Por Estefano Tamburrini
Las encuestas daban como favorito al líder progresista, que sin embargo ha perdido el voto de las periferias, así como el de la región de Minas Gerais. La Abogacía del Estado investiga la injerencia de Washington en la campaña electoral.
Habrá segunda vuelta, pero con la derecha tomando ventaja. Con el 47,03 % de los votos —más de 56 millones—, Flávio Bolsonaro aventaja por casi dos puntos al presidente saliente Luiz Inácio Lula da Silva, que se mantiene en el 45,16 % —unos 54 millones de votos—.
Bolsonaro también gana entre los electores en el extranjero, con 25.000 votos frente a los 18.000 de Lula.
Las encuestas daban una ventaja de dos puntos al líder progresista, pero el mapa electoral ha cambiado: además del sur y el centro-oeste, la ultraderecha conquista el estado de Minas Gerais, donde, según el imaginario común, se decide quién será el próximo presidente.
Bolsonaro se adjudica así el corazón económico e industrial del país, pero también las periferias urbanas. Por su parte, el candidato progresista mantiene su bastión en el nordeste, aunque el camino hacia la reelección se complica en todos los frentes.
«Estaba convencido de ganar las elecciones en primera vuelta», dijo Lula, para quien «a partir de mañana —hoy, n. del r.— comienza una nueva campaña».
Debe recuperar las periferias, que han entrado en la órbita de la derecha. Confía en poder frenar a Bolsonaro, quien, según Lula, tiene una «biografía escandalosa», vinculada a «grupos paramilitares» y a casos de corrupción que «deberían esclarecerse».
Tras conocerse los primeros resultados, Bolsonaro insiste en que el país «quiere un cambio», subrayando que «el final de la era del Partido de los Trabajadores está cerca».
«Solo necesito un mandato», promete, anticipando su intención de reformar el Tribunal Supremo «para afrontar y resolver los verdaderos problemas de Brasil».
Los votos de los candidatos que quedaron fuera de la carrera, Escritor Augusto Cury, Ronaldo Caiado y Renan Santos, ambos de derecha moderada —que juntos suman un 7,8 % de los votos—, están dispuestos a confluir hacia Bolsonaro, que sigue siendo el favorito.
También las cámaras legislativas giran hacia la derecha: el bloque de centroderecha proyecta una mayoría absoluta en el Congreso, con un 53 %, al menos 270 diputados, y entre 35 y 40 escaños en el Senado, que se ha renovado en dos tercios.
El bloque de derecha también obtiene una clara victoria en las elecciones regionales: consigue 15 gobernadores de 25 en primera vuelta, entre ellos Tarcísio de Freitas, en São Paulo, y Cleitinho Azevedo, en Minas Gerais.
Quedan seis estados en el aire, entre ellos el Distrito Federal y Amazonas.
Durante las horas de votación fueron detenidas 169 personas por delitos relacionados con propaganda irregular, violación del silencio electoral y corrupción electoral.
Veintitrés personas fueron detenidas por compra de votos en Teresina, Piauí, Boa Vista y Roraima.
También fue incautada una cantidad total de 789.800 reales en efectivo —equivalentes a unos 151.000 dólares—, supuestamente destinados a sobornar a los electores, aunque por el momento no están vinculados a una única trama financiera ni a un único candidato.
El propio Bolsonaro habría violado el silencio electoral al pedir el voto a los ciudadanos que hacían fila para entrar en su colegio electoral de Río de Janeiro.
También hubo tensiones cerca de la embajada brasileña en Buenos Aires entre seguidores de los candidatos, retrasos significativos en la apertura de los colegios electorales en Estados Unidos y un intento de destruir material electoral en Ginebra.
Brasil se ha convertido en terreno fértil para injerencias y ataques híbridos de Estados Unidos, sobre los que investiga la Abogacía del Estado.
La Policía Federal habla incluso de un millón procedente de Estados Unidos, canalizado a través del programa de «Lucha contra el lawfare y la censura».
Otros fondos destinados a propaganda digital habrían llegado a través de la Rockbridge Network, vinculada al vicepresidente estadounidense JD Vance.
Según la Abogacía, las acciones extranjeras tienen como objetivo «perseguir» y «debilitar la soberanía nacional».
La justicia local también investiga la transferencia de 12 millones de dólares realizada en 2025 por el exbanquero Filipe Vocaro —actualmente en prisión— para financiar la película Dark Horse, producida por Go Up Entertainment y dirigida por Cyrus Nowrasteh.
Y no solo eso. En vísperas de la votación, la embajada de Estados Unidos en Brasilia y la red consular suspendieron sus servicios en el país por “motivos de seguridad”, pidiendo a los ciudadanos estadounidenses que no se acercaran a las sedes diplomáticas, sin dar más detalles.
Bolsonaro acusa a Lula de la creciente hostilidad de Washington hacia Brasilia, considerada «demasiado cercana a China».
Pero el Ejecutivo rechaza estas acusaciones y denuncia el episodio como «un gesto diplomático anómalo», realizado «justo antes de las elecciones», que «proyecta inestabilidad» y favorece a la derecha.
El equipo de Lula ha pedido al Tribunal Supremo que investigue la «grave evolución» de la injerencia estadounidense, con la supuesta complicidad de los hermanos Flávio y Eduardo Bolsonaro.
Washington ha impuesto aranceles punitivos contra Brasil, ha iniciado investigaciones sobre el sistema de pagos Pix y ha revocado el visado a ocho funcionarios y once jueces del Tribunal Supremo, entre ellos Alexandre de Moraes, enfrentado con Trump por la condena de Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado.
Trump incluso recibió a Bolsonaro Jr. en Washington a finales de mayo como precandidato, provocando la ira de Lula:
«Si Marco Rubio quiere apoyar la candidatura de mi adversario, el senador Flávio Bolsonaro, que venga a Brasil y funde un comité electoral. Los derrotaremos, en defensa de la democracia».
Estas acciones llevaron a los senadores estadounidenses Shaheen, Kaine y Welch a denunciar, en una carta dirigida al secretario de Estado Rubio, la «campaña de interferencia y desestabilización» de la Casa Blanca.
También pidieron «reconocer el resultado certificado de las elecciones democráticas de 2026 en Brasil».
Por último, destaca el papel de las iglesias evangélicas, que representan aproximadamente el 30 % de la población, unos 47 millones de fieles.
Más de la mitad apoya a Bolsonaro a través de la red de Edir Macedo, las Asambleas de Dios y el frente parlamentario evangélico.
Flávio promete concederles «cuatro o cinco ministerios claramente evangélicos» para «salvar almas» y «honrar el nombre de Dios».
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