Desde su formación en el año 2018, SOSOrinoco, una coalición de especialistas locales e internacionales, ha ejercido su labor en la clandestinidad para salvaguardar su integridad ante los peligros inherentes a su misión: exponer las adversidades que enfrentan los ecosistemas de la Amazonia, Orinoquia y Guayana en Venezuela. Recientemente, a organización ha dirigido un llamado urgente a las autoridades venezolanas, incluyendo al Gobernador del estado Amazonas, al ZODI_63AMAZONAS, al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), al presidente Nicolás Maduro y a otros funcionarios gubernamentales, así como a la Alcaldía del Municipio Río Negro y a la ciudadanía del estado Amazonas, para atender una serie de prácticas irregulares en el sur de dicho estado.
Informantes han alertado sobre la edificación no autorizada de campamentos de pesca deportiva a lo largo del Río Pasimoni, en la Reserva de Biosfera Alto Orinoco Casiquiare. Se ha constatado que dichas construcciones han sido realizadas sin el consentimiento de la administración de la reserva ni del conocimiento de su Comité Consultivo. A pesar de que estos campamentos podrían fomentar la actividad turística en el Municipio Río Negro, se han erigido a espaldas de la comunidad local y sin cumplir con las regulaciones establecidas para el uso y disfrute de estas áreas protegidas.
Exclusión de la comunidad local y posible minería ilegal
La crítica no solo radica en la posible contribución al desarrollo turístico, sino en la exclusión de los habitantes de la región: los venezolanos parecen no tener acceso ni recibir beneficios de estos establecimientos, que incluyen «Pousada Brasven» de Brasil, «Pasimoni Lodge» de Colombia y el venezolano «Pasimoni-La Iguana». Los turistas extranjeros llegan a estos enclaves a través del río Negro y Casiquiare, partiendo de la localidad colombiana de San Felipe, sin que las embarcaciones reciban inspección alguna en San Carlos de Rio Negro, a pesar de que las normativas vigentes restringen el acceso a la Reserva de Biosfera y, en general, al estado Amazonas, a menos que se posean las autorizaciones pertinentes.
Los informantes han puesto de manifiesto una alarmante falta de control sobre la navegación en el sur del Casiquiare, así como sobre el tránsito de personas y bienes en la región, condiciones que podrían estar siendo aprovechadas para la minería ilegal, la trata de personas y el contrabando. A los ciudadanos venezolanos que desean pescar en la zona se les exige una serie de trámites previos, lo que limita el turismo nacional y parece conceder una «exclusividad» a los visitantes de Colombia y Brasil.
Construcciones ilegales y apropiación de territorio
Además, los denunciantes han subrayado que operadores brasileños están erigiendo nuevas estructuras de manera ilegal dentro de la reserva, sin la aprobación de las autoridades competentes o de las comunidades locales. El incremento en la presencia de balsas de minería y bongos cargados de suministros sugiere una creciente usurpación de la zona, al punto que, según los denunciantes, «lo único que les hace falta a esos extranjeros es plantar la bandera de sus países para terminar de apropiarse de nuestro territorio».
En suma, SOSOrinoco insta a una intervención decisiva en defensa de los recursos naturales y la soberanía del estado Amazonas, ante lo que parece ser una serie de infracciones que atentan contra el patrimonio ecológico y la legalidad venezolana.
DENUNCIA PÚBLICA
Atención:
– Gobernador de #Amazonas @GOB_MiguelR
– @ZODI_63AMAZONAS
– @VenezuelaSaime
– @NicolasMaduro
– @delcyrodriguezv
– @vladimirpadrino
– @dhernandezlarez
– @MinecOficial
– Alcaldía Mpio. Río Negro
– Comunidades y pueblos del Edo. Amazonas
-… pic.twitter.com/GXfcI5YpzK— SOS Orinoco (@SOSOrinoco) February 3, 2024
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