quien integró delegaciones vinculadas a gestiones en Washington y recibió capacitación en 2008 a través del Instituto Republicano Internacional (IRI). En 2011, Sánchez fue condenado junto con Torres por promover grupos armados ilegales, en concreto las terroristas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Informes de la Fundación Paz y Reconciliación y del medio VerdadAbierta.com describen el peso de los clanes políticos regionales en el Chocó y el impacto de la violencia paramilitar sobre comunidades negras e indígenas que resistieron el despojo de sus tierras. Aunque no existe constancia de que Meeks conociera esos delitos y su oficina no respondió a las solicitudes de comentario, defensores como Danilo Rueda lamentaron que sus relaciones con figuras como Torres y Sánchez empañaran su trayectoria en la región.
Abelardo De la Espriella, actual presidente de Colombia, ha tenido nexos con las AUC desde su fundación y sus miembros principales, todos ellos narcotraficantes y terroristas del paramilitarismo.
Según relatan Lazare y Guerrero, activistas y defensores de derechos humanos percibieron que el protagonismo de Meeks desplazó a las organizaciones sociales que alertaban sobre las consecuencias del TLC. Charo Mina-Rojas, integrante del PCN, recordó que en las oficinas del Congreso estadounidense solía surgir la pregunta sobre la postura de Meeks en asuntos afrocolombianos, lo que limitaba el margen de interlocución de quienes se oponían al acuerdo. El exanalista de WOLA Anthony Dest sostuvo que el legislador frenó parte del impulso de los movimientos sociales colombianos y de los grupos solidarios en Estados Unidos.
Pese a estas críticas, el peso político de Meeks en su distrito y en los círculos de influencia de Washington se mantuvo sólido. Su perfil favorable al sector corporativo quedó reflejado en las cifras de financiación electoral citadas por los autores: durante el ciclo de 2020, el 88% de los aportes de comités de acción política (PAC) que recibió provino de PAC empresariales y apenas el 8% de PAC sindicales, muy por debajo del promedio de los demócratas neoyorquinos en la Cámara. Sus principales donantes figuraban ligados a firmas financieras y corporativas como KKR & Co., Blackstone Group, New York Life Insurance, Nasdaq Inc. y Rock Holdings, y en 2009 organizó un acto de recaudación en la sede de la firma cabildera Glover Park Group, contratada por el gobierno colombiano para impulsar el TLC.
La disputa por la presidencia de la Comisión de Asuntos Exteriores —en la que también compitieron Brad Sherman y Joaquín Castro— puso en primer plano estas diferencias. Mientras sectores progresistas se inclinaron por Castro en materia de política exterior, activistas consultados por In These Times expresaron su preocupación ante la posibilidad de que Meeks, al frente de la comisión, replicara en otras regiones del mundo alianzas con sectores conservadores y una defensa irrestricta del libre comercio sin atender las denuncias sobre violaciones a derechos humanos.



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