Un libro reciente trata las sanciones económicas como una herramienta de intervención benevolente, un argumento justificado por una serie de errores analíticos flagrantes.
Venezuela es quizá uno de los casos más interesantes y relevantes en los que podemos estudiar el impacto de las sanciones económicas sobre las condiciones de vida. Las sanciones impuestas por Estados Unidos desde 2017 tuvieron como objetivo la industria petrolera del país, obligándola finalmente a vender los pocos barriles que podía producir a China con un gran descuento. Estas son el tipo de sanciones que normalmente se esperaría que generaran importantes efectos económicos en una economía abrumadoramente dependiente del petróleo.
Sin embargo, está claro que las sanciones no fueron la única causa de la dramática contracción económica de Venezuela. En la década anterior a las sanciones, Venezuela gestionó mal uno de los mayores auges petroleros de los que haya disfrutado cualquier país de la región, y su vulnerabilidad ante la caída de los precios del petróleo y ante las sanciones estuvo claramente afectada por esa mala gestión.
Sopesar estos dos factores —la mala gestión y las sanciones— es difícil, y análisis razonables pueden llegar a conclusiones distintas. Sin embargo, un libro reciente llevó su argumento un paso más allá, presentando las sanciones como una herramienta de intervención benevolente y atribuyendo toda la crisis exclusivamente a las acciones del gobierno venezolano. Al hacerlo, sus autores cometieron una serie de errores analíticos: calcular mal indicadores clave, hacer afirmaciones que no están respaldadas por sus datos y escoger un marco analítico que ignora características estructurales básicas de la economía venezolana. Corregir estos errores invalida la afirmación central de los autores.
A contracorriente
From Collective Punishment to Constraints on Authority: Rethinking the Impact of US Sanctions on Venezuela es un libro breve y reciente publicado por Miguel Ángel Santos, José Morales-Arilla y Zinedine Partipilo Cornielles. Los autores afirman que utilizan “métodos empíricos rigurosos” para demostrar que la mayor parte de la contracción económica de Venezuela y del deterioro de los indicadores de bienestar ocurrió antes de la imposición de sanciones, sin indicios de daño adicional atribuible a ellas posteriormente. Además, sostienen que las sanciones deberían conceptualizarse principalmente como intervenciones benignas que impusieron restricciones a la autoridad del gobierno de Nicolás Maduro para oprimir a la población.
Si esos hallazgos fueran ciertos, tendrían importantes implicaciones para la literatura sobre sanciones. Hasta la fecha, existe un consenso casi unánime en que las sanciones tienen fuertes efectos adversos sobre las condiciones de vida en los países objetivo. En una revisión reciente encontré que, de 53 estudios cuantitativos publicados y revisados por pares sobre los efectos de las sanciones, 52 encontraron efectos negativos, uno encontró efectos ambiguos y ninguno encontró efectos positivos.
Ese no es el caso. Por el contrario, como muestro en una serie de documentos de trabajo recientes, el trabajo de Santos y sus coautores contiene varios errores analíticos graves que invalidan sus hallazgos.
Leer mal los números
Aunque los autores hacen una serie de afirmaciones, su argumento sobre los cambios en el producto interno bruto —PIB— del país antes y después de las sanciones es una parte crucial de su argumento más amplio. También se basa en una lectura fundamentalmente equivocada de los datos.
Santos y sus coautores afirman que el 52 por ciento de la caída del PIB de Venezuela ocurrió antes de la imposición de las sanciones. Llegan a esta cifra calculando la caída del PIB entre 2013 y 2017 —el año en que se impusieron las primeras sanciones económicas— y dividiéndola por la caída total del PIB entre 2013 y 2023. Esto es incorrecto. Si se quiere calcular la proporción de la caída que ocurrió antes de las sanciones, se debe calcular la caída hasta el año anterior a la imposición de las sanciones —2016—, no hasta el año en que se impusieron —2017—. Corregir este error arroja una proporción de caída del PIB de 35,6% ocurrida antes de la imposición de las sanciones.
Además, Santos y sus coautores afirman que la tasa de caída del PIB no se aceleró después de la imposición de las sanciones. Esto es sencillamente falso: el crecimiento económico de Venezuela pasó de -6,7 por ciento en los cuatro años anteriores a la imposición de las sanciones a -23,5 por ciento en los primeros cuatro años durante los cuales Venezuela estuvo bajo sanciones.
¿Por qué Santos y sus coautores hicieron una afirmación contradicha por los datos? Al parecer, nunca calcularon las tasas porcentuales de caída. En cambio, basaron sus afirmaciones en la inspección visual de un gráfico que mostraba la trayectoria del PIB y que parecía aproximadamente lineal alrededor de los años de las sanciones.
Pero un gráfico lineal es engañoso para responder esa pregunta, porque la tasa de caída varía significativamente en distintos puntos de la línea. El hecho de que la pendiente sea constante no significa que la tasa de contracción no se deterioró. Significa exactamente lo contrario.
Pensemos en un ejemplo sencillo. Si el PIB cae de 100 a 90, eso es una caída del 10 por ciento. Si cae de 10 a 0, eso es una caída del 100%. Pero ambas son caídas de 10, y si se grafican en una serie lineal, ambas muestran la misma pendiente.
