Mario Burlò: La Fiscalía solicita ocho años de prisión y una confiscación millonaria

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Crónica

 

Tras más de un año de detención en Venezuela, Mario Burlò vuelve a estar en el centro de un procedimiento judicial. La Fiscalía denuncia un presunto mecanismo de compensaciones fiscales ilícitas, relacionado también con la quiebra del Auxilium Basket. El Ministerio Fiscal solicita la confiscación de 5,5 millones de euros.

La Fiscalía de Turín ha solicitado ocho años de prisión y la confiscación de 5,5 millones de euros para Mario Burlò, el empresario piamontés que regresó a Italia en enero de 2026 después de pasar más de un año encarcelado en Venezuela.

En esta ocasión, el proceso judicial se centra en las actividades de un grupo de empresas vinculadas a él y en un presunto sistema de operaciones fiscales ilícitas, relacionado también con el caso del Auxilium Basket, el histórico club de baloncesto declarado en quiebra en 2019.

La petición de condena fue formulada por el fiscal Mario Bendoni, quien durante su exposición de conclusiones se refirió expresamente a un «sistema Burlò».

Según la reconstrucción de la acusación, las empresas implicadas habrían operado mediante un complejo mecanismo de asunción de deudas tributarias y compensaciones indebidas de créditos fiscales.

Un sistema que, según la Fiscalía, no habría consistido en irregularidades aisladas, sino que habría constituido la propia estructura de funcionamiento del grupo empresarial.

«La arquitectura de todo el grupo estaba basada en un mecanismo ilícito», sostuvo el magistrado, describiendo una organización que presuntamente habría utilizado créditos fiscales inexistentes para compensar deudas tributarias.

Según lo expuesto durante las conclusiones de la acusación, el perjuicio económico atribuido a estas operaciones contra la Hacienda Pública ascendería a un total de 21 millones de euros.

Para la Fiscalía, algunos profesionales implicados en las operaciones fiscales también habrían desempeñado un papel en el funcionamiento del presunto sistema.

La relación con la quiebra del Auxilium Basket de Turín

El caso judicial está relacionado con la quiebra del Auxilium Pallacanestro Torino, un club que durante años fue protagonista del baloncesto de la ciudad antes de su colapso económico en 2019.

Las investigaciones también examinaron operaciones de asunción de deudas tributarias y compensaciones de créditos fiscales que, según los investigadores, se habrían utilizado en un intento de sostener económicamente al club.

Sin embargo, el procedimiento actual abarca un conjunto más amplio de actividades empresariales y presuntas infracciones fiscales, y no se limita únicamente a la quiebra del equipo.

Durante su exposición de conclusiones, el fiscal hizo referencia a las pruebas recopiladas durante la investigación, entre ellas documentación y conversaciones telefónicas intervenidas, para respaldar la versión de la acusación.

Bendoni también solicitó condenas para los demás acusados, con penas de hasta seis años de prisión, así como el decomiso definitivo de bienes por un valor superior a cinco millones de euros en el caso de Burlò.

Más de catorce meses encarcelado en Venezuela

Para el empresario, este procedimiento representa una nueva etapa judicial tras una experiencia personal que había atraído la atención nacional.

Burlò permaneció detenido durante más de catorce meses en la prisión de El Rodeo, en Venezuela, sin conocer formalmente los cargos que motivaban su encarcelamiento.

Fue liberado el 12 de enero de 2026, junto con el cooperante italiano Alberto Trentini, y posteriormente regresó a Italia.

Su detención en el extranjero también había tenido consecuencias sobre los procedimientos judiciales pendientes ante la justicia italiana, ya que dificultó su participación en las audiencias y provocó aplazamientos y separaciones de las distintas causas procesales.

Una vez de regreso en Italia, el empresario, asistido por su abogado Maurizio Basile, retomó su participación en los procesos judiciales que todavía permanecen abiertos.

La Fiscalía solicita ocho años, pero todavía no existe una condena

La petición de ocho años de prisión representa un paso significativo en el procedimiento relacionado con las presuntas tramas de fraude fiscal.

No se trata de una condena, sino de la pena que la acusación considera que debería imponerse basándose en las pruebas recopiladas.

Corresponderá al tribunal evaluar la reconstrucción de los hechos presentada por la Fiscalía, las posiciones de los acusados y los argumentos de sus respectivas defensas antes de adoptar una decisión.

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