Fiscalía venezolana investiga a empresario vinculado al Grupo Hammer, según reportes

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CARACAS, Venezuela — El empresario Austin Alfonzo Piñate Romero, presidente del Grupo Hammer, es señalado en publicaciones difundidas en redes sociales y portales digitales como objeto de una investigación penal por presuntos delitos económicos, incluidos fraude, estafa, legitimación de capitales e irregularidades tributarias.

De acuerdo con esos reportes, el Ministerio Público, en coordinación con la División de Investigación Penal de la Policía Nacional Bolivariana, habría abierto un expediente relacionado con operaciones financieras del conglomerado empresarial, dedicado al sector de lubricantes y repuestos automotrices.

Las publicaciones señalan que el comisario general Wladimir Rodríguez Cordero habría emitido tres boletas de citación dirigidas a Piñate Romero para que compareciera ante una sede policial en Maripérez, Caracas. Los documentos citados por los reportes habrían sido firmados entre enero y febrero de 2026 y estarían vinculados a un expediente iniciado tras denuncias de inversionistas y reportes del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria.

No fue posible verificar de forma independiente, a partir de las capturas disponibles, la autenticidad de los documentos mencionados ni la existencia formal del expediente. Tampoco se observa en el material un pronunciamiento público del Ministerio Público, la PNB, el Seniat, Piñate Romero o representantes legales del Grupo Hammer.

Los reportes indican que las autoridades buscarían determinar la procedencia de fondos utilizados por el grupo empresarial durante su expansión reciente en el mercado nacional. También mencionan posibles medidas cautelares, entre ellas congelamiento de activos y prohibición de salida del país, aunque no presentan confirmación oficial de que tales medidas hayan sido solicitadas o aprobadas.

Otras publicaciones vinculan a Piñate Romero con presuntas operaciones de lavado de dinero en el estado Portuguesa y con relaciones comerciales cercanas a actores políticos regionales. Esas versiones también incluyen denuncias de exempleados por supuestas irregularidades laborales, pagos pendientes y liquidaciones calculadas por debajo de lo correspondiente.

Las acusaciones han circulado principalmente en cuentas de redes sociales, medios locales y portales opositores. Hasta ahora, según el material revisado, el caso permanece en el terreno de las denuncias públicas y los reportes no verificados.

La ausencia de una confirmación oficial deja sin respuesta aspectos centrales del caso: si existe una investigación penal en curso, cuál es el alcance de las pruebas recaudadas, si Piñate Romero ha sido formalmente imputado y si el Grupo Hammer ha sido notificado por las autoridades.

Mientras tanto, las publicaciones han intensificado el escrutinio sobre el conglomerado y sobre el manejo de recursos en empresas privadas vinculadas al comercio automotriz en Venezuela.




 

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