Un tribunal de arbitraje internacional ha fallado a favor de las multinacionales españolas en una demanda contra el Estado venezolano.
En un fallo del 24 de marzo, un tribunal de tres personas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial ordenó a Caracas pagar 1.600 millones de dólares estadounidenses a Agroinsumos Ibero-Americanos SL, Inica Latinoamericana SL, Proyefa Internacional SL y Verica Atlántica SL por la toma de posesión en 2010 de sus activos en la nación caribeña, reveló Ricardo Vaz en Venezuelanalysis.
Las cuatro empresas presentaron una demanda conjunta ante el CIADI en 2016. El laudo se basa en la valoración de los activos por parte del tribunal, así como en los intereses acumulados. Venezuela también ha sido condenada a cubrir las costas legales del proceso.
Según Law360 , el tribunal determinó que el país sudamericano había violado su tratado de inversión con España. Sin embargo, el portal de asuntos legales informó que el árbitro designado por Venezuela, Gabriel Bottini, «disintió parcialmente» de la decisión por motivos jurisdiccionales, alegando que las empresas estaban estructuradas de manera que no se trasladaron fondos o activos extranjeros a Venezuela.
Asimismo, integraron la junta Horacio Grigera Naón, designado por los demandantes, y el presidente del tribunal, Eduardo Zuleta.
La principal empresa agroindustrial española en Venezuela era Agroisleña de Agroinsumos Iberoamericanos, que suministraba semillas, fertilizantes y otros insumos a los productores rurales. Fue fundada en 1958 y creció hasta establecer una posición de monopolio con más de 60 silos y centros de distribución.
En octubre de 2010, el gobierno anterior de Hugo Chávez acusó a la corporación de abusar de su posición dominante en el mercado y decretó su expropiación como un paso para apoyar a los pequeños agricultores e impulsar la soberanía alimentaria. La empresa nacionalizada se denominó Agropatria.
La medida del líder socialista fue parte de una ofensiva mayor para establecer un mayor control estatal sobre la economía con tomas similares de tierras ociosas y otros activos corporativos multinacionales.
Aunque Agropatria inicialmente incrementó el acceso a insumos para pequeños productores y movimientos rurales, la crisis económica y la constante dependencia de las importaciones de la empresa hicieron que enfrentara severas dificultades.
La empresa también comenzó a recibir fuertes críticas de las comunas y otras organizaciones populares por dirigir sus escasos suministros a productores a gran escala, así como por participar en prácticas de especulación y contrabando.
Con el gobierno de Maduro recurriendo a medidas ortodoxas para estabilizar la economía en los últimos años y cortejando cada vez más el capital privado, Agropatria se transfirió a Agrollano 2910 en 2020. La empresa privada anteriormente poco conocida supuestamente recibió la red de locales y activos de Agropatria en un plazo de 20 años. concesión bajo el modelo de la llamada “alianza estratégica”.
El proveedor de insumos agrícolas ha sido una de varias empresas anteriormente nacionalizadas que el ejecutivo volvió a poner en manos privadas. Las medidas han generado acalorados debates , ya que las organizaciones de izquierda reclaman las dificultades económicas y las sanciones estadounidenses brindan cobertura para favorecer los intereses capitalistas.
Por su parte, el fallo del CIADI del 24 de marzo fue el último de una serie de reveses para Venezuela en la corte con sede en Washington DC.
Aunque Caracas se retiró oficialmente de la convención del CIADI en 2012, sigue estando sujeta a reclamos debido a tratados bilaterales que establecen al organismo como el lugar para resolver disputas. El tribunal de arbitraje ha fallado abrumadoramente a favor de las corporaciones, aunque Venezuela ha logrado reducir algunos laudos en apelación.
La adjudicación más grande fue una suma de $9,700 millones otorgada a ConocoPhillips por la nacionalización de sus activos en la Faja Petrolífera del Orinoco en 2008. La defensa de Venezuela se ha visto obstaculizada por el reconocimiento por parte de Estados Unidos del autoproclamado “presidente interino” Juan Guaidó y la aceptación de representación paralela por parte del CIADI. El político respaldado por Estados Unidos ha sido criticado por poner en peligro los activos del país, y las sospechas de colusión también recaen sobre las acciones legales de su equipo.
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