La Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, en su rol de máxima instancia penal, emitió un veredicto el pasado 29 de diciembre sobre el sonado descalabro financiero del Banco Peravia. Aunque el dictamen se mantuvo en reserva hasta finales de febrero, posiblemente por su extenso contenido de 426 páginas, ha dejado una impresión ambivalente. La sentencia ratifica la culpabilidad de cinco ciudadanos dominicanos, sin embargo, las penas impuestas han resultado ser menos severas de lo esperado.
Los ejecutivos del banco, Nelson Serret Sugrañez, Yesenia Serret Aponte, Jorge Serret Sugrañez y Carlos Alberto Serret Sugrañez, enfrentarán siete años tras las rejas y deberán abonar multas que alcanzan los dos millones de pesos dominicanos, unos 34 mil dólares aproximadamente. Por otro lado, Paucides Donato Morales ha sido condenado a dos años de prisión. Todos ellos se encuentran actualmente bajo arresto domiciliario. Las penas solicitadas por la fiscalía y los representantes legales de alrededor de cincuenta víctimas ascendían hasta los veinte años de cárcel, y en el caso de Morales, hasta diez años. Sin embargo, estas demandas no se materializaron, reveló Javier Ignacio Mayorca en El Estímulo.
Justicia incompleta
Gabriel Jimenez Aray
Además, los individuos identificados como los artífices principales del fraude no han comparecido ante la justicia dominicana. Entre ellos se encuentran los venezolanos Gabriel Arturo Jiménez Aray, quien fue considerado como el máximo dirigente del banco; José Luis Santoro, presidente y accionista mayoritario; Daniel Alejandro Morales Santoro; Lorenzo Alejandro Laviosa López; Luis Manuel Peña Melo y Luis Herrera Valerio. El Banco Peravia, fundado en 1987 y operando inicialmente en la localidad de Baní, experimentó una transformación en 2008, pasando a ser el Banco Peravia de Ahorro y Crédito. En aquel entonces, Venezuela, bajo un estricto control de cambio, se posicionó como el segundo país exportador de capitales ilícitos del hemisferio occidental, solo detrás de México, según Global Financial Integrity.
Los delitos imputados en el caso Peravia incluyen el uso de documentos falsificados, fraude bancario, estafa agravada, abuso de confianza, asociación de malhechores y lavado de dinero. Según el abogado César Amadeo Peralta, uno de los acusadores privados, el banco empleaba tácticas como emitir certificados falsos a los ahorrantes o no reportar los depósitos en su contabilidad oficial, manteniendo una doble contabilidad. Peralta señaló que hasta el último momento, los principales responsables del Banco Peravia contaron con la complicidad de funcionarios dominicanos corruptos, quienes facilitaron la fuga de los implicados hacia Panamá y posteriormente a Venezuela.
Jiménez Aray finalmente se entregó a las autoridades estadounidenses, quienes también investigaban el caso como parte de un esquema más amplio de saqueo del erario público venezolano. De acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU., el Banco Peravia servía para blanquear fondos de sobornos relacionados con Petróleos de Venezuela (PDVSA). En 2014, el banco colapsó, dejando a 5.813 ahorristas afectados y pasivos por valor de 27,7 millones de dólares. Jiménez fue condenado en Florida a tres años de prisión en 2018 y, tras cumplir su condena, se esperaba su extradición a República Dominicana, lo cual no ocurrió, y actualmente se cree que reside en Chicago, comprometido a testificar contra otros venezolanos en territorio estadounidense.
A juicio de analistas, el del Banco Peravia es un claro ejemplo de la falta de diligencia de las autoridades dominicanas, que se han conformado con imponer sentencias leves por delitos de gran magnitud. Otros bancos como el Banco di Orinoco NV de Curazao y el Nodus Bank de Puerto Rico, que entró en insolvencia a finales de 2023, también están implicados en esquemas similares con empresarios venezolanos captando fondos de compatriotas desesperados por sacar su dinero de una Venezuela con una economía altamente controlada por el Estado.
Otros ejemplos incluyen el Stanford Bank y el Boi Bank de Antigua, el All Bank de Panamá y la Banca Privada de Andorra, donde aún reposan más de 10.000 millones de dólares de renta petrolera venezolana. Curiosamente, el primero en la lista construyó un lujoso edificio en la zona financiera de El Rosal, que tras su intervención en 2009, fue entregado al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.
Según expertos, el caso del Banco Peravia es un reflejo de la corrupción y la impunidad que prevalece en la región. A pesar de las pruebas y las condenas, los verdaderos responsables del desfalco siguen libres, disfrutando de las ganancias de sus crímenes, mientras que las víctimas siguen esperando justicia. Es un recordatorio de la necesidad de fortalecer las instituciones y los sistemas de justicia para prevenir y castigar este tipo de delitos.
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