A juzgar por lo que se escuchó este pasado miércoles en una audiencia, los jueces no parecen nada convencidos de cómo el presidente intenta justificar su uso de aranceles
Por primera vez desde su regreso al poder, Donald Trump podría estar cerca enfrentarse a una de las peores noticias posible: una Corte Suprema, dominada por conservadores, dispuesta a decirle “no”. El mismo tribunal que hasta la fecha ha avalado su ofensiva migratoria o su desmantelamiento de una parte considerable del gobierno federal podría ahora dinamitar el que ha sido su instrumento central de política exterior y económica. Porque, a juzgar por lo que se escuchó este pasado miércoles en una audiencia ante el máximo tribunal del país, sus jueces no parecen nada contentos con cómo el presidente justifica su uso de aranceles.
La audiencia de la Corte Suprema se celebró en el marco del examen sobre si Trump abusó de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), una legislación de 1977 creada precisamente para limitar los poderes presidenciales en situaciones de emergencia. En su lugar, Trump la ha usado para imponer un 10 % generalizado a casi todos los socios comerciales de Estados Unidos y tarifas aún más altas a países específicos.
Ningún mandatario había interpretado antes esa ley como una licencia para extender su capacidad de acción. La Casa Blanca, sin embargo, sostiene que los persistentes déficits comerciales representan una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos. Bajo ese argumento, el presidente puede declarar una “emergencia económica” y usar la ley para “regular importaciones” sin pasar por el Congreso.
Durante casi tres horas de argumentación, los nueve jueces escucharon a los representantes legales del Gobierno defender esta postura. El procurador general, John Sauer sostuvo que los aranceles no son ningún instrumento de recaudación, sino una herramienta exclusivamente de presión diplomática diseñada para inducir cambios de comportamiento en otros países. Una afirmación que sería más fácil de sostener si el propio Trump no se hubiera jactado en múltiples ocasiones de los “cientos de miles de millones” que, según él, los aranceles han aportado a las arcas públicas.
Las preguntas y comentarios de los jueces, cuya decisión final se conocerá a comienzos de 2026, no fueron precisamente halagadores para la administración Trump. El presidente del tribunal, John Roberts, cuestionó si la Constitución permite al Ejecutivo imponer impuestos a los ciudadanos sin la aprobación del Congreso. “El poder de gravar siempre ha pertenecido al Legislativo”, recordó, por su parte, la jueza Amy Coney Barrett —nominada por Trump en su anterior mandato— preguntaba si existía algún precedente en el que la expresión “regular importaciones” se hubiera interpretado como “imponer aranceles a discreción”. Si lo hay, la defensa de la Casa Blanca no consiguió encontrarlo.
Sauer intentó rescatar una analogía con un decreto de Richard Nixon en 1971, cuando impuso un 10% temporal a las importaciones, pero Barrett le recordó que esta medida se apoyaba en una ley anterior. De hecho, En 1977, cuando el Congreso redactó la IEEPA, lo hizo precisamente para evitar que un presidente repitiera los excesos de la era Nixon.
Estas muestras de escepticismo se extendieron a lo largo de toda la audiencia, en la que jueces conservadores y progresistas por igual cuestionaron incesantemente la amplitud de poderes que Trump se atribuye. Según reporta Politico, el ambiente en la Casa Blanca al concluir la presentación de argumentos era “sombrío”, en palabras de dos fuentes cercanas al presidente que pidieron anonimato.
La preocupación está más que justificada. Si la Corte termina fallando contra el uso que la Administración Trump hace de la IEEPA el golpe sería monumental. No solo perdería la herramienta más versátil de su política exterior, sino que podría verse obligado a devolver parte del dinero recaudado. La Oficina de Aduanas estima que 90.000 millones están directamente afectados por el caso. “Sería un desastre para la economía”, advirtió esta semana el propio Trump en una entrevista con Fox Business.
Más allá del dinero, lo que está en juego es el modelo de poder presidencial. Durante dos mandatos, Trump ha gobernado a golpe de orden ejecutiva y convertido el aparato estatal en una prolongación de su voluntad, saltándose por completo al Legislativo en el proceso. “Trump ha extraído dinero o participaciones de empresas que necesitaban favores del Gobierno federal, ha retenido fondos aprobados para universidades, estados y otros organismos, y ha dejado sin financiación, de hecho, a agencias creadas por ley como USAID o el Departamento de Educación”, recordaba el columnista Greg Ip en el Wall Street Journal.
Es posible que los jueces conservadores de la Corte Suprema también vean en este caso una oportunidad para recuperar parte de una reputación que ha sufrido un deterioro sin precedentes. Según el Pew Research Center, solo un 48% de los estadounidenses mantiene hoy una opinión favorable del tribunal, una caída drástica respecto a su pasado como una de las instituciones más respetada del país. Tras años de decisiones percibidas como partidistas —especialmente la eliminación de la protección federal del derecho al aborto—, un fallo que limite los poderes presidenciales podría servirle para recordar que, al menos sobre el papel, aún existe un equilibrio de poderes en Estados Unidos. Habrá que esperar al año que viene para ver si eso es cierto.
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