Por Salvador Pimentel Roja
Cómo las redes de lavado de dinero, las empresas privadas y el comercio internacional sostienen los conflictos modernos mucho después de que se dispara el primer misil
Hay una ingenuidad disculpable al ciudadano común, imperdonable al jurista, que consiste en creer que las guerras terminan cuando se firma el armisticio. Nada más lejos de la realidad financiera. La guerra contemporánea no es un fenómeno militar con apéndices económicos, sino un fenómeno económico con apéndices militares, y esa arquitectura, una vez construida, rara vez se desmonta. Simplemente cambia de cliente. Ahí viene el peligro…
Quienes hemos pasado años rastreando estructuras societarias, y especial las de los venezolanos como Alex Saab, sabemos lo difícil que resulta llegar a los beneficiarios finales del flujo de capital. Además de que atraviesan media docena de países para perder el rastro, pueden terminar siendo parte de las “Joyas de la Familia Zapatero” o aterrizar en una cuenta aparentemente inocua.
Aquí participa no solo la infraestructura paralela sino contratistas militares, intermediarios financieros, logística marítima y las populares empresas pantalla para activar en cascada mecanismos de evasión de sanciones.
Operan con tanta eficiencia que cualquier ministerio de hacienda envidiaría. Esa infraestructura no nace de la guerra; la guerra simplemente le da una nueva razón de ser, un flujo de caja y una pátina de legitimidad que después resulta extraordinariamente difícil de remover.
Durante décadas, el discurso dominante presentó los conflictos armados como rupturas del orden económico normal, anomalías que el mercado usualmente tolera hasta que la paz inminente, restablece la normalidad. La evidencia ha desmentido esa narrativa ya que la guerra no interrumpe los mercados financieros sino que los reconfigura creando nuevos nichos.
La demanda sostenida de transporte, seguros, intermediación financiera y suministro energético solo puede satisfacerse en estructuras ilegales. Por ejemplo, aun anunciada la paz en Irán, el Estrecho de Ormuz seguirá siendo un peaje marítimo muy rentable, cambiará de manos pero seguirá siendo un negocio aunque pase a economía sumergida.
El resultado de estas cadenas de lavado para la guerra, es una industria con sus propios proveedores, sus propias cadenas de suministro, y, lo más inquietante; sus propios sistemas de reciclaje de capitales… Una vez que el conflicto original ha perdido vigencia mediática la cadena está en funcionamiento y dispuesta a buscar nuevas tareas.
El GAFI ha insistido en que “el comercio internacional sigue siendo uno de los vectores más eficaces para mover valor entre jurisdicciones sin levantar las alarmas que activaría una transferencia bancaria convencional.” La sobrefacturación, la subfacturación, las mercancías fantasma y los conocimientos de embarque duplicados, aun siendo técnicas elementales de legitimación de capitales, siguen siendo asombrosamente efectivos cuando se aplican a escala industrial y se combinan con redes de transporte marítimo de difícil trazabilidad.
Asi se manejó el esquema CLAP y PDVSA-Cripto. Es aquí cuando se conecta con las llamadas “flotas fantasma” que se definen como petroleros de propiedad opaca, registrados bajo banderas de conveniencia, que transportan crudo sancionado, mediante transferencias en alta mar, apagado de sistemas de identificación y cambios constantes de nombre y bandera.
Aunque la actualidad apunta sobre todo a Rusia e Irán, éste tema de petróleo bachaqueado es conocido por los venezolanos, de hecho, se han confiscado barcos como el caso del M/T Skipper (ex-Adisa) el 10 de diciembre de 2025.
El problema no es solo de los Estados, organizaciones irregulares también tienen sus propios barcos bachaqueros. Otro caso reciente fue en el Canal de la Mancha. fuerzas británicas interceptaron un petrolero señalado como parte de la flota fantasma rusa, y el ministro de Exteriores ucraniano lo resumió con elocuencia “cada buque detenido es menos financiación para la maquinaria bélica rusa.” La frase encierra una verdad incómoda: el petróleo convertido en divisas es, en términos prácticos, munición.
El día después: cuando la guerra termina pero la estructura permanece. ¿Se entiende ahora con más claridad por qué el problema de mayor gravedad es que esa misma infraestructura puede terminar financiando al terrorismo? Eso es, precisamente, lo que ocurre el día después, cuando la guerra termina, la estructura está diseñada para mover armas y dinero sucio, asi que permanece y puede ser munición terrorista.
Las estructuras financieras creadas —o adaptadas— para sostener un conflicto armado o una situación jurídica compleja como las sanciones internacionales, no desaparecen cuando el conflicto pierde intensidad o cambian los liderazgos que lo sostenían, quedan ahí, operativas, probadas, con sus rutas marítimas conocidas, sus empresas pantalla registradas, sus cuentas corresponsales abiertas y sus operadores —abogados, contadores, capitanes de barco, gestores de patrimonio— dispuestos a seguir trabajando para nuevos clientes. No se fijan en el beneficiario final (UBO), no aplican compliance ni tienen ética corporativa, poco les importa si lo que mueven es terrorismo, narcóticos o armas, hacen el trabajo, y son buenos en eso, porque ya lo hicieron para países enteros y conservan mucho poder y muchas protecciones.
Hace apenas unas semanas, OFAC eliminó las sanciones sobre varios buques petroleros venezolanos señalados por esquemas de cambio de bandera, falsificación de identidad corporativa y maniobras de navegación deliberadamente opacas. Se trata de la misma estructura marítima de la que vengo hablando. No debo preguntarme si las estructuras financieras entorno a esos buques cambiarán de propósito, sino ¿cuándo y para quién?.
Esa es, precisamente, la lección que la criminología financiera lleva décadas tratando de inculcar sin demasiado éxito; las redes de evasión no son leales a una causa ni a un régimen, son leales al dinero y lo que importa es su propia rentabilidad operativa. Un entramado naviero/bancario diseñado para mover petróleo venezolano puede, sin demasiada dificultad técnica, mover oro de minería ilegal, químicos para narcotráfico o dinero en efectivo. La infraestructura es actualizable a nuevos propósitos.
¿Puede el Derecho Internacional continuar tratando la financiación de los conflictos armados como un daño colateral, o debe evolucionar hacia un régimen de responsabilidad que alcance directamente a quienes diseñan, operan o se benefician de esta infraestructura? La pregunta no es retórica ni académica. Es verdad que el derecho penal internacional ha desarrollado, con enorme esfuerzo, doctrinas de responsabilidad para quienes financian o facilitan el narcotráfico, terrorismo o crímenes de guerra, lo que también es verdad es que hay inmunidad casi total por la dificultad probatoria y la fragmentación jurisdiccional donde operan, lo que sumado a los contactos poderosos crean, de facto, un escudo criminal.
Ha llegado el momento de que el Derecho Internacional deje de perseguir únicamente el origen ilícito de los fondos y comience a perseguir, con la misma determinación, las infraestructuras financieras que sostienen los conflictos.
Las guerras terminan, pero las estructuras financieras simplemente cambian de membrete, mientras el derecho siga mirando hacia el frente de batalla y no hacia la sala de juntas, seguiremos ganando guerras en los titulares y perdiéndolas, silenciosamente, en los libros contables.
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