En el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, el caso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores no se entiende mirando únicamente a los acusados. Se entiende observando quién administra el proceso, quién acusa y quién diseña la resistencia jurídica.
En Manhattan, ese triángulo define el destino de las causas antes de que aparezcan las pruebas. Aquí, los nombres importan tanto como los cargos.
Alvin K. Hellerstein, el juez
Hellerstein, de 92 años –en Estados Unidos los jueces federales son nombrados de por vida, no tienen edad de jubilación–, es una institución en sí mismo. Nombrado por el presidente demócrata Bill Clinton a finales de los años noventa, es uno de los jueces más veteranos del Distrito Sur de Nueva York, la corte federal más poderosa del país.
Desde 2011 actúa como senior judge, un estatus reservado para magistrados de enorme experiencia a los que se asignan casos complejos, sensibles o políticamente delicados.
No es un juez de gestos grandilocuentes ni de discursos morales. Su autoridad se ejerce en silencio, a través del control absoluto del procedimiento.
Ha gestionado litigios masivos, causas vinculadas al terrorismo y procesos que amenazaban con desbordar al sistema judicial. Su especialidad es el orden.
En la audiencia inicial con Nicolás Maduro y Cilia Flores, Hellerstein dejó clara su impronta: confirmaciones formales, respeto estricto al rito, cero dramatismo.
Cuando Cilia Flores respondió en español al confirmar su identidad, el juez no convirtió el momento en un pulso político. Lo registró, lo validó y avanzó. En su sala, la política no desaparece, pero no manda.
En la práctica, Hellerstein es quien define el ritmo del caso, los límites del debate jurídico y qué batallas se podrán librar y cuáles no.
Jay Clayton, el fiscal
El fiscal federal (U.S. Attorney) del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), Jay Clayton, tampoco es un fiscal convencional. Capitanea uno de los distritos es uno de los más poderosos de Estados Unidos, con competencia en fraudes en Wall Street, delitos financieros y bursátiles y corrupción.
En la conocida serie de televisión «Billions», el actor Paul Giamatti interpreta al fiscal Chuck Rhoades, en el mismo puesto que en la realidad hoy es Jay Clayton, lo que da una idea del poder de esta figura.
Antes de llegar al SDNY, Clayton fue nombrado en 2017 por Donald Trump presidente de la Securities and Exchange Commission (SEC), el regulador de los mercados financieros estadounidenses.
Previamente fue socio, durante años, de la firma Sullivan & Cromwell, uno de los despachos más influyentes del mundo, íntimamente ligado al poder corporativo y financiero global.
Entre su salida de la SEC y su nombramiento como fiscal federal, Clayton regresó a Sullivan & Cromwell, donde fue «senior policy adviser» y «of counsel», aportando su experiencia en regulación financiera y mercados de capitales.
También actuó como asesor externo para firmas del sector de criptoactivos, entre ellas empresas como Fireblocks y One River, brindando guía estratégica en regulación y desarrollo de productos financieros basados en «blockchain» y activos digitales.
Su presencia al frente de la acusación introduce una señal clara: este no es un caso improvisado ni diseñado para el impacto mediático inmediato.
Clayton representa la institucionalidad del Estado estadounidense, no su faceta más punitiva. Su estilo es técnico, sobrio y estructural. Habla poco y documenta mucho.
En Manhattan, el SDNY tiene fama de independencia feroz. Con Clayton, esa fiscalía aparece blindada frente a la acusación de oportunismo político. El mensaje es nítido: la causa está pensada para resistir el tiempo, la presión diplomática y la revisión judicial.
Barry Pollack, el arquitecto de la defensa de Maduro
Tras Clayton, emerge el primer muro de contención. Barry Pollack no es un abogado de pasillo ni de negociación rápida. Es un penalista de alto nivel, profesor universitario y especialista en casos donde el derecho penal se cruza con el constitucional y el internacional.
Su función en este proceso no es sentimental ni política. Es quirúrgica. Pollack está ahí para cuestionar los cimientos del caso.
Pollack no discute culpabilidades en la primera línea. Discute si el juicio puede existir. En causas de alto perfil internacional, esa es la defensa más peligrosa para la fiscalía.
