Un informe de Transparencia Venezuela divulgado en octubre de 2023 revela que una red de corrupción vinculada a Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) habría comprometido al menos $16.960mn en ingresos no percibidos por la estatal entre 2020 y el primer trimestre de 2023, en lo que se describe como un esquema irregular de comercialización de crudo y uso de criptoactivos.
La investigación señala que el esquema consistía en la asignación de cargamentos de petróleo a intermediarios y a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos sin controles administrativos ni garantías de pago. Según el Ministerio Público, citado en el informe, “el petróleo salía de Pdvsa, pero el dinero por las ventas no regresaba”.
El documento indica que las operaciones irregulares se intensificaron tras las sanciones impuestas por Estados Unidos en 2019, lo que llevó a la estatal a recurrir a intermediarios, triangulación de ventas y mecanismos opacos, incluyendo pagos en criptomonedas. Estas prácticas se ampliaron después de 2020, cuando empresas sin experiencia en el sector comenzaron a participar en la comercialización del crudo venezolano.
De acuerdo con los cálculos de Transparencia Venezuela y la firma Ecoanalítica, de los $16.960mn comprometidos, unos $3.600mn serían potencialmente incobrables, mientras que $13.360mn permanecen como cuentas por cobrar.
El caso salió a la luz en marzo de 2023, cuando autoridades venezolanas anunciaron detenciones de funcionarios y empresarios presuntamente involucrados. En total, 61 personas fueron implicadas en la trama, aunque solo se han hecho públicos algunos nombres.
El informe también advierte sobre el impacto económico y social del desfalco. El monto involucrado equivale a cerca de 28% del producto interno bruto estimado de Venezuela en 2022 y habría permitido cubrir necesidades urgentes en sectores como electricidad, agua y alimentación.
A siete meses del inicio de las investigaciones, la organización destaca la falta de información oficial sobre el destino de los fondos y el estado de los procesos judiciales, señalando que “son muchas las preguntas que no tienen respuesta”.
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