La rutina del principal aeropuerto de Venezuela se vio violentamente interrumpida este miércoles 24 de septiembre, cuando un jet privado se estrelló en plena pista del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. El siniestro, ocurrido a las 12:52 del mediodía, hora local, involucró a la aeronave Learjet 55, con matrícula YV-3440, y tuvo como uno de sus pasajeros al conocido empresario panameño Ramón Carretero Napolitano.
El avión tenía un itinerario de vuelo reciente que ha llamado la atención. El pasado sábado 20 de septiembre, la aeronave aterrizó en el aeropuerto Marcos Gelabert de Panamá, presuntamente procedente de Cuba. Al día siguiente, el domingo 21, emprendió un viaje desde Panamá que lo llevó primero a Maiquetía y posteriormente a la terminal de Charallave, en el estado Miranda. La mañana del accidente, el jet había despegado a las 9:37 a.m. desde Charallave para un corto vuelo de regreso a Maiquetía.
El percance se produjo cuando la tripulación se disponía a realizar la maniobra de despegue desde Maiquetía, con un destino que se presume era Panamá. Testigos presenciales describieron una escena caótica, marcada por un estruendo ensordecedor que dio paso a una imponente columna de humo negro, visible desde varios puntos del estado La Guaira. El pánico se apoderó de pasajeros y personal en la terminal, mientras videos aficionados y de cámaras de seguridad comenzaban a circular en redes sociales, confirmando la magnitud del suceso.
Como consecuencia directa del accidente, las operaciones en el aeropuerto más importante de Venezuela fueron suspendidas temporalmente, provocando desvíos de vuelos y retrasos en múltiples rutas internacionales. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) activó de inmediato los protocolos de emergencia y confirmó que dos personas fueron rescatadas con vida del amasijo de hierros. Uno de los sobrevivientes fue identificado como Ramón Carretero, quien, junto al otro rescatado, fue trasladado a un centro médico donde ambos permanecían en condición estable.
La investigación despega: Entre fallas técnicas y especulaciones
Mientras Ramón Carretero y el segundo sobreviviente recibirían atención médica, un manto de incertidumbre cubre las causas del accidente. El INAC desplegó una Junta de Investigación de Accidentes en el lugar del siniestro para iniciar las pesquisas. Oficialmente, las primeras indagaciones se concentran en dos frentes: el estado técnico del Learjet 55 y las circunstancias precisas que rodearon el fallido intento de despegue.
Sin embargo, en paralelo a la investigación formal, han comenzado a circular diversas hipótesis extraoficiales. Una de las versiones, que identifica a los pilotos como Riger Bermúdez y David Daza, atribuyó el accidente a un súbito estallido de los neumáticos de la aeronave. Esta teoría contrasta con los relatos de testigos, quienes aseguran que el jet se desplazó a gran velocidad por la pista antes de sufrir una violenta salida de pista. En los círculos más especulativos, no se ha descartado la posibilidad de un sabotaje, aunque esta grave tesis carece, por ahora, de cualquier confirmación oficial.
Otro punto de interés es la propiedad del avión. A pesar de que en redes sociales se difundió la idea de que la aeronave pertenecía a Carretero, fuentes familiarizadas con el asunto han señalado que el jet no era de propiedad privada y, en cambio, estaría supuestamente vinculado a una institución pública venezolana, añadiendo complejidad al suceso.
La identidad del segundo rescatado también es motivo de conjeturas. Si bien la comunicación oficial del INAC se limitó a informar sobre dos sobrevivientes en condición estable, reportes no confirmados sugieren que se trataría del venezolano Juan Carlos López Tovar. Esta versión, pendiente de validación, ha despertado un interés particular, dado que el nombre de López Tovar ha sido asociado en el pasado a los negocios del propio Carretero, un empresario cuya figura en Venezuela se ha consolidado no solo por auspiciar torneos de ciclismo, sino por estar al frente de proyectos tan emblemáticos como la construcción del Estadio Monumental Simón Bolívar en Caracas.
Ramón Carretero: Un perfil empresarial bajo la sombra de la polémica
(Ilustración)
Más allá de su faceta pública como propietario de la conocida ensambladora y distribuidora de bicicletas RALI en Panamá, la figura de Ramón Carretero Napolitano se adentra en terrenos mucho más complejos y opacos, especialmente en lo que respecta a sus negocios en Venezuela. Un indicio de la sensibilidad que rodea su historial es el hecho de que ha sido identificado como uno de los clientes latinoamericanos de una firma sucesora de Eliminalia, la controvertida empresa especializada en borrar el pasado digital de sus contratantes.
Investigaciones periodísticas de los últimos años han comenzado a descorrer el velo sobre una intrincada red de contratos públicos millonarios en Venezuela. El epicentro de sus operaciones en la nación sudamericana parece ser Landscape Vision Corporation S.A. (Lanvicorp), una sociedad panameña constituida en 2006 con un objeto social tan amplio que abarcaba desde finanzas hasta negocios inmobiliarios. Tras registrar una sucursal en Caracas en 2013, Lanvicorp experimentó un ascenso meteórico hasta convertirse en una de las contratistas predilectas del Estado venezolano.
