Mientras el gobierno de Colombia rechazaba la ayuda internacional tras el terremoto de agosto, aliados de Abelardo de la Espriella montaron un centro de operaciones paralelo desde un apartamento en el nororiente de Bogotá y, al margen de las oficinas oficiales, coordinaron la llegada selectiva de rescatistas extranjeros no certificados, aviones y ayuda humanitaria. La operación involucró a operadores políticos del entorno de Donald Trump, el embajador ecuatoriano en Colombia y empresarios con graves antecedentes, todos ellos sin experiencia conocida en atención de desastres.
El pasado 10 de agosto, a las 7:34 am, un terremoto de 7,4 puntos, con epicentro el municipio de San José del Palmar, Chocó, sacudió gran parte del país. Entre las consecuencias del sismo se cuentan 331 personas fallecidas, 111 personas desaparecidas, 4.505 heridas, 3277 animales afectados; 36.326 viviendas destruidas, 202.002 averiadas y 466.709 personas damnificadas.
En una rueda de prensa convocada en la tarde del 12 de agosto por el canciller Omar Bula, acompañado del recién posesionado director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Tamayo, el gobierno afirmó:
(…) si bien nuestros recursos de búsqueda y rescate no se han superado, conservamos la autonomía para atender todas las labores de búsqueda y rescate (…) en aras de anticipar el agotamiento de nuestros recursos en las operaciones de búsqueda y rescate, estamos empezando a formalizar apoyos, peticiones o solicitudes de apoyos de equipos de búsqueda y rescate de EE.UU, EL Salvador, Ecuador e Israel. Estos equipos de búsqueda y rescate deben ser equipos certificados a nivel internacional y reconocidos por sus respectivos países. Esto es muy importante porque hay unos protocolos a nivel internacional para la búsqueda y rescate (…) que todos los países, por convenciones internacionales, debemos respetar y debemos asumir (…)”
Lo anterior confirmaba que el Estado colombiano no había aceptado apoyo internacional para búsqueda y rescate en los días 10, 11 y hasta la tarde del 12 de agosto. También, que esta decisión se debía a que Colombia contaba con suficiente personal capacitado para estas labores dentro de los grupos especializados con los que se cuenta a nivel local y nacional. Además, que solo aceptaría ayuda internacional proveniente de países con equipos certificados, como establecen las convenciones internacionales.
Sin embargo, 24 horas después del terremoto, a primera hora del 11 de agosto, el empresario colombiano Gregory Schaller Gallardo (conocido como Greg Schaller), publicó una historia en su cuenta de Instagram informando que desde la noche anterior había logrado coordinar más de 200 rescatistas internacionales, topos especializados en búsqueda y rescate, así como aviones dispuestos para desplazar el personal y las herramientas necesarias.
Greg Schaller es barranquillero, amigo personal por varias décadas del presidente Abelardo de la Espriella. Es padrino de uno de sus hijos, así como de la Espriella es padrino de uno de los hijos de Schaller. Además, fue coordinador de la campaña presidencial desde sus inicios.
Sobre Greg Schaller y su esposa Marianne, también barranquillera, La Nueva Prensa publicó un reportaje en el cual reveló que utilizaron el jet privado de matrícula estadounidense de Dan Newlin —abogado norteamericano, amigo y financiador de Donald Trump—, para realizar una gira de la campaña de De la Espriella por distintas ciudades de Colombia durante la cual, junto a Andrés Depew, relacionista público de Donald Trump, también utilizaron los sellos restringidos del presidente y el secretario de Estado de los Estados Unidos.
Los coordinadores
Luego de anunciar las alianzas que había logrado reunir la noche del 10 de agosto para búsqueda y rescate y asistencia humanitaria, Greg Schaller publicó un nuevo video en sus redes sociales en el que se muestra el “puesto de mando” que, según sus declaraciones, instaló en su vivienda, desde donde estuvo coordinando las operaciones junto a su esposa Marianne, el piloto vallenato Jorge Luis Almeira Quiroz y otros dos hombres no identificados. Al equipo se sumaron también, de manera virtual, Andrés Depew, Carlos Correcha-Price, Yadid Jalaff Reyes, Adriana Campillo, Samuel Carrillo y Arturo Félix Wong, quien llama especialmente la atención.
Ninguno de los miembros de este comité de coordinadores tenía experiencia alguna en manejo de desastres, mucho menos en temas de búsqueda y rescate ni en gestión de ayuda humanitaria.
Arturo Félix Wong es el actual embajador de Ecuador en Colombia y ex ministro de Gobierno del actual presidente Daniel Noboa. Son amigos de infancia, razón por la que Wong logró acceder a altos cargos gubernamentales sin experiencia previa.
