El acuerdo petrolero suscrito entre el Gobierno de Donald Trump y North American Blue Energy Partners (NABEP), la empresa controlada por el venezolano Alejandro Betancourt, establece condiciones favorables para sus accionistas y para Estados Unidos, pero no incluye una obligación contractual expresa que garantice los 200.000 millones de dólares en impuestos y regalías que, según la Casa Blanca, recibiría Venezuela durante los próximos 25 años
El acuerdo petrolero suscrito entre el Gobierno de Donald Trump y North American Blue Energy Partners (NABEP), la empresa controlada por el venezolano Alejandro Betancourt, establece condiciones favorables para sus accionistas y para Estados Unidos, pero no incluye una obligación contractual expresa que garantice los 200.000 millones de dólares en impuestos y regalías que, según la Casa Blanca, recibiría Venezuela durante los próximos 25 años.
Así lo revela una investigación publicada el 20 de octubre por ProPublica, cuyos periodistas examinaron un acuerdo de asociación estratégica de 18 páginas y documentación complementaria. El pacto fue firmado por los secretarios estadounidenses de Estado, Marco Rubio, y de Defensa, Pete Hegseth, junto con Betancourt y Orlando José Alvarado Moreno, representante de la sociedad matriz de NABEP, registrada en Barbados.
Alvarado es un antiguo colaborador de Betancourt. Cuentas Claras Digital ha documentado sus vínculos con Derwick Associates, donde fue vicepresidente de Finanzas, y con sociedades relacionadas con negocios petroleros y financieros, entre ellas Gazprombank Latin America Ventures. En 2019, una investigación del Miami Herald lo identificaba como el denominado «Conspirador 4» en el caso de presunto lavado de 1.200 millones de dólares procedentes de PDVSA denominado, Money Flight, por su participación en operaciones destinadas a justificar movimientos de fondos.
El contrato concede al Gobierno estadounidense derechos para adquirir el 35 % de la sociedad matriz de NABEP y comprar el 20 % de su producción petrolera a un precio de 30 dólares por barril, sin incluir determinados costos de los diluyentes utilizados para facilitar el transporte del crudo pesado venezolano. También le otorga prioridad para adquirir el resto de la producción durante cincuenta años y la posibilidad de comprarla en su totalidad si declara una emergencia nacional.
La participación accionarial estadounidense se instrumentará mediante derechos de adquisición de acciones (warrants) a un centavo de dólar por título, sin desembolso inicial. Su ejecución está sujeta a documentos adicionales y condiciones de cierre, por lo que todavía no puede darse por concretada la incorporación efectiva del Pentágono al capital de la compañía.
Protección contractual para Betancourt
Según ProPublica, el acuerdo establece una estructura de gobierno corporativo que dificulta la destitución de Alejandro Betancourt como director ejecutivo de NABEP y limita la posibilidad de que futuras administraciones modifiquen determinadas condiciones del negocio.
La junta directiva estará integrada por siete miembros, con mayoría de ciudadanos estadounidenses y un observador designado por Washington, sin derecho a voto. Para destituir a Betancourt se necesitará el respaldo de cinco de los siete consejeros, la misma mayoría reforzada exigida para modificar la composición de la junta y aprobar determinadas operaciones con accionistas.
La estructura inicial de gobierno corporativo se mantendrá durante quince años y no contempla la presencia obligatoria de representantes del Estado venezolano, pese a que las operaciones se desarrollan sobre recursos petroleros del país.
Otro aspecto relevante es la identidad de los propietarios de NABEP. Su sociedad matriz está constituida en Barbados, jurisdicción cuya legislación dificulta el acceso público a la información sobre determinados accionistas y beneficiarios económicos. El documento examinado por ProPublica no identifica a todos los inversores que participan en el negocio.
Beneficios definidos para los socios, ingresos inciertos para Venezuela
La investigación destaca el contraste entre las ventajas económicas y societarias expresamente reconocidas a Estados Unidos y a los accionistas privados y la ausencia de una garantía equivalente sobre los ingresos prometidos a Venezuela.
La Casa Blanca había presentado el acuerdo como una operación capaz de generar 200.000 millones de dólares en impuestos y regalías durante 25 años. Sin embargo, ProPublica no encontró en los documentos examinados una disposición que obligue a NABEP a asegurar ese monto.
El pacto establece, además, que los conflictos entre NABEP y el Gobierno estadounidense se resolverán conforme a la legislación de Estados Unidos, ante un tribunal federal de Texas.
La empresa deberá mantener controles contra el blanqueo de capitales, someterse a auditorías externas y entregar información financiera a las autoridades estadounidenses. No obstante, el contrato no exige que esos documentos sean publicados.
En septiembre, Marco Rubio defendió públicamente la elección de NABEP, a la que describió como la mayor empresa petrolera privada venezolana con capacidad para aumentar la producción. También aseguró que Estados Unidos supervisa los ingresos petroleros mediante la firma auditora KPMG y que el proyecto permitirá efectuar pagos a un futuro Gobierno electo de Venezuela.
Los interrogantes sobre un negocio estratégico
Las revelaciones de ProPublica añaden nuevos elementos a las controversias que rodean la participación de Alejandro Betancourt en el nuevo esquema petrolero entre Washington y Caracas.
El empresario ha sido objeto de investigaciones por presunto blanqueo de capitales en Europa, mientras que legisladores estadounidenses han solicitado explicaciones sobre los términos del acuerdo, las facultades del Pentágono para participar en una empresa privada y los mecanismos previstos para prevenir conflictos de intereses.
La documentación examinada por ProPublica permite conocer las garantías otorgadas a los socios privados, los derechos comerciales concedidos a Washington y las restricciones establecidas para modificar el control de NABEP. Sin embargo, permanecen sin esclarecer la identidad de todos sus beneficiarios finales, el alcance de los compromisos de financiación y las obligaciones económicas concretas asumidas frente a Venezuela.
La diferencia es sustancial: mientras el acuerdo precisa cómo se protegerán los intereses empresariales y estratégicos de sus participantes, los 200.000 millones de dólares anunciados como beneficio para Venezuela continúan siendo una proyección gubernamental, no una suma garantizada por el contrato examinado.
Precisa el alcance de la participación estadounidense
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