MADRID — Un tribunal español ordenó a Petróleos de Venezuela S.A. identificar a los responsables de varios informes utilizados para sustentar una querella y entregar los documentos internos que sirvieron de base para examinar miles de operaciones de compra, según actuaciones judiciales aportadas a la causa.
La orden fue dictada el 17 de noviembre de 2020 por el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, dentro de las diligencias previas 38/2017. La magistrada María Tardón requirió a PDVSA que identificara a los autores materiales de tres documentos de su querella y aportara los formularios de recomendación de compras y las aprobaciones del Comité de Operaciones correspondientes a los procesos analizados.
El requerimiento había sido solicitado por la defensa de Javier Ochoa Alvarado, expresidente de Bariven, filial de compras de PDVSA. Un escrito de la Fiscalía fechado el 9 de octubre de 2020 respaldó la práctica de esas diligencias.
La defensa sostuvo que los documentos centrales de la acusación eran cuadros de datos y cifras que no identificaban a sus autores. Según su escrito, uno de ellos examinaba 2.562 contratos, otro analizaba la participación de empresas vinculadas a Roberto Rincón y Abraham Shiera en 79 expedientes, y un tercero desarrollaba nueve casos utilizados como ejemplos.
PDVSA respondió al tribunal el 2 de diciembre de 2020. La compañía informó que los documentos habían sido elaborados por un equipo de auditores forenses de Berkowitz Pollack Brant Advisors, a partir de información entregada por PDVSA, fuentes públicas y, en uno de los informes, declaraciones realizadas por Rincón y Shiera en un proceso judicial en Estados Unidos.
La respuesta indicó que el equipo estuvo dirigido por Robert C. Aldir y que los auditores fueron contratados por la oficina de Miami de Squire Patton Boggs, firma que representaba internacionalmente los intereses de PDVSA. El despacho decidió presentar los resultados mediante cuadros y esquemas explicativos, según el escrito. PDVSA afirmó también que entregaba en una memoria USB la documentación utilizada para el trabajo forense.
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El expediente muestra que la controversia no se limita a quién preparó los informes. También abarca los niveles de autorización, la secuencia de firmas y la intervención concreta de Ochoa Alvarado en los procesos de contratación.
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Una copia de un formulario de recomendación de compra de 2012 refleja una operación para adquirir bombas por 17,3 millones de dólares a Tradequip Services & Marine Inc. El monto representaba un incremento de 76,25% respecto de la estimación inicial de 9,8 millones. El documento contiene varias firmas y una rúbrica atribuida a Ochoa Alvarado, cuya defensa cuestionó dentro del procedimiento.
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