Comenzó como secretario general de la Administración Pública y Gabinete y a los ocho meses fue nombrado ministro de Gobierno, cargo que ocupó por apenas tres meses, hasta que Noboa lo retiró en medio de un escándalo provocado por el inexplicable incremento en un 248% sobre su patrimonio.
A su salida, Noboa lo convirtió en consejero diplomático para hacer negociaciones con empresas privadas de energía en Colombia, luego de la crisis diplomática entre ambos países lo que, para varios analistas ecuatorianos, constituyó el otorgamiento de un blindaje político. Luego, en enero de 2025, Noboa oficializó a Wong como embajador de Ecuador en Bogotá, cargo que aún ocupa.
Wong también fue investigado en Ecuador por presunto peculado en contratos de energía eléctrica con empresas extranjeras bajo el famoso caso Progen, relacionado con la adquisición de generadores eléctricos, obras civiles y la cuestionada puesta en marcha de centrales de energía durante las graves crisis energéticas y apagones que sufre ese país. Sin embargo, por acción de la bancada de Noboa en la Asamblea Nacional, que aprobó un informe que ellos mismos realizaron, Wong fue posteriormente removido de la investigación junto a otros ministros de gobierno y el caso solo resultó en procesos judiciales contra los mandos medios que seguían órdenes.
Más allá de los antecedentes de Wong, resulta cuestionable, desde la óptica legal y diplomática, que el embajador de Ecuador en Colombia estuviera realizando gestiones directas con privados para la coordinación de búsqueda y rescate, especialmente durante los días en que el mismo gobierno colombiano había rechazado de manera oficial la ayuda internacional para esas labores.
El gobierno De la Espriella no ha aclarado si la participación del embajador ecuatoriano en estas gestiones se hizo de manera unilateral por parte de Wong y al margen del canal diplomático establecido a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia o si, por el contrario, estas acciones se realizaron con visto bueno de la Cancillería.
La Nueva Prensa conversó con Javier Pava, para entonces director encargado de la UNGRD, quien confirmó que no fue contactado por este grupo de privados ni por el embajador Wong para coordinar la articulación de las gestiones que adelantaban, como lo exige la ley.
Al comité de emergencia gestionado desde el apartamento de los Schaller se sumó Andrés Depew, colombiano de Ibagué y nacionalizado estadounidense, quien se desempeña como relacionista público de Donald Trump, es cercano al secretario de Estado Marco Rubio y amigo del experto en difusión de desinformación y noticias falsas Javier Negre, junto a quien entregó en febrero de este año el premio a “Mejor consultor político hispano del año” al criminal Fernando Cerimedo —hoy preso en Bolivia—, durante una gala celebrada en el club privado de Donald Trump, Mar-a-Lago, en febrero de este año.
Depew, además de trabajar dentro del círculo de Trump, se convirtió en uno de los operadores políticos del entorno de la Casa Blanca para las elecciones presidenciales en Colombia, apoyando a Abelardo de la Espriella en llave con el español Javier Negre y el estadounidense Dan Newlin.
Otro de los miembros del equipo liderado por los esposos Schaller fue Yadid Jalaff, designado como coordinador de rescatistas internacionales, entre ellos, los denominados “Topos Aztecas”.
Jalaff es un colombo-venezolano que vive en Barranquilla. Es amigo personal de Abelardo de la Espriella; participó activamente en su campaña presidencial y fue invitado especial al cuestionado evento privado de su investidura en la ciudad de Cali, el pasado 7 de agosto.
Se presenta como abogado penalista, aunque el único caso en que se conoce que asumió como jurista fue en la defensa de Steven Douglas Skinner, un ex peleador canadiense de la MMA (Artes Marciales Mixtas, por sus siglas en inglés) que se convirtió en un capo internacional, llegando a liderar una red de narcotráfico trasatlántico, denominada “Morphox”, que colideraba con el narcotraficante colombiano Daniel Barrera Barrera, alias ‘El Loco’ Barrera.
Jalaff tiene actualmente una orden de captura en Venezuela y circular roja de Interpol por los delitos de lavado de activos, usurpación de funciones y concierto para delinquir por presuntas conductas criminales cometidas durante su ejercicio como miembro de la junta directiva ad hoc de la petroquímica Monómeros Colombo Venezolanos S.A., en la que fue nombrado por Juan Guaidó sin tener experiencia alguna en el sector.
Su función era tomar el control de la sede de la estatal venezolana en la ciudad colombiana de Barranquilla, con el apoyo del entonces presidente Iván Duque. Yadid asegura que las investigaciones en su contra hacen parte de una persecución política.
La Fiscalía General de Colombia mantiene abierta, pero congelada, una investigación paralela por los mismos hechos.
