Particulares validos de aparente apoyo político siguen intentando apropiarse de fincas y hatos en Monagas y otros estados de Venezuela

Particulares validos de aparente apoyo político siguen intentando apropiarse de fincas y hatos en Monagas y otros estados de Venezuela

Compartir

Un fenómeno de apropiación indebida se ha estado extendiendo por el territorio venezolano, afectando a las zonas rurales donde la agropecuaria constituye el corazón de la economía local. En un acto reñido con la legalidad, individuos particulares han venido ejecutando una serie de tácticas para despojar a los agricultores de sus fincas. Este mecanismo, comparable a una ola de expropiaciones encubiertas, ha encontrado en el sistema judicial y en la supuesta influencia de ciertas figuras políticas de alto rango su principal herramienta para perpetrar tales actos.

El estado Monagas es actualmente el epicentro de esta práctica, aunque no es el único afectado; regiones como Zulia y Táchira también han sido testigos de esta problemática. En Zulia, por ejemplo, la finca Rumania es uno de los tantos casos representativos de este conflicto.

Los hilos del poder en la usurpación de tierras

En el ojo del huracán se encuentra el empresario Samark López, acusado de ser uno de los principales promotores de estas tomas de tierras. Además, hay quienes alegan tener el supuesto respaldo de Diosdado Cabello, figura prominente en la política oficialista de Venezuela, para llevar a cabo tales expropiaciones.

Las propiedades en cuestión no son fincas ordinarias; hablamos de establecimientos que han destacado por sus avanzados modelos de producción agropecuaria y por sus programas de mejoramiento genético. Sus dueños, tras años de invertir capital, conocimiento y pasión, han conseguido que sus productos de ganadería y agricultura sean reconocidos tanto nacional como internacionalmente por su alta calidad.

La batalla legal por la tierra

Quienes buscan apropiarse de estos terrenos han lanzado una ofensiva legal contra los propietarios legítimos, esgrimiendo un sinfín de argumentos. Entre ellos, se encuentran acusaciones de perjudicar a comunidades indígenas y campesinas locales, afectar a pequeños productores y poseer latifundios.

En Monagas, la situación es alarmante, especialmente para aquellos empresarios que han dedicado su vida al campo y han contribuido al desarrollo de la industria con centros de recría para razas como el brahmán rojo y blanco.

En el mes de julio del año 2021, autoridades venezolanas reportaron la detección de una supuesta pista de aterrizaje no autorizada en la Finca Villa Carrara II, en el sector Los Pozos, ubicado en la parroquia Areo, municipio Cedeño del estado Monagas. El operativo fue reportado como una supuesta operación antidrogas. Sin embargo, en el lugar solo se detectaron sacos con urea, sustancia utilizada como fertilizante, pero ningún tipo de narcótico. Productores agropecuarios del estado Monagas han visto con escepticismo la operación, catalogándola como un falso positivo que ha tenido por intención, por parte de terceras personas con intereses oscuros, la de proporcionar la excusa perfecta para despojar de la finca a su legítimo propietario, Mario D’Ambrosio, reconocido empresario de la construcción en el estado Nueva Esparta. La finca cuenta con la recría de ganado brahmán y de Gyr lechero.

Contraste con la política agraria del gobierno

Paradójicamente, las acciones de estos particulares contrastan con las medidas adoptadas en años recientes por el Gobierno de Nicolás Maduro, quien ha iniciado un proceso de devolución de tierras expropiadas o intervenidas durante la administración de Hugo Chávez, en casos donde los predios se encontraban improductivos.

Este nuevo frente de invasión a las fincas productivas parece distanciarse de cualquier política de reforma agraria estatal y apunta, más bien, a la ambición de unos pocos por apropiarse de la riqueza generada por el esfuerzo ajeno, marcando una nueva tendencia preocupante en la seguridad de la tenencia de la tierra en Venezuela.

La ambición tras la usurpación

La situación que se vive en el sector agropecuario venezolano trasciende el ámbito de una simple disputa por tierras; se perfila como un conflicto donde la ambición y el poder se entrelazan para desplazar a quienes han dedicado su vida al desarrollo de la industria ganadera y agrícola. La incertidumbre legal y el abuso de autoridad amenazan con socavar los cimientos de la propiedad privada y la producción eficiente en el país.

