El telón del drama judicial que envuelve a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced se prepara para un acto decisivo. La fiscalía federal en Puerto Rico ha puesto sobre la mesa una recomendación contundente: una sentencia de un año de encarcelamiento para la exmandataria, tras su admisión de haber recibido fondos ilícitos para su campaña por parte del banquero de origen venezolano Julio Herrera Velutini.
La solicitud del Ministerio Público llega en vísperas de la lectura de sentencia, fijada para el próximo 15 de octubre ante la jueza federal Silvia Carreño Coll. En el memorando de sentencia, la fiscalía argumenta que “una sentencia de 12 meses de encarcelamiento es apropiado dado que Vázquez Garced corrompió el proceso de elección de gobernador al aceptar contribuciones a su campaña por parte de un extranjero en violación al Código penal federal”.
Sin embargo, el camino hacia la sentencia ha encontrado un nuevo obstáculo. Apenas el pasado lunes 6 de octubre, la defensa de Vázquez Garced solicitó formalmente un aplazamiento de la vista, proponiendo que se celebre después del 23 de noviembre. El motivo de esta maniobra legal radica en una serie de objeciones al informe previo a la sentencia, elaborado por la Oficina de Probatoria. Según los abogados de la exgobernadora, dicho informe incluye hechos pertenecientes al pliego acusatorio original, elementos que consideran improcedentes tras el acuerdo de culpabilidad alcanzado.
La fiscalía, por su parte, subraya la “seria naturaleza del tipo de corrupción política y riesgo de daño al público” que implica la aceptación de dinero de un extranjero para financiar una contienda electoral, en este caso, las primarias del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP).
La admisión de culpabilidad en el contexto de una corrupción endémica
Julio Herrera Velutini, Wanda Vazquez
El cimiento de la recomendación fiscal se asienta en la propia confesión de la exgobernante. Fue el pasado 27 de agosto cuando Wanda Vázquez Garced se declaró culpable, admitiendo haber infringido la Ley Federal de Campañas Electorales. El delito consistió en aceptar una promesa de aportación financiera a su campaña primaria de 2020 por parte del banquero venezolano, una violación de la ley que, según insiste la fiscalía, “amerita un castigo significativo y agresivo”.
Para el Ministerio Público, la conducta de la exmandataria y la consecuente fractura de la confianza ciudadana no son un hecho aislado. “La actividad ilegal de Vázquez Garced y el violentar la confianza pública no ocurrió en un vacío”, precisa el documento fiscal, trazando una línea directa con un problema mucho más profundo. “Desafortunadamente, la corrupción pública en Puerto Rico se ha convertido en una amenaza significativa en la historia reciente”, asevera.
Las cifras presentadas por la fiscalía pintan un panorama sombrío y sirven para contextualizar la gravedad del caso. Durante los últimos diez años, un total de 87 personas han sido sentenciadas en el Distrito de Puerto Rico por cargos federales de soborno y corrupción. Este número, lejos de ser una simple estadística, adquiere una dimensión alarmante al compararlo con el resto de la nación: representa el 2,6 por ciento de todas las condenas federales por corrupción pública en Estados Unidos, una tasa notablemente desproporcionada, considerando que la población de la isla apenas equivale al uno por ciento del total estadounidense.
El tortuoso camino judicial que desembocó en un acuerdo
El caso contra la exgobernadora no ha sido un trayecto lineal, sino más bien un laberinto procesal. Durante su transcurso, se sumaron a la contienda nuevos abogados y fiscales, y surgieron múltiples controversias y trámites burocráticos que postergaron una y otra vez el inicio del juicio. Esta judicial odisea, cargada de mociones y estrategias legales, mantuvo en vilo el desenlace del proceso.
Finalmente, el esperado juicio nunca llegó a materializarse. El intrincado camino legal desembocó en una solución negociada, después de que los equipos de defensa de Vázquez Garced alcanzaran un acuerdo con el Departamento de Justicia federal para finiquitar el asunto, culminando en la admisión de culpabilidad que ahora centra el debate.
Este desenlace, sin embargo, no ha estado exento de tensiones en la propia corte. La jueza Silvia Carreño Coll, encargada de emitir la sentencia final, ha expresado abiertamente su insatisfacción con la forma en que se ha gestionado el caso. Su descontento se acentuó a raíz de un cambio de rumbo significativo en la acusación, ocurrido después de que la Justicia federal en Washington decidiera reformular los cargos tras la toma de posesión del presidente Donald J. Trump el pasado enero, cambio atribuido a las gestiones de la defensa del banquero Julio Herrera Velutini, uno de cuyos abogados, Christopher Kise, vinculado al partido republicano, fue parte del equipo legal de Trump.
COMMENTS