La controversia que rodea a Carretero se intensifica por las acusaciones que lo vinculan con figuras de alto perfil del gobierno venezolano. Sobre él pende una sombra particularmente densa: la de haber sido un presunto socio oculto de Alex Saab, el empresario colombovenezolano que pasó de ser un contratista clave del Estado a ocupar el cargo de ministro de Industria y Producción Nacional. Esta supuesta conexión sitúa a Carretero en el corazón de una trama empresarial que ha sido objeto de intenso escrutinio internacional.
Propatria 2000: El trampolín hacia los grandes proyectos
Ramón Carretero y Nicolás Maduro (Ilustración)
El vertiginoso ascenso de Lanvicorp en Venezuela no fue fruto del azar. Poco después de establecer su sucursal en Caracas, la empresa presidida por Ramón Carretero y con su hermano Vicente como secretario, encontró una puerta de oro en la Fundación Propatria 2000. Esta entidad estatal se convirtió en el vehículo a través del cual la firma panameña obtuvo su primer gran contrato: la construcción de 20 «CDC de Paz», centros deportivos y culturales promovidos por el «Movimiento por la Paz y la Vida». Dicha iniciativa fue creada por Nicolás Maduro durante su campaña presidencial en 2013 y tuvo como jefa inicial a la primera dama, Cilia Flores, estableciendo un nexo directo con el círculo presidencial.
Tras este primer acuerdo, la relación se consolidó. El 20 de marzo de 2014, la misma fundación adjudicó a Lanvicorp el que sería uno de los proyectos más emblemáticos y costosos de la era Maduro: la construcción del Estadio Monumental de Caracas «Simón Bolívar», ubicado en La Rinconada. Esta obra era la pieza central del ambicioso proyecto «Parque Hugo Chávez», anunciado por el mandatario en 2013, que también contempló un estadio de fútbol y un gimnasio.
A pesar de una inversión declarada de al menos 400 millones de bolívares y 30 millones de dólares, la gestión del moderno estadio de béisbol no fue transferida a la alcaldía de Caracas, como sería lo habitual. No obstante, la administración del recinto quedó en manos de la Fundación Propatria 2000, una entidad dependiente del Ministerio del Despacho de la Presidencia. Cabe señalar que, según los registros, esta fundación también ha otorgado en el pasado contratos a individuos vinculados con figuras de la oposición venezolana, incluidas personas ligadas al exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma.
Un entramado familiar: Los hermanos Carretero y sus vínculos con el poder
(Ilustración)
La red de controversias no se limita a Ramón Carretero. Su hermano, Roberto Carretero Napolitano, también ha protagonizado sonados escándalos judiciales en Panamá. En 2015, el hermano de Ramón fue puesto en detención preventiva por su presunta participación en irregularidades masivas en la adjudicación de contratos para la compra de bolsas de comida, a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN) durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli. Una auditoría de la Contraloría panameña determinó que las empresas de Roberto Carretero y otros comerciantes se beneficiaron con más de 16 millones de dólares en órdenes de compra, lo que representaba casi la mitad del perjuicio patrimonial estimado para el Estado en ese caso. Adicionalmente, fue investigado por presunto peculado en la compra de instrumentos musicales para el Ministerio de Educación, un negocio de 11.7 millones de dólares también gestionado a través del PAN.
Investigaciones periodísticas posteriores sugieren que esta propensión a los negocios polémicos tiene un eco en Venezuela, donde se teje una conexión mucho más profunda y directa con el círculo íntimo del poder. Según indicara en el pasado el investigador Alek Boyd, los hermanos Ramón, Roberto y Vicente Carretero habrían actuado como apoderados de Iriamni Malpica Flores —sobrina de la primera dama Cilia Flores— y de su esposo, Juan Carlos López Tovar, precisamente a través de la empresa Landscape Vision Corporation.
Esta relación se ve reflejada en documentos internos del ALLBank de Panamá, que revelan movimientos financieros extraordinarios. La cuenta de Lanvicorp habría recibido pagos por 123.6 millones de dólares, transferidos desde cuentas del Tesoro de Venezuela y del FONDEN alojadas en el Banco Espirito Santo. De ese monto, más de 80 millones de dólares fueron posteriormente derivados a otras corporaciones controladas por los Carretero. Para solidificar su alianza, Juan Carlos López Tovar y Ramón Carretero figuraban como socios en Panamá en empresas como Corporación Logística del Caribe y Grupo Carrelop Corp.
El propio Ramón Carretero no ha estado exento de problemas legales directos en su país. En mayo de 2018, la Fiscalía Séptima Anticorrupción de Panamá solicitó a Interpol una alerta roja para que se presentara a declarar por el «caso Jal», vinculado a transacciones irregulares. No obstante, en agosto de 2021, un tribunal superior panameño revocó parte de las diligencias de esa investigación.