Barry Pollack es un nombre bien conocido en Washington y Nueva York cuando el caso exige algo más que técnica penal.
Es socio de Miller & Chevalier, un despacho con sede en la capital federal, especializado en derecho penal federal, investigaciones gubernamentales, cumplimiento normativo y casos de alta sensibilidad política.
No es un bufete “de masas”. Es un despacho de élite estratégica, habitual en expedientes donde confluyen Departamento de Justicia, agencias federales, política exterior y grandes corporaciones.
Miller & Chevalier tiene acceso directo a los pasillos del poder regulatorio y judicial, y Pollack es una de sus figuras más visibles.
Antes de incorporarse al despacho, Pollack fue fiscal federal y law clerk en tribunales federales, una credencial clave en Manhattan: conoce el sistema desde dentro.
Además, es profesor en Georgetown University Law Center, uno de los centros más influyentes en formación de élites jurídicas y políticas en EE.UU.
Ese doble perfil —fiscal reconvertido en defensor, académico activo— le da una ventaja central: habla el mismo idioma que jueces y fiscales, y lo hace con autoridad doctrinal. No es un abogado que “ruede” casos; es un abogado que construye argumentos pensados para sentar precedente.
En causas de alto impacto internacional, Pollack suele ser elegido por una razón concreta: sabe cómo elevar una disputa penal a un conflicto constitucional sin perder credibilidad ante el tribunal.
Mark E. Donnelly, la defensa táctica, abogado de Cilia Flores
El segundo nombre de la defensa es Mark E. Donnelly, un abogado con perfil distinto y función complementaria.
Especialista en delitos económicos y litigio penal complejo, Donnelly llegó al proceso marcando territorio desde el primer momento: condiciones de detención, presuntas lesiones durante la captura, necesidad de atención médica y autorización formal para actuar fuera de su jurisdicción habitual.
Su papel es más inmediato y más táctico. Mientras Pollack piensa en precedentes y arquitectura jurídica, Donnelly gestiona el aquí y ahora del proceso.
En juicios de este calibre, esa división no es casual: permite abrir frentes distintos y preservar margen de maniobra.
Donnelly es socio fundador de Parker, Sanchez & Donnelly, una firma con base en Houston, Texas, enfocado en defensa penal federal, delitos financieros, fraude, corrupción y casos complejos de alto riesgo personal.
No es un bufete “político” en el sentido clásico, pero sí es muy respetado en tribunales federales del sur de Estados Unidos. Houston es un nodo clave del sistema judicial federal: energía, finanzas, comercio internacional. Donnelly se formó y prosperó en ese ecosistema.
Su fortaleza no está en la teoría constitucional, sino en la gestión táctica del proceso penal: condiciones de detención, trato a los acusados, audiencias preliminares, mociones procesales rápidas y protección personal del cliente.
Es un abogado acostumbrado a trabajar con clientes expuestos —ejecutivos, empresarios, figuras públicas— y a contener daños mientras el caso se define. En ese sentido, su papel junto a Pollack no es redundante: es complementario.
Donnelly no busca protagonismo mediático ni debates doctrinales. Busca ventajas procesales inmediatas que puedan marcar la diferencia en fases tempranas del caso.
Dos firmas, dos tipos de poder
La combinación Pollack–Donnelly no es casual. Responde a una lógica muy estadounidense.
Miller & Chevalier y Pollack representan el poder institucional, académico y federal. La capacidad para discutir jurisdicción, inmunidades y límites del Estado.
Parker, Sanchez & Donnelly y Donnelly, por su parte, es el poder táctico, procesal y operativo. La capacidad para proteger al acusado en el corto plazo y manejar fricciones prácticas.
En conjunto, forman una defensa asimétrica pero sofisticada: uno mira el horizonte jurídico; el otro cuida el terreno inmediato.
Cuando un acusado contrata abogados así, el mensaje no es de urgencia, sino de resistencia. No se trata de ganar rápido, sino de dificultar cada paso del proceso. En Manhattan, donde la fiscalía suele tener ventaja, esa es la señal más clara de que el caso será largo, técnico y disputado hasta el último argumento.
Y, para finalizar, un dato clave: ninguno de los dos es barato.
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