Javier Cremades, su relación con Venezuela y las polémicas en torno a este abogado español

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El abogado español Javier Cremades goza de mucho prestigio en Madrid. El jurista está vinculado a los líderes opositores venezolanos Juan Guaidó y Leopoldo López, así como también al embajador designado por Guaidó en España, Antonio Ecarri.

Cremades fue el abogado de Leopoldo López, luego de su huida de Venezuela, cuando se presentó en España para solicitar protección y asilo político, pero ya lo era desde mucho antes.

El llamado Gobierno interino de Juan Guaidó le asignó al abogado español la responsabilidad de recuperar activos de Venezuela en España, de los cuales recientemente el Gobierno de Nicolás Maduro ha reclamado algunas cuentas bancarias.

No se conoce a ciencia cierta qué o cuánto ha logrado recuperar Cremades con sus gestiones y se desconoce el destino o la administración de esos fondos o activos.

El hecho de estar ligado a la derecha en Madrid, no ha sido impedimento para que Cremades sea abogado de López, cuyo partido, Voluntad Popular, ideológicamente fue concebido como de tendencia izquierdista y pertenece a la Internacional Socialista.

Aunque Cremades no puede contarse en la lista de mejores amigos del exjuez español Baltasar Garzón, las diferencias que pudieran haber entre ellos han sido por lo menos dejadas a un lado en algunas actividades para las que Cremades ha invitado a Garzón, en un gesto quizás de intentar congraciarse con el exjuez, quien actualmente es pareja de la fiscal general española, Dolores Delgado.

Crítico del Gobierno de Pedro Sánchez

En enero de 2019, Javier Cremades, como abogado de la defensa internacional del líder opositor venezolano Leopoldo López, lamentó la «torpeza» del Gobierno español al no haber estado «en la vanguardia de los países libres» que reconocieron a Juan Guaidó como nuevo presidente de Venezuela.

Leopoldo López, explicaba Cremades a Efe, seguía en arresto domiciliario, «privado de derechos civiles y políticos, pero confiado en que la ventana de oportunidad que se ha abierto se materialice en una salida a la crisis del país».

Guaidó, que se autoproclamó presidente interino de Venezuela, ha sido miembro de Voluntad Popular, el partido fundado por López y que asumió a principios de 2019 la presidencia de la Asamblea Nacional de Venezuela.

«Es un momento de mucha esperanza, de ver que el mundo entero esta acudiendo en rescate de una gran democracia ahora mismo secuestrada por un régimen tiránico», subrayó Cremades en 2019.

El abogado creía que España estaba «tardando demasiado» en reconocer a Guaidó como nuevo presidente y consideraba que no podía parapetarse detrás de la UE.

Abogado polémico

Nunca estuvo más acertado el adagio popular «Dios los cría y ellos se juntan». En febrero de 2019 tuvo lugar en España el World Law Congress, organizado por la World Jurist Association (WJA), una organización internacional de juristas presidida por el letrado español Javier Cremades. Hasta aquí todo normal si no fuese por al acentuado descenso de prestigio profesional de dicho letrado, según confirmaron fuentes de toda solvencia a Diario16.

Un congreso de abogados en el que, se llegó a premiar a Felipe VI en un acto con todos los fastos imaginables celebrado en el Teatro Real de Madrid. Sin embargo, en el acto de celebración del Día Internacional de la Abogacía, que tuvo lugar en Málaga, fueron galardonadas algunas personas que, sorprendentemente, guardan una relación entre sí, tanto personal como profesional, incluso, en algunos casos, diplomática, reseñó Roberta Biancarelli en Diario16.

En un evento en el que estaban presentes juristas de los distintos ámbitos de la Justicia, recibieron galardones diferentes personalidades que se corresponden con los intereses cruzados existentes entre Saracho, Venezuela, Baltasar Garzón y una pequeña facción del Opus Dei utilizada por Cremades.

Sorprende que una asociación del prestigio de la WJA haya elegido como presidente al abogado español, puesto que, según fuentes de probada solvencia consultadas por Diario16, se trata de un letrado con una cada vez más elevada devaluación ética en España porque, en más de una ocasión, ha incumplido compromisos adquiridos con profesionales de reconocida solvencia en el país ibérico —aunque alejadas del foco mediático.

Respecto a sus clientes tampoco ha tenido un comportamiento muy cercano a los principios deontológicos que se exigen a los profesionales del derecho, tal y como pudieron comprobar algunos afectados del Popular que se unieron a la plataforma que creó y que la abandonaron tras enterarse de que Cremades tenía conflicto de interés con el Santander, tal y como manifestó en su nombre una asociada de su despacho en una reunión en la ciudad de Almería. Por esta razón, sigue sorprendiendo que significados damnificados en la operación diabólica del Santander, de la JUR y el relajamiento de responsabilidades de todo el Congreso de los Diputados, con algunas escasas excepciones, continúen creyendo y mantengan su relación con este despacho.