También, Jalaff es parte en varios procesos judiciales en Colombia que no pueden ser verificados en la consulta pública de la Rama Judicial, pues todos aparecen marcados como procesos privados en esa base de datos.
Aunque Jalaff aparece referenciado en publirreportajes de portales digitales como vicepresidente de una empresa llamada Green Innovation International en Colombia, sobre esta solo existe una plantilla de página web con ese nombre, pero los links que redireccionan a la página de la empresa en Colombia y a sus redes sociales están rotos o las páginas aparecen eliminadas. Si bien se encuentra un perfil en Instagram con el nombre de esa compañía en Colombia, dicha cuenta solo tuvo movimiento entre junio de 2022 y abril de 2023.
Sin embargo, la empresa importadora de dispositivos generadores de agua atmosférica aparece activa en Colombia bajo el Número de Identificación Tributario (NIT) 901601512, aunque solo posee un único registro en su histórico de importaciones por valor de USD $12,400 en 2022.
Sobre su perfil de empresario, se le conoce como promotor de eventos musicales y de boxeo en Barranquilla. Más allá de eso y de la foto de un evento de entrega de mercados a mujeres en la costa caribe junto a la entonces congresista Saray Robayo, pareja del varias veces condenado delincuente Emilio Tapia, no se encuentra en los registros de internet información que confirme el contenido de los publirreportajes respecto de su actividad como empresario destacado, su título de doctorado ni las obras sociales que asegura haber liderado.
A pesar de lo anterior, el pasado 16 de junio, antes de que María Fernanda Cabal abandonara el Senado de la República, condecoró en una ceremonia informal a Jalaff con la Orden del Congreso de Colombia, en grado de Caballero, en reconocimiento a su “trayectoria empresarial, social y humanitaria”.
Días después, Jalaff fue invitado de honor a la ceremonia de posesión de Keiko Fujimori, en Perú. Durante esa visita, que tuvo lugar a finales de julio de este año —cuando Gustavo Petro aún era presidente—, Jalaff también participó como miembro de una “comisión oficial” de Colombia, que fue recibida por la Cancillería del Perú, orientada al fortalecimiento de la cooperación bilateral con ese país.
Allí, Jalaff sostuvo también una reunión con funcionarios de la embajada de Estados Unidos, con quienes se trataron «temas de interés común y proyectos futuros». Asimismo, visitó el Ministerio de Gobierno del Perú, donde participó en conversaciones sobre estrategias conjuntas para enfrentar la delincuencia organizada, fortalecer la seguridad y la lucha contra el crimen transnacional.
A la fecha de esta publicación, no existe registro de que Yadid Jalaff haya sido nombrado funcionario en el gobierno de Abelardo de la Espriella.
Durante esa misma jornada, Jalaff también recibió un reconocimiento por brindar apoyo a los venezolanos tras el reciente terremoto.
La condecoración fue entregada por una organización privada que se denomina Legión Internacional de Bomberos y que, según establece su página web, no tiene fines de lucro y fue creada por bomberos venezolanos para cooperación, capacitación y activación de personal voluntario en emergencias. Sin embargo, la organización no cuenta con ninguna certificación internacional ni el respaldo de algún Estado, de acuerdo con las exigencias del sistema de Naciones Unidas.
Legión Internacional de Bomberos hizo parte de los voluntarios internacionales traídos a Colombia por la casa Schaller durante la emergencia por el terremoto.
En el equipo de coordinación se encontraba también Adriana Campillo, ejecutiva de SEARCA (Servicios Aéreos de Los Llanos S.A.S.) e hija del capitán Jorge Alberto Campillo Vélez, dueño y presidente de esa empresa de vuelos chárter. Campillo fue señalado en los 80 como narcotraficante, luego de identificarse que su avión monomotor CESSNA TU206G era usado para transportar cocaína del Cartel de Medellín, por lo que le fue suspendida la matrícula, según logró establecer Cuestión Pública.
En la mesa se encontraba también Jorge Luis Almeira Quiroz, un piloto vallenato que fue condenado por falsedad en documento público luego de falsificar bitácoras de vuelo declarando que pilotearía un avión Antonov de carga para un vuelo de instrucción y prueba de motores en Villavicencio, cuando, en realidad, el avión fue utilizado para trasladar paramilitares a San José del Guaviare para cometer la masacre de Mapiripán. Almeira también estaba acusado por encubrimiento en ese caso, pero la Fiscalía echó para atrás ese cargo argumentando falta de pruebas.
Almeira es dueño de la empresa de carga aérea Transportes Aéreos del Caribe, AerCaribe, registrada la primera vez en 1997 y que cambió de razón social y estructura un año después de la masacre, luego de que la Fiscalía emitiera la resolución de acusación en su contra.
SEARCA y AerCaribe son dos de las empresas aéreas que movilizaron rescatistas extranjeros y ayuda humanitaria gestionada por los Schaller, en el marco de la emergencia por el terremoto.