Los propietarios de estas fincas, quienes han establecido negocios prósperos y sostenibles, se enfrentan a una lucha desigual donde sus adversarios utilizan la influencia y la manipulación de procesos judiciales como estrategia para despojarles de sus bienes. Los argumentos esgrimidos por estos invasores van desde la supuesta protección de comunidades vulnerables hasta acusaciones de explotación y monopolio de tierras, lo cual plantea un escenario de defensa complicado para los legítimos dueños.

El impacto en la genética bovina y la producción local

El caso de Monagas es particularmente significativo debido a la importancia de las fincas en la región, las cuales se han especializado en el mejoramiento genético bovino, un sector clave para la economía local y la seguridad alimentaria del país. Las razas brahmán rojo y blanco, por ejemplo, son el resultado de años de estudio científico, inversión y trabajo, y su potencial de producción se ve amenazado por estas acciones ilícitas.

La visión a largo plazo de estos empresarios agropecuarios, centrada en la calidad y la excelencia, contrasta profundamente con la visión cortoplacista y depredadora de aquellos que buscan beneficiarse de forma rápida y sin escrúpulos del trabajo ajeno. La situación actual no solo pone en riesgo la inversión y el patrimonio de los agricultores y ganaderos, sino que también amenaza con desestabilizar el mercado interno y la reputación internacional del sector agropecuario venezolano.

Denuncia de intento de apropiación indebida del Fundo Rumania

En un apremiante mensaje visual, Marisol Rincón junto a su familia, ha lanzado un ferviente llamado a las más altas esferas gubernamentales venezolanas. Acompañada por su padre, Clifton Rincón Boscán, y otros miembros de su familia, en el Fundo Rumania, Marisol, de 38 años, ha expresado la angustia que embarga a su familia ante una amenaza latente sobre su legado agropecuario. El municipio Catatumbo del estado Zulia ha sido durante más de medio siglo el escenario donde han cultivado un modelo productivo y genético reconocido por su excelencia. Sin embargo, hoy enfrentan un desafío legal que podría desmoronar todo lo construido.

La familia Rincón ha sido un pilar en el ámbito agroproductivo del sur del Lago de Maracaibo, donde su finca no solo ha servido como fuente de sustento, sino que también ha contribuido a la seguridad alimentaria de Venezuela. Con más de cinco décadas de arduo trabajo, el fundo iniciado por Clifton y llevado a nuevos horizontes por su hijo Christian es un emblema de progreso y técnica avanzada.

Los Rincón, con el respaldo de documentos actualizados y verificados por asesores y juristas, aseveran que su administración y propiedad están en total consonancia con las normativas legales venezolanas. Incluso el Ministerio de Agricultura y Tierras, a través del INTI, ha validado su labor, subrayando la superioridad genética de su ganado.

La situación actual es crítica, pues una medida cautelar interpuesta por el Tribunal Agrario del Estado Zulia amenaza con despojar a la familia de su patrimonio. Esta acción contradice la protección previamente concedida por la misma instancia judicial a la producción agroalimentaria nacional, un logro que la familia Rincón ha defendido con constancia y dedicación.

Clifton Rincón, a sus 81 años y con la sabiduría que le confiere su trayectoria como médico y fundador del Fundo Rumania, delegó hace años la gestión del fundo a su hijo Christian. Este último, con un compromiso inquebrantable, ha llevado a cabo una revolución genética en la ganadería, ganándose el reconocimiento tanto en Venezuela como en el exterior. La modernización de las instalaciones del fundo, caracterizada por vaqueras mejoradas y sistemas de cercas eléctricas, es un testimonio de su dedicación y visión innovadora.

La voz de Marisol y la historia de Clifton constituyen una denuncia pública que busca evitar la injusta expropiación de un patrimonio que no solo representa el esfuerzo de una familia, sino el bienestar de una nación. El llamado a las autoridades nacionales, incluyendo al presidente de la República y al fiscal general de la Nación, es un clamor por la justicia y el respeto a la legalidad y al desarrollo agroindustrial de Venezuela.

Conflicto legal por el Fundo Rumania

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió un fallo el 6 de agosto de 2021 donde declara el decaimiento del objeto de un recurso de apelación interpuesto por la ciudadana Laura Isabel Colmenares Moreno, en su carácter de presidenta de la empresa Agropecuaria Rumania S.A. (AGRORUSA), contra una decisión del 30 de septiembre de 2019 del Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia que ratificó una medida de protección a la producción agroalimentaria a favor del ciudadano Christian José Rincón Colmenares.