El engranaje del poder: Un supuesto esquema de comisiones millonarias
(Ilustración)
Una investigación periodística, fundamentada en una masiva filtración de documentos financieros, correos y registros bancarios, ha destapado la arquitectura financiera que sustentaba los negocios de Ramón Carretero en Venezuela. Desde 2013, coincidiendo con la transición de poder a Nicolás Maduro, el empresario panameño se convirtió en un proveedor estatal recurrente, asegurando contratos por un valor global que superó los 700 millones de dólares. Estos acuerdos abarcaron desde la construcción de gimnasios verticales y el ya mencionado estadio, hasta la remodelación de hoteles y la importación masiva de productos tan variados como juguetes, neumáticos y electrodomésticos.
El corazón del esquema, según una investigación de Armando.info, residía en un presunto sistema de comisiones. El patrón era recurrente: mientras las empresas de Carretero recibían jugosos pagos del Estado venezolano, se activaban transferencias por al menos 5,8 millones de dólares hacia compañías vinculadas directamente a Iriamni Malpica Flores, la sobrina de Cilia Flores, y a su entonces esposo, Juan Carlos López Tovar.
La Fundación Propatria 2000 fue la pieza clave en este engranaje. Su control fue consolidado por el círculo presidencial de manera estratégica. En noviembre de 2012, Nicolás Maduro, todavía como vicepresidente, nombró a Carlos Erik Malpica Flores, otro sobrino de la primera dama, como director principal. Ya en la presidencia, Maduro no solo puso la fundación bajo el control directo de su despacho, sino que en mayo de 2014 designó a Walter Jacob Gavidia Flores, hijo de Cilia Flores, como su máximo responsable. Bajo esta gestión familiar, la fundación otorgó tres contratos a Lanvicorp entre 2013 y 2014 por un valor cercano a los 700 millones de dólares, recibiendo la empresa un adelanto de al menos 138 millones del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden).
Estos movimientos de capital no pasaron desapercibidos. En mayo de 2014, Corporación Logística del Caribe S.A., otra sociedad de los Carretero, autorizó un pago de cinco millones de dólares a López Tovar solo dos semanas después de que Fonden desembolsara 20,6 millones a Lanvicorp. Un mes más tarde, tras recibir otros 20,6 millones, López Tovar cobró un cheque de 500.000 dólares emitido por Carretero. Estas operaciones encendieron las alarmas en el departamento de cumplimiento del Allbank en Panamá, que concluyó que el perfil de López Tovar «no es acorde al movimiento de fondos realizados». A pesar de que los representantes de Carretero intentaron justificar los fondos con los contratos gubernamentales, el banco finalmente cerró todas las cuentas vinculadas en noviembre de 2015 y emitió un Reporte de Operación Sospechosa a la Unidad de Análisis Financiero de Panamá.
Una alianza sellada en el aire: Vuelos de lujo y negocios ininterrumpidos
La relación entre Ramón Carretero y Juan Carlos López Tovar trascendía los simples acuerdos comerciales; era una alianza forjada en la confianza y la conveniencia, cuyo rastro no solo quedó en registros mercantiles, sino también en los manifiestos de vuelo. Entre 2014 y 2015, coincidiendo con el apogeo de las adjudicaciones millonarias, ambos compartieron al menos 28 trayectos en jets privados entre Venezuela y Panamá. Estos viajes a menudo tenían una sincronización reveladora con los negocios: un ejemplo notable fue su vuelo conjunto a Caracas apenas tres días antes de que se oficializara el contrato para el estadio de béisbol, regresando a Panamá el mismo día del anuncio.
Para consolidar su vínculo, Carretero y López Tovar formalizaron su asociación empresarial mediante la creación de sociedades en Panamá, como Galeras del Este y Grupo Carrelop, un nombre que fusiona sus apellidos. Además, López Tovar fue integrado en la directiva de Pro Hogares SA, otra de las compañías presididas por el empresario panameño, cimentando así una estructura corporativa compartida.
Mientras Venezuela se adentraba en una severa crisis de desabastecimiento, según Armando.info, los frutos de esta lucrativa conexión habrían permitido a Iriamni Malpica Flores y Juan Carlos López Tovar disfrutar de un opulento estilo de vida en Panamá. Los registros bancarios revelan un torrente de gastos en las tiendas más exclusivas del mundo, como Gucci, Hermès y Louis Vuitton, sumando casi 50.000 dólares en un período de año y medio. La pareja también invirtió en bienes raíces de alto standing, adquiriendo un apartamento valorado en 835.000 dólares en el imponente rascacielos Pearl at the Sea de la capital panameña.
Sorprendentemente, ni las alertas internas de los bancos, ni las investigaciones iniciadas en Panamá, ni los evidentes retrasos en la ejecución de las obras públicas parecieron erosionar la relación de los hermanos Carretero con el poder venezolano. Lejos de verse afectados, sus negocios continuaron floreciendo, obteniendo nuevos contratos entre 2016 y 2018, a través de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex). Esta nueva etapa incluyó la importación de mercancías tan diversas como juguetes y equipos tecnológicos destinados al sistema del «Carnet de la Patria», demostrando la inquebrantable persistencia de su entramado comercial.
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