Hace unos meses, la justicia venezolana dio un paso decisivo al declarar procedente la extradición desde Italia de Francisco Javier D’Agostino Casado, empresario venezolano ligado a la aristocracia estadounidense y europea, quien había sido capturado en la localidad alpina de Bardonecchia. El Tribunal Supremo de Justicia fundamentó esta medida en dos extensos expedientes que revelaron cómo D’Agostino presuntamente lideró una red de delincuencia organizada para desfalcar a la estatal PDVSA, desviando fondos millonarios que nunca ingresaron al Tesoro Nacional, según lo revelado en un video por el periodista Eligio Rojas.
El primer caso que sustentó la solicitud apuntó a una estructura criminal que, mediante la creación de empresas de maletín como Serbia OMSK Trading y Element Capital Advisor Limited, comercializó fraudulentamente un millón de barriles de petróleo venezolano hacia China. En esta operación, la red logró evadir los controles y desviar millones de euros, valiéndose de asignaciones directas de crudo y contratos internacionales adulterados para luego legitimar los capitales en Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos.
El segundo expediente, y uno de los más reveladores, expuso una trama de contrabando de tres millones de barriles de «mezcla bituminosa» extraídos de la Refinería de José, operación en la que jugaron un rol protagónico Ditpsy Sulaima Molina Tamayo y su hermano, el contralmirante retirado Carlos Rafael Molina Tamayo, recordado por su participación en el golpe de Estado del año 2002. Según el expediente, a través de la empresa Five Oceans Trading Ltda., este grupo fletó buques utilizando banderas fuera de circulación e identidades falsas para apropiarse del cargamento petrolero, comercializando el crudo en su propio beneficio.
Por estas operaciones ilícitas, los tribunales venezolanos acusaron formalmente a D’Agostino de estafa agravada, tráfico y comercio ilícito de materiales estratégicos, legitimación de capitales, contrabando agravado y asociación para delinquir. Para asegurar el visto bueno a su enjuiciamiento en Venezuela, la Sala Penal entregó a las autoridades italianas más de un centenar de documentos probatorios, respaldando la petición judicial en la Convención de Palermo y en un histórico tratado bilateral de extradición firmado en 1930.
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