La firma de abogados VanEps, en su rol de síndico en el proceso de quiebra del Banco del Orinoco N.V. (BDO), ha hecho público su décimo octavo informe, un documento que detalla los avances y las complejidades del caso. El reporte, fechado el pasado 27 de agosto de 2025, actualiza la situación del banco, cuya declaración de quiebra se remonta al 4 de octubre de 2019.
Este nuevo capítulo en la saga de BDO, entidad vinculada al Grupo Cartera, se enmarca en un largo proceso supervisado por el juez comisario, el Sr. P.E. de Kort, en los tribunales de Curazao. La gestión de la liquidación está a cargo de los síndicos, el Sr. M.R.B. Gorsira y, desde el 13 de mayo de 2024, el Sr. D.C. Narvaez, quienes han documentado meticulosamente cada fase del procedimiento en informes de acceso público disponibles en el sitio web oficial de la firma.
El documento más reciente abarca el período comprendido entre el 19 de marzo y el 26 de agosto de 2025, un lapso en el que se han dedicado más de 233 horas de trabajo al caso, sumando un total de 4.906,2 horas desde el inicio del proceso. Según consta, al momento de la quiebra, la institución contaba con 25 empleados.
Las observaciones preliminares del informe remiten a los cuatro primeros reportes para una comprensión de los antecedentes procesales, antes de sumergirse en los eventos más recientes, centrados en las reuniones de acreedores y la crucial etapa de verificación de créditos, un punto medular que ha definido el rumbo de la liquidación en los últimos meses.
Aplazamientos y condiciones marcan la verificación de créditos
El corazón del proceso judicial ha girado en torno a las reuniones de acreedores y la compleja verificación de sus créditos. Un punto de inflexión se produjo tras una resolución del juez supervisor el 26 de octubre de 2023, que convocó a una reunión de verificación para el 11 de diciembre de ese mismo año. Días antes de la cita, el 4 de diciembre de 2023, el Grupo Cartera depositó una propuesta de acuerdo de acreedores en la secretaría del tribunal.
Víctor Vargas Irausquín, propietario del Banco del Orinoco N.V.
La reunión del 11 de diciembre se centró exclusivamente en la admisión de los créditos, posponiendo la votación sobre el acuerdo. Este acto, inicialmente programado para el 27 de mayo de 2024, fue objeto de un laberinto de aplazamientos. A solicitud del Grupo Cartera, y debido a un recurso de apelación pendiente contra la propia declaración de quiebra, la reunión fue reprogramada para el 27 de septiembre de 2024. Sin embargo, en un movimiento significativo, BDO y el Grupo Cartera retiraron sus recursos el 5 de julio de 2024, dejando en firme las decisiones judiciales previas.
Durante la asamblea de acreedores del 27 de septiembre de 2024, el Grupo Cartera solicitó un nuevo aplazamiento, esta vez por un período de seis meses. El juez supervisor, tras escuchar a los síndicos y al comité de acreedores, accedió a la petición, pero impuso condiciones rigurosas: la reunión se pospuso hasta el 10 de marzo de 2025, supeditada a que el Grupo Cartera proporcionara pruebas suficientes sobre la existencia de su cartera de inversiones a más tardar el 11 de octubre de 2024, además de entregar informes mensuales sobre el avance de su «plan de composición».
Documentación cuestionada y la caída de la coartada financiera
No obstante, el 11 de octubre de 2024, el Grupo Cartera presentó la documentación requerida por el tribunal. Entregaron un documento que, supuestamente, provenía de la firma Farringdon y se presentaba como una «carta de confirmación», emitida a solicitud de Cartera, designándolo como «beneficiario final» del Banco del Orinoco N.V. El paquete incluía un informe adjunto que detallaba la posición de valores «BDO0002817» al 30 de septiembre de 2024.
Víctor Vargas Irausquín, propietario del Banco del Orinoco N.V.
Sin embargo, la diligencia de los síndicos no se hizo esperar. Para verificar la autenticidad de la información, contactaron directamente al presidente de Farringdon, el Sr. Martin Young, el 14 de octubre de 2024. La respuesta fue tan rápida como contundente. Ese mismo día, a través de un correo electrónico, el Sr. Young confirmó que tanto la carta como el informe de valores eran fraudulentos y no habían sido emitidos por su firma. Además, aclaró categóricamente que ni BDO ni Cartera de Inversiones Venezolanas C.A. eran, ni habían sido nunca, clientes de Farringdon.
Este desmentido supuso un punto de no retorno. Al no haber aclarado la situación ni cumplido con las condiciones impuestas para el aplazamiento, el Grupo Cartera se encontró en una posición insostenible. En consecuencia, los síndicos solicitaron al juez supervisor que adelantara la continuación de la reunión de verificación.
