¿Por qué el Pentágono es el eje del acuerdo petrolero EEUU-Venezuela?

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e acuerdo con la hoja informativa publicada por la Casa Blanca el pasado 31 de agosto, la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono (rebautizado Departamento de Guerra) poseerá el 35% de las acciones de la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP), seleccionada por la administración Trump para encabezar los proyectos de explotación petrolera en yacimientos venezolanos con un potencial probado de 65 mil millones de barriles.

Para el gobierno norteamericano, la incorporación del Departamento de Guerra en la operación comercial “representa hasta cientos de miles de millones de dólares en valor y dividendos para Estados Unidos”.

eo para adquirir el 80% restante de su producción [de NABEP], lo que garantiza una fuente de energía en nuestro hemisferio en situaciones de emergencia”, reza el Fact Sheet.

Un pacto excepcional y sus riesgos

En primer lugar, no existe un antecedente inmediato de una participación directa del Pentágono en la explotación de reservas petroleras de otro país. Para buscar una especie de analogía, habría que remontarse al lejano 1943. Ese año, en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y su alta exigencia energética para EE.UU, la administración de Franklin D. Roosevelt creó la Petroleum Reserves Corporation (PRC) para adquirir yacimientos en Arabia Saudita, para aquel entonces controlados por grandes corporaciones estadounidenses.

La administración Trump retoma la idea de capitalismo de Estado Roosevelt para aplicarla en Venezuela

Los protagonistas de la operación serían el Pentágono y el Departamento de Estado, tal como ocurre hoy con el acuerdo petrolero entre Washington y Caracas.

El objetivo consistía en arrendar concesiones (a través de la compra de la mayoría de las acciones de las empresas) y utilizar el poder financiero del gobierno para respaldar inversiones y desarrollar campos, lo que permitiría a la potencia norteamericana obtener un acceso preferencial a hidrocarburos extracontinentales a modo de soporte complementario del esfuerzo bélico.

La idea, sin embargo, nunca llegaría a materializarse por diversas razones. Las compañías se resistieron a la compra gubernamental de acciones, pues observaban en el movimiento de Roosevelt un intento de nacionalización encubierta. Los miedos de que el trato deteriorara las relaciones con la corona sauidí y sirviera para consolidar el poder británico en la zona también generaron fricciones en el Departamento de Estado. En última instancia, y aunque se intentó reducir a un tercio la posibilidad de adquisición de acciones, la PRC encalló en su propósito declarado.

Más de 80 años después, la administración Trump retoma la idea de capitalismo de Estado Roosevelt para aplicarla en Venezuela, intentando superar el escollo que tuvo su antecesor: utilizar como vehículo de apropiación de concesiones en otro país a empresas del Big Oil.

Comprendiendo la lección de 1943, Trump entiende ir a la caza de acciones de Chevron, por poner el ejemplo de una corporación establecida y con amplias operaciones de explotación en Venezuela, sería una maniobra infructuosa. Pero con NABEP, una empresa intermedia dirigida por un empresario venezolano como Alejandro Betancourt, sobre quien pesan señalamientos de corrupción en contratos del sector eléctrico, el mandatario norteamericano pareció encontrar una alternativa a la cual imponerle condiciones políticas y financieras.

Lo que no aparece del todo resuelto es el frente jurídico, más allá de lo que la hoja informativa de la Casa Blanca presenta como sellado.

Diversos legisladores están presionando a la Casa Blanca para obtener más información, ya que la oficina del Pentágono no tiene autoridad legal para adquirir participaciones accionarias

El analista Orlando Pérez apunta correctamente que el petróleo está excluido de las categorías cubiertas por la Oficina de Capital Estratégico para respaldar préstamos e inversiones. Además, siguiendo a Pérez, “la autorización financiera propuesta para respaldar el acuerdo podría expirar en 2028, a menos que el Congreso la renueve”, una situación que pone en un riesgo jurídico extremo lo convenido entre los gobiernos, ante unas midterms que, al día de hoy, Trump perdería muy probablemente.

A estos problemas se suma la resistencia política y los llamados de transparencia del Congreso, de acuerdo a lo reportado recientemente por la periodista Eleanor Mueller de Semafor. Según Mueller, diversos legisladores están presionando a la Casa Blanca para obtener más información, argumentando que la oficina del Pentágono no tiene autoridad legal para adquirir participaciones accionarias.

Las letras pequeñas; grandes en significado político y geopolítico

Parece evidente que Trump está pateando hacia adelante los obstáculos legales relacionados con la operación de comprar de acciones de NABEP a cambio de enviar un mensaje político y geopolítico de doble punta y de manera urgente, en función de un pantano iraní que lo ha puesto contra la pared en lo económico y lo electoral.