La medida de protección agroalimentaria había sido solicitada originalmente por el señor Rincón Colmenares el 12 de noviembre de 2018 ante dicho Juzgado Superior Agrario, con el objetivo de salvaguardar la actividad productiva de un hato ganadero de 1.862 cabezas de ganado, ubicado en el Fundo Rumanía del estado Zulia.

El Juzgado Superior Agrario acordó la medida de protección el 29 de noviembre de 2018 por 12 meses. Posteriormente, el 4 de julio de 2019 la empresa AGRORUSA se opuso a la misma alegando ser la legítima propietaria y administradora del fundo en cuestión.

Tras analizar los argumentos de ambas partes, el Juzgado Superior Agrario declaró sin lugar la oposición presentada por AGRORUSA y ratificó el 30 de septiembre de 2019 la medida de protección agroalimentaria a favor del señor Rincón Colmenares por 12 meses.

Inconforme con esta decisión, AGRORUSA interpuso el 7 de octubre de 2019 un recurso de apelación ante la Sala de Casación Social del TSJ. Sin embargo, dicha Sala declaró el 6 de agosto de 2021 el decaimiento del objeto de la apelación, al considerar que la medida de protección ya se había cumplido en su totalidad y consumado autosatisfactivamente, por haber transcurrido los 12 meses de vigencia desde su decreto original.

Asimismo, la Sala señaló que Rincón Colmenares y AGRORUSA habían suscrito posteriormente un acto de autocomposición procesal en otro juicio ante el TSJ, en el cual parecían haber dirimido el conflicto existente entre ambos con respecto a la propiedad y administración del Fundo Rumania.

De esta manera, la Sala de Casación Social del TSJ decidió no emitir un pronunciamiento de fondo sobre la apelación de AGRORUSA, al considerar que había decaído su objeto procesal. Sin embargo, con ese fallo del 6 de agosto de 2021, no parece haberse puesto fin a la controversia surgida en torno a la medida de protección agroalimentaria originalmente otorgada a Rincón Colmenares.

El caso de la Finca San Andrés en Apure

Los representantes legales de la empresa Agropecuaria Platanales C.A. solicitaron en 2022 ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el avocamiento del proceso penal que se sigue en el estado Apure contra tres ciudadanos acusados de estafarlos y usurparles una finca de casi 400 hectáreas.

Según la solicitud de avocamiento, interpuesta el 10 de mayo de 2022, los ciudadanos Paula Elena Mayaudon Grau y Luis Alipio Márquez Vásquez, accionistas de la empresa Agropecuaria Platanales C.A., denunciaron que fueron víctimas de los delitos de estafa, perturbación de linderos, perturbación de la posesión pacífica, falsa atestación ante funcionario público y asociación para delinquir, por parte de los ciudadanos Nasser Assad El Hinnauoi El Atrache, Gabriel Arturo Higuera y Miguelina Coromoto Martínez.

Los denunciantes alegaron que la empresa Agropecuaria Platanales C.A. es propietaria y poseedora desde hace más de 15 años de la unidad de producción denominada Finca San Andrés, ubicada en el sector La Venganza, parroquia Urbana Achaguas, municipio Achaguas del estado Apure, la cual abarca una extensión de 398 hectáreas y cuenta con una cadena titulativa de propiedad privada que data desde 1824.

Asimismo, indicaron que en el año 2010, la ciudadana Paula Elena Mayaudon Grau vendió el 50% del total accionario de la empresa al ciudadano Nasser Assad El Hinnauoi El Atrache, quien posteriormente, en complicidad con el ciudadano Gabriel Arturo Higuera, se apropió de la finca mediante engaños y artificios, valiéndose de su influencia política y económica en la región.

Los denunciantes señalaron que los acusados obtuvieron una carta de registro agrario a título personal ante el Instituto Nacional de Tierras (INTI), argumentando ser sujetos agrarios y tener posesión pacífica sobre la finca, a sabiendas de que era propiedad de la empresa Agropecuaria Platanales C.A. Además, afirmaron que los acusados han intentado traspasar la finca a terceros, han erogado gastos de nómina, han impedido el acceso a la finca y han amenazado e intimidado a los representantes de la empresa.

