Funcionaria de Pequiven habría operado bajo redes de poder para favorecer contratos irregulares, según documentos

Graed García Bocaranda, actual Consultora Jurídica y Gerente Corporativo de Asuntos Legales Internacionales de Pequiven, ingresó en 2017 como parte de una estructura de poder que utilizó la empresa estatal para desviar recursos mediante contratos opacos, según revelan documentos internos y fuentes consultadas.

Su ascenso coincidió con la presidencia de Rubén Ávila Ávila, quien la designó sin experiencia previa en el sector, marcando el inicio de una gestión cuestionada por pérdidas millonarias.

Los archivos detallan que García Bocaranda actuó como operadora legal en alianza con altos cargos, incluidos Ávila y Luis Molina Duque, quien fungió como su aliado clave tras la salida de Ávila en 2018. Juntos, habrían impulsado acuerdos emblemáticos bajo irregularidades:

1. Valprotech: Pequiven adelantó $17 millones sin que la empresa cumpliera lo pactado.
2. Magna Capital – Private Wealth: Desaparición de €60 millones en bonos manejados sin autorización del Ministerio de Petróleo.
3. Global Shipping: Contrato de fletamento que vació centros de costos de la empresa.
4. Monómeros Colombo Venezolano: Contratación del bufete Novoa (vinculado a Álvaro Uribe), actualmente bajo escrutinio.

García Bocaranda, descrita en los informes como una figura «fraguadora de oficio», habría consolidado su influencia mediante manipulación a superiores y represalias a subordinados.

Su nombramiento como Consultora Jurídica en 2023, recomendado por Molina (quien se convirtió en el vicepresidente de PDVSA durante la gestión de Rafael Telechea), intensificó las sospechas de un entramado para controlar áreas legales estratégicas.

Pese a las denuncias en fiscalía, Pequiven no ha emitido declaraciones. Diputados exigen auditorías independientes, señalando que estos casos reflejan una «infiltración sistemática» en empresas del Estado.

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