El mensaje que le interesa enviar a la Casa Blanca es que esa posición de superioridad energética conseguida en la nación caribeña será defendida por el aparato armado estadounidense

A la versión moderna y estrafalaria de Calígula le interesa conseguir una victoria simbólica y narrativa rápida, que le permita ganar tiempo a nivel geopolítico y apuntalar su capital político como un exitoso intervencionista low cost, aún cuando ello implica exponerse a enfrentar una derrota jurídica en el futuro cercano con respecto al acuerdo petrolero pactado con el gobierno de Delcy Rodríguez.

De forma explícita, la participación accionaria del Pentágono indica que el acceso preferencial y ventajoso conseguido sobre las reservas venezolanas es visto por la Casa Blanca como un movimiento de poder que combina, en un único eje geoestratégico, seguridad económica y militar. Relatado de otra manera, el mensaje que le interesa enviar a la Casa Blanca es que esa posición de superioridad energética conseguida en la nación caribeña será defendida por el aparato armado estadounidense.

En la propia hoja informativa de la Casa Blanca se hace evidente el carácter explícito del mensaje, cuando afirma, en sus apartados finales, que “la mayoría de los nuevos yacimientos petrolíferos que operará NABEP estaban previamente controlados u operados por empresas rusas y chinas”.

Un desafío abierto a Beijing y Moscú envuelto en el marco doctrinal de la Doctrina Donroe: “El presidente Trump ha restablecido la Doctrina Monroe, purgando la influencia extranjera maligna de nuestro entorno y asegurando que el dominio estadounidense en nuestro hemisferio nunca más sea cuestionado”.

Para el sector corporativo estadounidense del crudo y el gas, la participación del Pentágono representa un incentivo que suplanta las garantías jurídicas por las garantías de la fuerza bruta

Así, la declaración de la gran victoria geopolítica y económica de Trump queda respaldada por el poder de fuego del Departamento de Guerra, llevando un muy probable escenario de conflicto de intereses a un plano de poder crudo. Siguiendo esta perspectiva, lo que expone la incursión petrolera del Pentágono es un paradigma de securitización y denegación de reservas energéticas venezolanas, según el cual EE.UU. operaría como único filtro decisor para la entrada de compañías e inversores en el negocio petrolero del país caribeño.

Específicamente para el sector corporativo estadounidense del crudo y el gas, la participación del Pentágono representa un incentivo que suplanta las garantías jurídicas por las garantías de la fuerza bruta. Lo que Washington quiere que las empresas vean es que sus intereses contarían con la protección de una arquitectura militar ofensiva que, mediante el Comando Sur, hoy patrulla con tono amenazante a toda la región, continuando los ataques letales contra supuestas “narcolanchas” e involucrándose directamente en bombardeos en territorio latinoamericano, como en los casos de Ecuador y la propia Venezuela.

Ese dominio norteamericano total que “nunca más” sería puesto en duda se enmarca claramente en una gramática militarista, donde la diplomacia y los reclamos contractuales de otras potencias con intereses energéticos en Venezuela quedan supeditados a una lógica de confrontación directa, dejando a una República Bolivariana debilitada en el medio de los intereses contradictorios de grandes poderes.

Lo que Washington quiere que las empresas vean es que sus intereses contarían con la protección de una arquitectura militar ofensiva

Al igual que Rusia y China, Venezuela también es destinataria de la gravedad de lo que se enuncia desde la Casa Blanca. Washington le reafirma a Caracas que las negociaciones futuras sobre lo acordado hoy en términos de regalías e impuestos pueden cambiar (siempre a favor de EE.UU.), con arreglo a las necesidades geoestratégicas y económicas unilaterales del imperio estadounidense, en menoscabo de los beneficios materiales proyectados para la nación venezolana.

Sobre esto, el Fact Sheet afirma que “NABEP también ha otorgado al Departamento de Estado de EE.UU. el derecho de tanteo para adquirir el 80% restante de su producción, lo que garantiza una fuente de energía en nuestro hemisferio en situaciones de emergencia”.

Este aspecto no resulta menor. Lo que Trump está queriendo decir, palabras más, palabras menos, es que las cláusulas de lo convenido pueden ser modificables a pedido de Washington, con la mediación para nada amistosa del Pentágono.

Venezuela también es destinataria de la gravedad de lo que se enuncia desde la Casa Blanca

Por ende, el margen para abusar de las concesiones y forzar mediante amenazas los arreglos sobre regalías para ampliar la rentabilidad de NABEP y otras compañías extranjeras es demasiado alto como para que no salten las alarmas.

Si una lección histórica de la relación energética EE.UU.-Venezuela debe ser tomada en cuenta en la turbia coyuntura actual, podría ser esta: en 1917 y 1922 (durante la petrodictadura de Juan Vicente Gómez) y varias veces más en las décadas posteriores, Washington utilizó su ventaja de poder sobre gobiernos alineados a sus intereses en Caracas para introducir cambios legislativos favorables a su maquinaria de expolio energético.

Convendría, entonces, no olvidar la historia, con su perenne pulsión a repetirse.

FUENTE




 

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