En los últimos tiempos, don Javier, ilustre malagueño, trabaja como lobista de algunas facciones de la oposición venezolana, como lo demuestra su actividad como promotor de encuentros, a través de una ciudadana magrebí, con importantes personalidades de Venezuela, sobre todo por su cercanía con el padre de Leopoldo López, asiduo a estos encuentros, junto con algunos de los «bolichicos» venezolanos que operan en España y que se enriquecieron expoliando los recursos de Venezuela a través de la red de corrupción creada por el ex ministro Rafael Ramírez (apoyado por algunos presidentes y compañías petroleras, energéticas, constructoras e ingeniería españolas).

En el evento de Málaga, Jorge Neri, uno de los boliburgueses que fue socio del ex presidente de PDVSA, hecho que consta en la documentación que obra en manos de Diario16, recibió un galardón. Fue el propio Javier Cremades quien se refirió al empresario venezolano como «gran adversario intelectual del régimen de Maduro», toda una declaración de intenciones cuando minutos antes el abogado malagueño afirmó que iba luchar sin descanso para denunciar los focos de tiranía y se refirió directamente al actual presidente de Venezuela, cuando podía haber mirado a algunas entidades financieras y despachos del propio Madrid.

Cuando le entregó el premio al abogado venezolano, ¿estaba reconociendo que hay bolichicos que están financiando a la oposición? Si esto fuera así sería una mala noticia para Juan Guaidó, puesto que su «presidencia interina» perdería legitimidad de cara al pueblo porque estaría recibiendo dinero de quien, junto a Ramírez, Baldo Sansó o Nervis Villalobos, expoliaron los recursos del país para llevar ahora una vida de multimillonarios.

Esto lo sabe Guaidó, según fuentes consultadas por Diario16 en el entorno opositor, Guaidó está en condiciones de denunciar y reclamar las cuentas de estos bolichicos en Hong Kong, Panamá, República Dominicana, Miami, Emiratos Árabes, España, Francia, Marruecos, Rusia, Irlanda, Reino Unido, Italia o Luxemburgo.

Que Cremades hablara así de su preferido cliente latinoamericano es sorprendente cuando es un hombre que tiene abiertas investigaciones judiciales en España, Luxemburgo y los Estados Unidos en referencia a un presunto blanqueo de dinero a través de un canal de flujo que se inicia en Hong Kong, pasa por el principado centroeuropeo y gran parte termina en España, en algunas ocasiones para cubrir con capital importantes pérdidas increíblemente millonarias de algunas de las empresas en las que participa mayoritariamente en una más que demostrada administración desleal.

Hablar de los bolichicos que operan en España es hacerlo también de Rafael Ramírez y las relaciones con éste las tiene otro de los premiados en el evento de Málaga: Baltasar Garzón. Ya referimos en estas páginas cómo su situación es complicada por la retirada de su visado en Mónaco. Por esta razón, un hombre que está reclamado por la Justicia de varios países, sobre todo en Venezuela y Estados Unidos, por presuntos delitos relacionados con la corrupción y el lavado de dinero, necesita un país donde residir, un país donde sabe que tiene la protección política de la derecha y la empresarial de los socios a los que hizo millonarios y que están afincados en España.

La situación de Ramírez en España, sin embargo, tampoco sería fácil desde el punto de vista legal y, por esta razón, además de la protección política y empresarial necesita la judicial. Para ello, según fuentes consultadas por Diario16, el entorno de Ramírez se habría puesto en contacto con el ex juez Baltasar Garzón para que intentara llegar a un acuerdo con la Justicia española. Según las mismas fuentes, el acuerdo que se negoció pasaba por la entrega del ex presidente de PDVSA a las autoridades españolas, aceptar un año de cárcel y luego la libertad disfrutando de la totalidad de la fortuna que amasó a costa del actual oprimido pueblo venezolano.

Siguiendo con las «casualidades», Garzón y Ramírez tienen relaciones con la República Dominicana a través del ex presidente Leonel Fernández quien, tal y como indicó Diario16, es sospechoso de haber participado en diferentes tramas corruptas. Ya comentamos la relación entre Garzón y el ex presidente dominicano y cómo llevó al abogado de Saracho a ser ponente o conferenciante en la FUNGLOBE de Fernández.

En el evento en el que se nombró a Javier Cremades como presidente de la WJA, fue ponente otro hombre de Leonel Fernández y del Banco Popular dominicano: Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Viajó sólo para ser ponente, ¡qué casualidad! Durante su mandato se dictó una sentencia (168-13) que retiraba la nacionalidad dominicana a todo hijo de haitiano nacido en la RD después de 1930, una sentencia que está siendo estudiada como contraria a los derechos humanos.

