Documentos panameños y reporte financiero colocan bajo escrutinio a entorno empresarial de Erika Donalds

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MIAMI — Una fundación registrada en Panamá en 2006, en la que aparece Erika Donalds, esposa del congresista republicano Byron Donalds, figura ahora entre los elementos revisados dentro de un análisis más amplio sobre estructuras corporativas, entidades educativas y posibles riesgos de transparencia vinculados al entorno empresarial de la familia Donalds.

Byron Donalds, aliado del presidente Donald Trump, lanzó su campaña para gobernador de Florida en 2025 y busca suceder al gobernador Ron DeSantis en las elecciones de 2026. En su acto de campaña, Erika Donalds lo presentó antes de que subiera al escenario, según reportó The Associated Press.

Los documentos revisados incluyen capturas del Registro Público de Panamá que muestran a la Fundación Eco Agro Turismo con patrimonio inicial de 10.000 dólares y con Erika Donalds listada entre los miembros del consejo, junto con Clifton Fred Lees y María Herrera Villalobos. La imagen del documento panameño también identifica a Mossack Fonseca & Co. como agente residente.

La base Offshore Leaks del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación registra a la Fundación Eco Agro Turismo como una entidad incorporada en Panamá el 21 de febrero de 2006, con Mossack Fonseca como agente, vinculada a Costa Rica y con estatus “defaulted” tras haber sido inactivada en 2008. Una base empresarial panameña también lista a Erika Donalds, Clifton Fred Lees, María Herrera Villalobos, Foundation Management Co. Inc. y Mossack Fonseca & Co. entre los nombres asociados a la fundación.

Las capturas de mensajes compartidas con los documentos afirman que autoridades como la UAF, el FBI y el Consejo de Seguridad estarían revisando un supuesto entramado transfronterizo. Sin embargo, los materiales aportados no incluyen una confirmación oficial independiente de esas investigaciones, ni una acusación formal contra Erika Donalds o Byron Donalds.

Un informe interino de inteligencia financiera fechado el 14 de abril de 2026 sostiene que la revisión inicial, centrada en dos personas y una sola entidad corporativa, se amplió hasta identificar más de 40 entidades y más de 30 individuos afiliados en múltiples jurisdicciones. El documento describe una arquitectura corporativa “inusualmente compleja” alrededor de Erika Donalds, Optima, OptimaED, CEN y redes educativas asociadas, aunque aclara que el expediente aún no prueba de forma concluyente el destino final de todos los fondos examinados.

El informe también señala dos puntos financieros principales: un préstamo de construcción de 4,5 millones de dólares y emisiones de bonos vinculadas a Optima Classical Academy at Gladiolus Campus Project por 28,62 millones de dólares, además de un tramo imponible de 530.000 dólares. Según el documento, el problema central es que no se puede determinar con confianza qué entidad recibió, controló o mantiene los fondos.

Los registros públicos de divulgación financiera de la Cámara de Representantes muestran que Byron Donalds presentó una enmienda para el año fiscal 2023 el 13 de agosto de 2025. En esa declaración aparecen intereses del cónyuge en Onesto, LLC, vinculados a Optima Management Services, LLC y OptimaEd, LLC, cada uno en rangos de 1 millón a 5 millones de dólares.

El informe interino sostiene que OptimaEd no sería una entidad periférica, sino un punto central de captación financiera y control operativo. Según el documento, estados financieros auditados indican que una escuela administrada por OptimaEd incurrió en 1,08 millones de dólares en tarifas de servicio pagaderas a esa compañía durante el año fiscal finalizado el 30 de junio de 2023.

El documento también menciona indicadores offshore relacionados con una pista “Optimax” vinculada a Bahamas y una entidad en la Isla de Man, Optima Education International Limited, constituida en abril de 2025. El informe advierte que esos elementos no prueban por sí solos irregularidades, pero elevan el perfil de riesgo por la posible dificultad para rastrear titularidad real, control y destino de fondos.

El mismo reporte subraya que no existe evidencia directa, en el material revisado, de que ingresos de bonos o préstamos hayan sido depositados directamente en cuentas personales. En cambio, recomienda una segunda fase de análisis centrada en rutas de pago, transferencias, vínculos entre firmantes, estructuras offshore y reconciliación entre documentos de bonos, préstamos y registros corporativos.

Hasta ahora, el material plantea preguntas de transparencia y control corporativo, pero no constituye una determinación judicial ni una acusación penal. Para una publicación definitiva, sería necesario obtener comentarios de Byron Donalds, Erika Donalds, OptimaEd, las autoridades panameñas y agencias federales estadounidenses.




 

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