La codicia, esa sed insaciable de riquezas, se ha convertido en un veneno que corroe los lazos familiares alrededor del globo. Lejos de ser una ficción, esta avaricia desmedida se manifiesta con especial virulencia en aquellos entornos donde el éxito económico ha florecido. Es el caso de la familia Carpentieri, de raíces italo-venezolanas, cuyo drama familiar ha trascendido fronteras, desembocando en procesos legales en Venezuela, Estados Unidos e Italia.
El legado de Carlo Carpentieri
Carlo Carpentieri, quien falleció el 23 de julio de 2022 en Italia, dejó tras de sí un importante patrimonio inmobiliario repartido entre Caracas, Guatire y Miami, además de territorio italiano. Sin embargo, a mediados de 2023, dos de sus hijos descubrieron una trama de despojo que señalaba a una de las hermanas, María Grazia Carpentieri, como la artífice de un elaborado fraude que dilapidaba la herencia paterna.
En el epicentro de la polémica se encuentran dos galpones en Miami, que según documentos presumiblemente adulterados, fueron transferidos el 26 de diciembre de 2017 a CCT Warehousing LLC, empresa de la cual María Grazia es la principal accionista. Este acto fue certificado por la notario Zoila R. Rosales del estado de la Florida. No obstante, una revisión de los movimientos migratorios de Carlo Carpentieri, respaldados por su pasaporte italiano, reveló que él no se encontraba en Estados Unidos en las fechas clave, lo que invalidaría cualquier firma presencial en los documentos legales.
Un fraude que traspasa fronteras
El descubrimiento del fraude en suelo estadounidense impulsó a los herederos a indagar sobre el resto de las propiedades, descubriendo irregularidades análogas en Venezuela. Dos galpones en Guatire, a solo treinta minutos de Caracas, también estaban siendo administrados ilegalmente por María Grazia. Los hermanos afectados acudieron al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) para iniciar un proceso de investigación detallado sobre fraude. También denunciaron el caso ante la Fiscalía del Ministerio Público, donde se abrió una investigación por fraude en la administración y venta de inmuebles.
Paralelamente, en Italia, se desvelaba un escenario similar, completando así un cuadro de delincuencia transnacional.
Omar Jiménez, exfiscal del estado Miranda y experto en investigación criminal, señala que estas tragedias son moneda corriente en los tribunales. De cada cien casos de fraude, al menos cincuenta surgen de disputas hereditarias con hijos involucrados. “La falsificación de documentos y la complicidad de funcionarios y abogados son herramientas comunes para quienes están cegados por la ambición”, sostiene Jiménez. Aunque las investigaciones pueden prolongarse por años, la experiencia dicta que la ciencia forense y la perseverancia suelen desenmascarar a los culpables y revertir los daños causados.
El caso Carpentieri no es un hecho aislado. En 2020, se reportó un incidente similar con una mujer, pareja de un empresario hotelero en Caracas, quien intentó apropiarse del legado empresarial mediante la falsificación de un certificado de matrimonio. La falsedad quedó al descubierto cuando se verificó que el empresario estaba en Portugal en la fecha del supuesto enlace, lo que llevó a los hijos del difunto a presentar evidencias concluyentes de la estafa.
La pesquisa internacional
La fiscalía del Ministerio Público de Venezuela ha abierto un expediente para investigar el posible fraude en la administración y venta de los inmuebles que pertenecían a Carlo Carpentieri. En este intrincado laberinto de engaños, las pesquisas han cruzado el Atlántico, tejiendo una red de implicaciones legales que también abarca tierras italianas.
Omar Jiménez, con su profundo conocimiento en derecho penal, relata que no es raro encontrar entre los entramados judiciales a hijos que, cegados por el lujo y el poder, fabrican trampas legales para desplumar el nido familiar. “Es una práctica habitual el uso indebido de influencias y la falsificación documental para consumar estos actos ilícitos”, explica el ex fiscal superior del estado Miranda.
Jiménez afirma que aunque el camino hacia la justicia puede ser prolongado, las herramientas de la investigación científica suelen ser decisivas para desenredar la madeja de la corrupción. Con firmeza, asegura que a menudo estos ardides se desmoronan ante la rigurosidad de las pruebas, llevando a los responsables ante la justicia.
Es imposible ignorar las similitudes con el caso de alto perfil ocurrido en 2020, cuando la concubina de un empresario hotelero, en un intento desesperado por heredar un imperio, intentó engañar a la justicia con documentos matrimoniales fraudulentos. Pero la verdad salió a la luz cuando se reveló que su supuesto esposo estaba en Portugal durante la fecha del ficticio matrimonio. Los herederos legítimos desenmascararon la farsa, poniendo en evidencia la trama de la impostora.
El criminólogo Luis Izquiel advierte que en este tipo de casos hay miembros de una familia que, arropados de poder y ambición, buscan la manera de cometer ilícitos y apoderarse de bienes y fortunas en complicidad con funcionarios de registros y notarías.
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