También se encontraba dentro el grupo coordinador Samuel Carillo Rivera, quien sería contacto de Saray Robayo. Carrillo fue líder juvenil del Centro Democrático y hoy es consultor político de ORZA, una agencia de relacionamiento corporativo y comunicación estratégica, según su sitio web, donde se listan decenas de clientes entre los que se encuentran las empresas y multinacionales más grandes del país. Asimismo, ORZA tiene como aliado estratégico al portal de noticias La Silla Vacía.
Finalmente, hacía parte del equipo Carlos Correcha-Price, un colombo-estadounidense residente en Miami, experto en marketing, comunicaciones, protección y manejo de la reputación en asuntos públicos. Su experiencia incluye su paso por Edelman y LLYC Estados Unidos, dos de las firmas de consultoría de comunicación, marketing y relaciones públicas más reconocidas a nivel global. Hoy en día es director de marketing y comunicaciones del sistema de salud de la Universidad de Miami.
Los cuestionamientos de analistas consultados por La Nueva Prensa resultan inevitables: por qué un grupo de amigos íntimos de De la Espriella —entre operadores políticos de la Casa Blanca, expertos en relacionamiento político y corporativo, marketing político y manejo de reputación en asuntos públicos; más un embajador en ejercicio y empresarios con graves antecedentes, sin ser funcionarios públicos pero, además, sin tener experiencia alguna en manejo de desastres ni certificaciones en operaciones de búsqueda y rescate—, coordinaron el ingreso y la gestión de rescatistas extranjeros, sin certificaciones ni respaldo de Estado alguno, mientras al mismo tiempo el gobierno rechazaba oficialmente los ofrecimientos de ayuda de las Naciones Unidas y varios Estados con capacidades especializadas, certificaciones, equipos y autonomía para desarrollar las labores.
Los riesgos del secretismo y del quebrantamiento de la ley
La Ley 1523 de 2012, conocida como la Ley de Gestión del Riesgo de Desastres, es clara: la participación privada y comunitaria no solo está permitida, sino que está expresamente incorporada al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD). Pero esa participación está concebida dentro de un sistema de coordinación y competencias, no como una autorización para que cualquier privado actúe por su cuenta. La normativa, a su vez, delega en la UNGRD la función específica de articulación de los actores privados y las ONG dentro del sistema.
Las razones son varias y buscan evitar problemas de autoridad, coordinación, responsabilidad, seguridad; acreditación, inmigración, aduanas, animales, seguros y pólizas, así como incompatibilidades en el mando operacional que puedan agravar la tragedia o interferir en la gestión del desastre.
La normativa también pretender reducir los riesgos de corrupción que se facilitan cuando un privado es quien ostenta la capacidad de decisión sobre recursos, acceso, contratos y/o elección de prioridades, sin controles equivalentes a los que tendría el Estado.
El modelo establecido por la legislación colombiana para introducir al país un equipo extranjero de búsqueda y rescate con personal especializado, equipos técnicos, apoyo canino, aeronaves, drones, vehículos, etc., permite que existan controles institucionales, así como trazabilidad diplomática y administrativa. A su vez, favorece la veeduría ciudadana y el ejercicio de la labor periodística.
En un modelo privado de gestión de búsqueda y rescate se reducen significativamente las posibilidades de control y veeduría sobre dineros, recursos, sobre quién toma las decisiones, bajo qué criterios y con qué intereses.
Bajo esta lógica, se hace casi imposible determinar quiénes recibieron dinero, por qué canales, si a través de cuentas empresariales o personales, cuánto dinero recibieron; cuánto costaron los vuelos, el combustible, si se le pagó al equipo o a parte de él. Qué otras personas participaron, cómo se contrató el transporte, cómo se registró; si alguien recibió comisiones, si alguna persona o empresa obtuvo contratos posteriores gracias a esa ayuda. Si implementaron un mecanismo SAGRILAFT para prevenir el lavado de activos. Si las transacciones fueron solo en pesos o las hubo en moneda extranjera y en monedas digitales. Si el Estado otorgó contratos a estas empresas en el marco del decreto de emergencia. En ese caso, si hubo sobrecostos. Si hubo conflictos de interés. Qué empresas fueron favorecidas. Si se facilitó la corrupción reputacional. La lista de cuestionamientos es más larga.
Por ahora se sabe que Marianne Schaller fue nombrada subgerente de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal en Artesanías de Colombia, el pasado 2 de septiembre. Por su parte, su esposo Greg, fue designado como representante del presidente de la República ante la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, el 15 de septiembre.
La historia continúa…
PRÓXIMA ENTREGA: Los Topos Aztecas y el artificio de La Patria Montaje.
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