Los denunciantes manifestaron que han acudido a los órganos judiciales del estado Apure, pero que no han obtenido una tutela judicial efectiva, pues el proceso penal iniciado en el año 2011 no ha avanzado, sino que ha estado plagado de irregularidades, desórdenes procesales y violaciones al orden jurídico. Entre ellas, mencionaron que el Ministerio Público ha solicitado sobreseimientos sin haber imputado formalmente a los acusados, que los tribunales de control han decretado sobreseimientos sin haber realizado la fase de investigación, que los jueces de la Corte de Apelaciones se han inhibido o recusado para conocer del recurso de apelación interpuesto por los denunciantes y que han sido objeto de amenazas y atentados contra su vida y la de sus abogados.

Por estas razones, los denunciantes solicitaron a la Sala de Casación Penal que se avoque al conocimiento de la causa penal y que la remita a otro órgano judicial competente por la materia y en un circuito judicial penal distinto al de Apure, para que continúe la causa en los términos previstos en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

La Sala de Casación Penal admitió la solicitud de avocamiento el 4 de agosto de 2022 y ordenó la suspensión inmediata del curso de la causa penal, así como la remisión del expediente por parte de la Presidencia del Circuito Judicial Penal del estado Apure. El 30 de agosto de 2022 se recibió el expediente en la Secretaría de la Sala de Casación Penal y se asignó la ponencia al magistrado Maikel Moreno Pérez, para que emitiera un pronunciamiento sobre la procedencia o no del avocamiento solicitado.

El drama del Hato El Milagro

El hato El Milagro, ubicado en el estado Cojedes, entre los cauces de los ríos Chirgua y Pao, fue durante seis décadas un modelo de producción agropecuaria y desarrollo social. Sin embargo, desde el año 2000, sus dueños y trabajadores han tenido que enfrentar una serie de ataques, demandas, acusaciones y amenazas por parte de distintos actores que han buscado arrebatarles su propiedad y su trabajo. Actualmente, el hato está casi en ruinas y su legítimo propietario, Gabriel Zuloaga Rodríguez, hijo de uno de los fundadores, sigue luchando por recuperar lo que le corresponde por derecho.

El hato El Milagro nació en 1959, cuando Ricardo Zuloaga Pérez-Matos y otros tres socios compraron unas tierras que estaban abandonadas y sin ningún tipo de infraestructura. Allí se dedicaron a la cría de ganado y al cultivo de sorgo, con una visión de aprovechar al máximo el potencial de esas tierras. Según un reporte de Francisco Olivares para la web El Estímulo, el hato llegó a tener más de 5 mil cabezas de ganado, 400 kilómetros de potreros, 100 kilómetros de caminos, 24 lagunas artificiales, 7 represas, 5 molinos y un centro veterinario.

Además de la producción, el hato se preocupó por el bienestar de sus trabajadores y sus familias, que vivían en 22 viviendas construidas en la finca, con una escuela y un centro médico. El hato contaba con un recurso humano formado y especializado, que se encargaba de las distintas labores de la finca. El hato El Milagro era, en definitiva, un ejemplo de productividad y progreso.

Todo cambió con la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999, quien creó el Instituto Nacional de Tierras (INTI), un organismo que se dedicó a inspeccionar y expropiar las tierras que consideraba ociosas o improductivas. El hato El Milagro fue uno de los primeros blancos del INTI, que enviaba constantemente inspectores y funcionarios a la finca.

En el año 2004, el hato sufrió la primera invasión por parte de un grupo de unas 100 personas armadas con apoyo de funcionarios de la Guardia Nacional. Los invasores intentaron tomar el control de la finca, pero fueron repelidos por los dueños y los trabajadores, que contaron con el apoyo de algunos vecinos. Al mismo tiempo, el INTI, la Fiscalía General y el Tribunal Agrario iniciaron una demanda contra el hato El Milagro por supuestas tierras ociosas. Argumentaban que el hato tenía poco ganado para la extensión de tierra que poseía. El juicio se prolongó por siete años en el Superior Agrario de San Carlos, hasta que en 2011 se emitió una sentencia a favor del hato.

Pero esa sentencia no tuvo efecto. El mismo día que se publicó, destituyeron al juez del tribunal. Además, el ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, le concedió un comodato del hato a una empresa llamada Lácteos del Alba, dirigida por un militar. Esta empresa era una sociedad mixta creada en 2007 mediante un convenio Cuba-Venezuela para la producción y comercialización de leche y productos lácteos.

Lácteos del Alba se apoderó del hato con varios hombres armados y expulsó a los dueños y a los trabajadores. Los abogados de Gabriel Zuloaga les recomendaron que salieran de la finca mientras se tramitaban las acciones legales para recuperarla.