Atendiendo a la solicitud, el juez emitió una resolución el 30 de octubre de 2024, fijando una nueva fecha: el 6 de diciembre de 2024. El propósito de esta reunión anticipada era claro: finalizar la verificación de los créditos de BDO y proceder a la votación sobre el acuerdo de acreedores, o en su defecto, una versión enmendada del mismo.
El veredicto del tribunal: Acuerdo rechazado y créditos impugnados excluidos
A pesar del revés con la documentación de Farringdon, el Grupo Cartera no cejó en su empeño. El 27 de noviembre de 2024, apenas unos días antes de la crucial reunión, depositó un nuevo acuerdo de acreedores ante el Tribunal, que fue debidamente distribuido por los síndicos.
Víctor Vargas Irausquín y Luis Alfonso de Borbón, propietario y exdirector, respectivamente, del banco del Orinoco en Curazao.
Durante la asamblea del 6 de diciembre de 2024, se procedió a la votación sobre esta nueva propuesta. El resultado fue un rotundo fracaso para el Grupo Cartera: el acuerdo no fue aprobado. En esa misma sesión, se reconocieron definitivamente la mayoría de las reclamaciones de acreedores, con la notable excepción de aquellas que habían sido impugnadas tanto por los propios síndicos como por otros acreedores.
Estos créditos cuestionados fueron remitidos a un procedimiento de validación posterior. La primera audiencia se fijó para el 28 de abril de 2025. En ella, solo un abogado, en representación de cinco acreedores, compareció para mantener su solicitud de verificación. Ante esta situación, el Tribunal programó una audiencia final para el 26 de mayo de 2025, emplazando a todos los acreedores impugnados a presentar sus créditos y la prueba de pago de las tasas judiciales correspondientes.
El 26 de mayo de 2025 marcó un hito en el proceso. Ninguno de los acreedores impugnados, ni sus representantes legales, comparecieron ante el tribunal. No presentaron sus créditos ni la documentación requerida. En consecuencia, y en estricta conformidad con el Decreto de Quiebras de Curazao, todos los créditos que habían sido impugnados fueron definitivamente rechazados. Esta decisión incluyó explícitamente los créditos de entidades y personas vinculadas al Grupo Cartera, que quedaron así fuera del procedimiento concursal.
Con esta resolución, la lista de acreedores del Banco del Orinoco N.V. quedó definitivamente cerrada, arrojando cifras finales: 2.756 acreedores fueron reconocidos con un monto total de USD 573.667.038,52, mientras que 151 créditos, por un valor de USD 280.575.228,38, fueron impugnados y finalmente excluidos.
La propuesta extrajudicial de cartera y los próximos pasos en la liquidación
Víctor Vargas Irausquín, propietario del Banco del Orinoco N.V.
A pesar del cierre definitivo de la lista de acreedores y el rechazo de su propuesta en el tribunal, el Grupo Cartera ha iniciado una maniobra paralela. Según se desprende del informe, la compañía ha decidido proceder con una oferta de acuerdo extrajudicial directamente a los acreedores, un plan que, en términos generales, se alinea con la propuesta que ya fue rechazada en la votación del 6 de diciembre de 2024.
En su comunicación más reciente, del 25 de agosto de 2025, el Grupo Cartera afirma haber logrado un avance significativo en esta iniciativa. Sostienen que 687 acreedores ya habrían aceptado este acuerdo extrajudicial, lo que representaría un monto consolidado de 381,7 millones de dólares.
No obstante, los síndicos han puesto estas afirmaciones bajo una cautelosa lupa. El informe del 27 de agosto es explícito al señalar que, hasta la fecha, «los síndicos aún no han recibido ni verificado la documentación que respalde estas afirmaciones». Esta falta de corroboración se suma a la reticencia del Grupo Cartera a proporcionar información clave sobre las carteras de bonos, un compromiso adquirido en un Memorando de Entendimiento previo que, según el reporte, ha sido incumplido a pesar de las repetidas solicitudes.
De cara al futuro, los síndicos están evaluando diversos escenarios de liquidación, aunque consideran prematuro determinar cuál será la vía más adecuada. Las investigaciones continúan su curso, centradas en la localización de activos y la determinación de responsabilidades en la quiebra. Estrategias legales como el «levantamiento del velo corporativo», para tratar a todo el conglomerado como una única unidad económica, siguen siendo una vía de acción fundamental. El mensaje final del informe y de los expertos que siguen el caso es unívoco: se insta a los acreedores a no permanecer inactivos y a buscar asesoría legal competente para navegar la complejidad de la fase final de este proceso.
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