Por tanto, si José Francisco Peña Gómez, una de las figuras políticas más importantes del país en el siglo XX, presidente de la Internacional Socialista, viviese en la actualidad hubiese perdido su nacionalidad. Este hecho es importante porque en la biografía de Milton Ray Guevara, Peña Gómez fue muy importante, puesto que le sacó de la pobreza en Samaná y le ayudó a estudiar en París, además de que ejerció durante dos mandatos un cargo de senador. Sin embargo, desde hace años, se encuentra a las órdenes del enemigo político número 1 de Peña Gómez y de todo lo que éste representó: Leonel Fernández.

La relación entre el ex presidente dominicano y Rafael Ramírez fue más intensa de lo que pueda parecer. A través de la documentación que obra en poder del departamento de investigación de Diario16, se puede llegar a demostrar las cantidades cobradas, vía comisiones, y justificadas por el suministro de crudo de PDVSA a República Dominicana a mitad de precio y con pago de Leonel a la petrolera de Ramírez a cambio de habichuelas, huevos y pollos que, en la mayoría de los casos, el gobierno de Leonel nunca enviaba. Sin embargo, el pueblo dominicano continuaba pagando el combustible a un alto precio.

No fue casualidad la presencia en este evento de Milton Ray, Javier Cremades, Baltasar Garzón y el abogado venezolano socio de Ramírez, sobre todo cuando Jorge Neri ha incumplido un contrato de más de un millón de euros en República Dominicana y un acuerdo contractual que ha sido jurídicamente calificado de estafa.

Otra personalidad con la que tiene mucha relación Javier Cremades es un académico, ex presidente de un importante grupo de comunicación controlado por el Santander, quien, evidentemente, también fue premiado en el evento de Málaga.

Como podemos comprobar, el «ilustre» malagueño ha creado una especie de lobby en el que va uniendo lazos entre personalidades que tienen intereses comunes y que, definitivamente, favorecen a los intereses de los poderosos. Su interés por la oposición venezolana y por lograr financiación llevando al padre de Leopoldo López allá donde puede no está derivado por un altruismo ideológico porque Cremades no es Robin Hood. Rodearse de los boliburgueses, desde luego, lo que hace es desprestigiar la legítima lucha de quienes están en contra de Nicolás Maduro porque esos fueron los que se enriquecieron con la corrupción de Ramírez y huyeron cuando el actual presidente de Venezuela sucedió a Hugo Chávez.

Es curioso que un abogado que dice que hay que proteger la independencia de la Justicia, sea el defensor o el asesor de personajes acusados de, entre otras cosas, blanqueo de capitales o que haga lobby para potenciar la imagen de estas personas que se quitaron la camisa roja bolivariana para colocarse camisas de seda y trajes de Brioni gracias a los miles de millones de dólares que expoliaron al pueblo que se agolpó en la frontera con Colombia para conseguir comida y medicamentos.

Recuperación de activos de Venezuela

«En Venezuela hay una guerra», dijo Javier Cremades en marzo de 2019. «No es una guerra con tanques en las calles, pero sí una guerra entre la fuerza y el derecho», comentó el presidente y fundador de Cremades & Calvo-Sotelo Abogados.

Juan Guaidó ha contratado al despacho español con el objetivo de tratar de confiscar bienes en España del chavismo que habrían sido desviados de forma ilícita de las arcas del país, reseñó en 2019 Alberto Ortín en Vozpópuli.

«Hay ya en marcha una acción legal en el exterior de Venezuela que tiene que ver con esta búsqueda y denuncia de bienes extraídos de forma presuntamente irregular», explicó Javier Cremades. España, Colombia y Estados Unidos serían los países a los que mayor cantidad de estos bienes públicos de Venezuela se habrían desviado.

Javier Cremades es crítico con la posición del Gobierno de Pedro Sánchez frente a la relación diplomática que mantiene España con Venezuela. «Por una parte ha reconocido a Guaidó como presidente de Venezuela, pero mantiene la legitimidad de los representantes del Gobierno de Maduro en la Embajada en España», lamentó. «Los bienes y la embajada venezolana en España están bajo el control de Maduro», añadió.

Cremades se convirtió en el año 2016, junto con el ex ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en el abogado del líder opositor venezolano, encarcelado, Leopoldo López. Gallardón y Cremades trataron de entrevistarse en la cárcel con su cliente, pero se les denegó el acceso.

