Economista cuestiona legalidad de contrato para reestructurar deuda venezolana

Rodríguez sostuvo en una publicación en redes sociales que el artículo 150 de la Constitución venezolana exige aprobación legislativa para determinados contratos de interés público nacional celebrados con empresas extranjeras. A su juicio, el mandato otorgado a Centerview, que estaría relacionado con la reorganización de unos 240.000 millones de dólares en pasivos, entraría en esa categoría.

El economista también cuestionó la cifra de deuda utilizada para la operación y señaló que las condiciones de la asesoría podrían tener consecuencias de largo plazo para las finanzas públicas. Por ello, pidió a los diputados de oposición promover un debate parlamentario, solicitar la comparecencia de representantes del Ejecutivo y de la firma y examinar las condiciones del contrato.

Rodríguez afirmó que el Parlamento debería utilizar sus espacios institucionales para exigir mayor transparencia sobre el manejo de los recursos públicos y, si concluye que el acuerdo perjudica los intereses del país, considerar negar la autorización constitucional.