El caso Lili Pink dio un nuevo giro tras confirmarse que los empresarios colombo-panameños Max Marvin Abadi y su hijo David abandonaron Colombia, en medio de órdenes de captura por un presunto entramado de contrabando y blanqueo de capitales. La información fue revelada por el diario El Tiempo, que ha seguido de cerca la investigación.
De acuerdo con las autoridades, el operativo incluyó allanamientos a tiendas y oficinas vinculadas a la reconocida marca de ropa femenina, donde se decomisaron sumas en efectivo, registros contables, saldos bancarios cercanos a los 4.000 millones de pesos y documentos clave, incluido el pasaporte de uno de los presuntos líderes de la estructura.
La Fiscalía sostiene que el grupo habría utilizado empresas fachada para simular operaciones de comercio exterior aparentemente legales, permitiendo el ingreso de mercancía de origen ilícito. El volumen de dinero bajo investigación supera los 760.000 millones de pesos.
Según las revelaciones de El Tiempo, el esquema no solo operaba en Colombia, sino que mantenía conexiones con Panamá y Bahamas, destinos donde se habrían canalizado recursos. Además, la marca contaba con presencia en al menos 10 países mediante franquicias.
La investigación documenta vínculos comerciales y financieros entre el grupo Abadi y varias sociedades utilizadas para importar productos desde China, que luego eran reetiquetados como “hecho en Colombia” antes de su comercialización en más de 400 locales.
Uno de los hallazgos más llamativos del expediente es la presunta utilización de trabajadores de bajo perfil como representantes legales de empresas proveedoras. Entre ellos figura un conductor vinculado a los empresarios, quien simultáneamente aparecía como responsable de una de las firmas implicadas.
Asimismo, se identificó la participación de personal administrativo, incluyendo una tesorera, una operaria y una ejecutiva de recursos humanos, quienes figuraban en registros societarios de compañías relacionadas con el suministro de mercancía.
Interceptaciones telefónicas y documentación incautada evidenciarían conversaciones sobre movimientos de productos y dinero, lo que refuerza la hipótesis de una estructura organizada.
La magnitud del caso ha generado preocupación por el impacto en más de 2.000 trabajadores vinculados a la cadena. Aunque las tiendas intentan mantenerse operativas bajo la supervisión de la autoridad encargada de administrar bienes incautados, persisten dudas sobre la sostenibilidad del negocio.
De acuerdo con la periodista Marta Soto, de la unidad investigativa de El Tiempo, existe inquietud sobre el abastecimiento de productos, dado que gran parte de la mercancía estaría ligada a operaciones irregulares.
El abogado Iván Cancino, representante legal de los Abadi, aseguró al medio colombiano que sus clientes comparecerán ante la justicia de forma virtual. También confirmó que los empresarios se encuentran fuera del país, aunque reiteró que ofrecerán explicaciones dentro del proceso.
Mientras tanto, la Fiscalía insiste en que la investigación, iniciada en 2022, tiene alcance nacional y continuará bajo jurisdicción en Bogotá, pese a intentos de trasladarla a otras ciudades.
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