Durante los tres meses posteriores a la ocupación del hato por parte de Lácteos del Alba, los abogados de Gabriel Zuloaga consiguieron obtener otra sentencia favorable que anulaba el comodato otorgado por Loyo. Sin embargo, eso no significaba el fin de los problemas.

Los dueños del hato tuvieron que afrontar más de 12 juicios en diferentes tribunales por diversas acusaciones falsas e infundadas. Los acusaron de daños ambientales, narcotráfico, tráfico de combustible e incluso llegaron armados a su propiedad para detenerlos.

Además, padecieron extorsión, secuestro y amenazas por parte de grupos armados que querían quedarse con la finca o cobrar dinero por su seguridad. Los trabajadores más importantes y especializados se marcharon con sus familias, ante el ambiente de inseguridad e incertidumbre.

Ante esta situación, la familia Zuloaga decidió sacar todo el ganado posible de la finca y venderlo o trasladarlo a otras propiedades. Pero la Guardia Nacional detuvo las gandolas y los camiones que transportaban las reses, alegando que tenían órdenes de arriba. Por este hecho, se les abrió un nuevo juicio y se les prohibió sacar o vender el ganado durante dos años.

Los fiscales les pidieron a los Zuloaga pactar en algunos juicios y se eliminaron algunos. Entre esos se logró que se rescindiera el comodato que otorgó Loyo a Lácteos del Alba. Para ese momento solo habían logrado mantener como mil reses en diferentes fincas vecinas y 400 murieron porque estaban en lugares no aptos para recibir ese ganado.

A pesar de que a comienzos de 2022, Nicolás Maduro afirmó que el gobierno adelantaría un proceso de escala para devolver al sector privado activos expropiados en los últimos años, especialmente durante los últimos años del gobierno de Hugo Chávez, para finales de 2022 la Federación de Ganaderos (Fedenaga) había reportado más de 500 denuncias de invasiones de fincas en plena producción.

El hato El Milagro no escapó a esta realidad. El pasado 27 de mayo de 2023, llegaron al hato dos mujeres y tres hombres, presuntos funcionarios del INTI, pero sin ninguna identificación u oficio que los acreditara. Dos de ellos estaban armados. Solo uno se identificó como Veliz, del Frente Campesino. Estos supuestos funcionarios alegaron que las tierras eran del INTI y que debían desalojarlas.

Dos días después, el 29 de mayo de 2023, llegaron al hato un grupo de 10 a 12 personas armadas, en una camioneta Ford, con la intención de llevarse todo. Tomaron posesión sin presentar ningún documento que los acreditara. Solo se identificó uno como Nelson Chacón, quien manifestó que eran órdenes de arriba y obligó a los trabajadores a entregar las llaves de depósitos, de los cuartos y la oficina, bajo amenaza.

Esa misma noche llegó la Guardia Nacional y se llevó al administrador del hato por su seguridad. Al día siguiente, mientras el administrador rendía declaraciones en el Comando de la Guardia Nacional de San Carlos, los invasores desalojaron a los trabajadores por la fuerza y les dijeron que abandonaran las instalaciones.

Posteriormente llegó un camión y sustrajeron 10 caballos que eran usados para la faena, y los trasladaron al hato San Miguel, antiguo hato Piñero, expropiado en 2005; ahora está asignado al grupo empresarial de origen sirio, presidido por Hadi El Halabi Maklad y Amin El Halabi Maklad, quienes también poseen otros hatos y concesiones de granito en Cojedes.

Discrepancia entre políticas gubernamentales y prácticas particulares

Es importante resaltar la contradicción entre las acciones de estos particulares y los recientes esfuerzos del gobierno venezolano por corregir las expropiaciones pasadas. Mientras que el Estado busca reparar los errores de administraciones anteriores devolviendo fincas improductivas a sus antiguos propietarios, estos individuos actúan en contra de la justicia y la productividad, movidos únicamente por intereses personales y económicos.

La situación de las fincas productivas en Venezuela es un claro reflejo de las tensiones y desafíos que enfrenta el país en materia de derechos de propiedad y gestión de recursos, un tema que merece la atención y la acción inmediata de las autoridades competentes para garantizar la justicia y el desarrollo sostenible.



Economista venezolano Jesús Casique realiza colecta para la compra de insumos y medicamentos tras sufrir ACV



COMMENTS