La incertidumbre que rodea el proceso de liquidación del International Union Bank (IUBank) en Puerto Rico se ha intensificado tras la reciente publicación del estado financiero correspondiente al 31 de julio de 2025. El documento, emitido por la firma liquidadora Driven P.S.C. -también denominada Driven Advisors-, ha sido un jarro de agua fría para los casi 1,547 depositantes, quienes ven cómo las esperanzas de recuperar sus fondos se desvanecen con cada nueva revelación.
El balance presenta un panorama desolador: los activos totales de la entidad financiera ascienden a poco más de $13 millones, una cifra que palidece frente a los pasivos que se disparan hasta casi los $31.7 millones. Esta brecha confirma el profundo estado de insolvencia del banco. Un análisis detallado de las cifras revela que la partida de «Efectivo Total» se sitúa en tan solo $648,992, un capital circulante alarmantemente bajo para hacer frente a las monumentales deudas.
Lo que ha encendido las alarmas de inmediato es una notable reducción de aproximadamente $300,000 en las cuentas de efectivo del banco en comparación con el período anterior. Según se desprende del informe, esta disminución en los fondos líquidos, principalmente de las cuentas en Lloyds Bank, se corresponde con el pago de los honorarios y gastos operativos de la propia firma liquidadora, reflejados en la partida «Liquidation Budget» por un monto de $513,615. Si bien estos gastos son parte del proceso, la situación evidencia una carrera contra el tiempo donde los activos disponibles para los acreedores merman mes a mes, consumidos por la propia administración de la quiebra.
La cúpula de IUBank, en la mira de la justicia por un agujero de $26 millones
Detrás de las frías cifras del balance se esconde una trama de presuntos malos manejos que ya ha llegado a los tribunales. El pasado 12 de mayo, la firma liquidadora Driven P.S.C. interpuso una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia en San Juan, apuntando directamente a la antigua cúpula directiva de IUBank como la responsable del descalabro financiero.
Guillermo Degwitz Brillembourg (Ilustración)
El principal señalado es el expresidente y accionista mayoritario del banco, Luis Guillermo Degwitz Brillembourg. Según el recurso legal, Degwitz Brillembourg habría orquestado una serie de transacciones para su beneficio personal y el de sus familiares, causando pérdidas estimadas en más de 26 millones de dólares. La demanda lo acusa de un «despilfarro multimillonario de activos de IUBank, de los fondos de sus depositarios, y activos de acreedores».
La acción judicial no se detiene ahí. También implica a su hijo, Luis Guillermo Degwitz Carvallo, y al exdirector Enzo Moschella, a quienes acusa de ser cómplices en el manejo negligente o, como mínimo, de haber faltado a su deber de supervisión. Por conceptos de violación de deber fiduciario, enriquecimiento injusto y despilfarro de activos, el síndico exige el pago de 35.4 millones de dólares, que comprenden los $26 millones en pérdidas ocasionadas y otros $9.4 millones por el repago de préstamos y activos.
Este colapso, según se alega, no fue repentino. Desde 2021 hasta 2022, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) había acordado con Degwitz Brillembourg hasta tres «Planes de Fortalecimiento Patrimonial» (PFP) para corregir el rumbo del banco. La demanda subraya que el expresidente incumplió con los tres, evidenciando un «craso patrón de incumplimiento» que condujo a la «total descapitalización» de la institución.
La lenta y cuestionada labor del síndico
Mientras la vía judicial avanza contra los exdirectivos, la gestión de la firma liquidadora, Driven P.S.C., también ha comenzado a generar serios cuestionamientos entre los afectados y sus representantes. Una de las principales críticas apunta a la periodicidad de los informes financieros; se argumenta que estos deberían ser emitidos mensualmente para garantizar la máxima transparencia, pero se ha señalado un retraso en su publicación, como la ausencia del balance correspondiente a junio.
Más allá de la formalidad, la crítica más severa se centra en la percibida ineficiencia para recuperar activos clave. Expertos en el caso han puesto de relieve que la sindicatura no ha logrado, hasta la fecha, recuperar una suma de 1.2 millones de dólares que los antiguos accionistas de IUBank habrían transferido a una empresa en España, una operación que ya había sido señalada por la propia autoridad reguladora. Esta falta de acción en la persecución de fondos de gran envergadura contrasta con la estrategia actual del liquidador.
Expertos Carlos Calderón y Roberto Hung discuten sobre el tema de IU Bank
En lugar de enfocar sus recursos en la recuperación de activos millonarios, la sindicatura parece haberse dedicado a requerir una onerosa cantidad de documentación a los propios depositantes, muchos de los cuales ya enfrentan una situación angustiante. Se han reportado casos, como el de una viuda a la que se le solicita una serie de certificaciones complejas sobre la cuenta que compartía con su difunto esposo, trámites que, a juicio de sus asesores, son innecesarios y solo dilatan el proceso. Esta aparente inversión de prioridades ha sembrado la frustración, al sentir que se presiona a las víctimas en lugar de a los presuntos culpables.
El velo corporativo intacto: Un muro hacia la justicia para los depositantes
La situación actual deja a los depositantes atrapados en una tormenta perfecta: por un lado, el presunto desfalco perpetrado por la antigua directiva y, por otro, un proceso de liquidación que, hasta ahora, se ha mostrado lento e ineficaz para recuperar los activos sustanciales. Cada día que pasa sin acciones contundentes, el patrimonio del banco se reduce, devorado por los propios gastos de la quiebra, mientras las grandes sumas de dinero presuntamente desviadas permanecen fuera del alcance de los acreedores.
Un punto de particular frustración para los expertos legales que siguen el caso es que la sindicatura no ha iniciado acciones para solicitar el «levantamiento del velo corporativo». Esta figura legal es crucial, pues permitiría ir más allá de los activos del banco y perseguir el patrimonio personal de los directivos, bajo la premisa de que la entidad fue utilizada como un instrumento para sus fines particulares. La ausencia de esta gestión es vista como una debilidad que protege a los presuntos responsables y limita drásticamente las posibilidades de una recuperación significativa para los afectados.
A esta opacidad en la estrategia se suma la falta de información sobre los auditores externos que revisaron las cuentas de IUBank durante los años críticos. No se ha hecho público qué firmas auditaron los balances ni cuáles fueron sus conclusiones, informes que deberían haber detectado y alertado sobre las irregularidades que ahora se denuncian. Conocer el papel de estos auditores, según expertos, es fundamental para establecer la cadena completa de responsabilidades en el colapso de la institución. En definitiva, el futuro para los 1,547 depositantes es cada vez más sombrío, enfrentando la cruda realidad de que podrían perder la totalidad de sus ahorros.
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