En otras palabras, pendientes constantes en una función decreciente no implican tasas iguales de contracción: implican tasas crecientes de contracción. Por eso los macroeconomistas usan logaritmos para estudiar tendencias de series temporales: la pendiente de una línea logarítmica mide la tasa proporcional de cambio.
En una publicación posterior, Santos y sus coautores afirmaron que, aunque el crecimiento había empeorado después de las sanciones, la tasa de aceleración de la caída al menos se había estancado. Pero eso es lo que ocurre con cualquier economía que toca fondo. Si Venezuela hubiera seguido contrayéndose a tasas aceleradas, habría desaparecido.
Dejar fuera el petróleo
Santos y sus coautores utilizan estas afirmaciones problemáticas para argumentar que las sanciones no pueden explicar la mayor parte del colapso de Venezuela. Pero no son solo las afirmaciones fácticas las que están equivocadas: es todo el marco analítico, que ignora el determinante más importante de las condiciones económicas venezolanas: los ingresos petroleros.
La economía de Venezuela depende en gran medida de los ingresos petroleros y tiende a ir bien cuando los precios del petróleo son altos y mal cuando son bajos. Por lo tanto, si los precios del petróleo comenzaron a subir justo cuando se impusieron las sanciones, entonces habría sido razonable esperar que la economía comenzara a recuperarse —o al menos se estabilizara— si no se hubieran impuesto sanciones.
No podemos inferir el efecto de las sanciones únicamente a partir del cambio en la tasa de aceleración del PIB, porque hay dos cosas ocurriendo al mismo tiempo: se están imponiendo sanciones, lo cual es malo para la economía, y los precios del petróleo están aumentando, lo cual es bueno para la economía.
Esto no es solo un ejemplo. Es una descripción exacta de lo que ocurrió en Venezuela durante este período. El precio de un barril de petróleo venezolano cayó de 103 dólares a 36 dólares entre 2012 y 2016. Esta enorme caída, combinada con el hecho de que Hugo Chávez había gestionado mal el auge petrolero y no había dejado a la economía con suficientes ahorros para resistir un shock petrolero negativo, fue claramente la causa próxima principal de la contracción económica de Venezuela entre 2012 y 2016.
Pero entre 2016 y 2022, los precios del petróleo subieron de 36 a 79 dólares. El verdadero enigma es entonces por qué, pese a una duplicación aproximada de los precios del petróleo, la economía venezolana no se recuperó ni se estabilizó después de 2016, sino que continuó cayendo a una tasa creciente.
¿Qué tienen que decir Santos y sus coautores sobre la recuperación de los precios del petróleo? Nada. Esta es quizá la omisión más flagrante de su trabajo. Ignorar el papel del petróleo en la economía venezolana implica desestimar casi un siglo de escritos de economistas y pensadores venezolanos. Es una forma de lo que los economistas llaman sesgo por variable omitida, con el problema de que la variable omitida es una de las más importantes para entender las condiciones económicas del país.
Desrestringir las restricciones
En última instancia, hay una profunda tensión en el argumento principal de los autores. Para descontar el efecto de las sanciones financieras de 2017, sostienen que estas tuvieron un “alcance relativamente limitado” y que en realidad no afectaron el acceso del gobierno al financiamiento, ya que Venezuela ya había sido excluida de los mercados financieros internacionales en el momento en que se impusieron.
Pero supongamos que aceptáramos su argumento al pie de la letra. Entonces, si las sanciones de 2017 fueron esencialmente simbólicas y no vinculantes para el gobierno, ¿cómo podrían funcionar como “restricciones a la autoridad”?
En la base del concepto económico de una restricción está la idea de que afecta las opciones disponibles para el agente que está siendo restringido. Si una restricción no es vinculante, entonces no puede cambiar el comportamiento.
Santos y sus coautores están argumentando que las sanciones no afectaron el conjunto de opciones del gobierno, mientras que simultáneamente les atribuyen haber forzado grandes reformas de política. Pero no pueden tenerlo de ambas maneras. Si van a argumentar que las sanciones no eran vinculantes y no dañaron la economía, no pueden también presentarlas como la principal explicación de por qué el gobierno liberalizó.
Ciertamente hay espacio para investigaciones adicionales que identifiquen los mecanismos mediante los cuales las sanciones afectaron la economía venezolana, así como la forma en que moldean los incentivos de actores políticos y partes interesadas clave. Santos y sus coautores plantean algunas hipótesis importantes que merecen ser investigadas. ¿Cómo afectan las sanciones las decisiones del gobierno de llevar a cabo reformas económicas? ¿Cómo impactan de manera diferenciada a los sectores petrolero y no petrolero? ¿Cómo podemos distinguir los efectos de las malas decisiones de política tomadas por los gobiernos de Chávez y Maduro de aquellos directamente atribuibles a las sanciones?
Lamentablemente, debido a sus graves deficiencias metodológicas, este trabajo no logra hacer avanzar de manera significativa nuestro conocimiento sobre estas cuestiones.
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