Relaciones con el «interinato» venezolano

Juan Guaidó ha encargado al despacho Cremades & Calvo-Sotelo que emprenda acciones para congelar activos del chavismo en España. Juan Carlos Gutiérrez, abogado de Leopoldo López y de los presos políticos del chavismo y socio de Cremades & Calvo-Sotelo, es el apoderado de Guaidó en esta causa. El bufete recibió en 2019 un mandato del procurador especial de la República de Venezuela que les apoderó mercantilmente y que le permitió plantear acciones en la Audiencia Nacional española contra la red de blanqueo de dinero del chavismo, con el fin de acusar a colaboradores internos y externos de constituir supuestamente una gran organización criminal de desvío de fondos que pertenecen a todos los venezolanos.

Gutiérrez también recibió el encargo de Guaidó de liderar el proceso de recuperación de activos en la Unión Europea, para lo que estuvo en contacto con representantes diplomáticos designados por Guaidó, y realizó un análisis legal de la legislación internacional, española y venezolana. Con ello exigieron a las autoridades competentes en España y otros países que incauten bienes a empresas y personas físicas relacionados con la corrupción y el lavado de dinero, cuentas, inmuebles, acciones y obras de arte; obedeciendo a la Ley de Recuperación de Activos promulgada por la Asamblea Nacional opositora.

¿Quién es Cremades?

Javier Cremades García, nacido es Ceuta en 1965, es un abogado español, fundador y presidente del bufete internacional Cremades & Calvo Sotelo y presidente de la World Jurist Association.

Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga y Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Regensburg (Alemania), Doctor en Derecho por la UNED (España) y Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional de Valencia (España).

En 1989 se incorporó a la Cátedra de Derecho Público de la Universidad de Ratisbona como asistente científico del Catedrático Rainer Arnold, quien sería su director de tesis. Su tesis doctoral, Los límites de la libertad de expresión en el ordenamiento jurídico español versaba sobre la libertad de expresión. Tras finalizar sus estudios doctorales en Alemania se instaló en Madrid en 1993, ligando su carrera académica a los constitucionalistas españoles Antonio Torres del Moral y Manuel Aragón Reyes. Impartió clases de derecho constitucional durante 15 años en la Universidad Carlos III y en la UNED, y más adelante creó y dirigió los programas de postgrado “Master en Negocio y Derecho de las telecomunicaciones, Internet y Audiovisual” (desde 1997), «Master en Negocio y Derecho de la energía» (desde 2007) y “Máster en Dirección de Asesoría Jurídica de Empresas” (desde 2007).

Formó parte del bufete Garrigues entre 1993 y 1995, colaborando en relaciones internacionales y en la conformación y práctica del derecho de las telecomunicaciones. Como abogado experto en libertad de expresión desarrolló una labor en defensa de medios de comunicación y periodistas (Grupo Prisa, ABC, El Español, Asociación de Editores…); e igualmente representó a compañías internacionales del sector de las telecomunicaciones cuando España liberalizó su mercado. Una de las vertientes más conocidas de su actividad profesional ha sido liderar la defensa internacional del opositor venezolano Leopoldo López, y diversas acciones internacionales como el Manifiesto Internacional de Juristas para pedir la liberación inmediata de López.

Ha sido defensor de accionistas e inversores, siendo el promotor de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas, AEMEC, de la que es Secretario General. En este aspecto destacó por asumir la defensa de los afectados por el Caso Madoff y ser elegido presidente de la Madoff Case Global Law Firm Alliance, que engloba a 34 firmas de 21 países. Ha trabajado como asesor en la redacción de los ordenamientos jurídicos de diversas naciones. Es presidente de la Asociación Española Eisenhower Fellowships. En 2019 presidió el World Law Congress junto con Javier Solana y fue elegido presidente de la World Jurist Association.

Es autor y coordinador de numerosas publicaciones académicas en Derecho Público (especialmente sobre las libertades de expresión e información) y en Derecho Privado, en particular sobre sociedades mercantiles. También ha sido colaborador asiduo y articulista en diversos medios de comunicación (El País, El Mundo, ABC, Expansión, Diario 16, El Tiempo o CNN)

Entre las publicaciones a destacar se encuentran aquellas relacionadas con la irrupción digital: El Paraíso digital (Plaza y Janés, 2001) y Micropoder: La fuerza del ciudadano en la era digital (Espasa Calpe, 2007) y con más autores: E- abogacía junto a Enric Badia (La Ley-Actualidad, 2007); Régimen jurídico de internet (Wolters Kluwer 2001), junto a Miguel Fernández Ordoñez y Rafael Illescas y El planeta internet (Arguval, 2002) junto a Marian Carnicer y Santiago Rodríguez Bajón.

Su especialización doctoral en los términos de la libertad de expresión le llevó a publicar, entre otros: Los límites de la libertad de expresión en el ordenamiento jurídico español (La Ley-Actualidad, 1995) y el Derecho de las telecomunicaciones (La Ley-Actualidad, 2002) y junto a Pablo Mayor La liberalización de las telecomunicaciones en un mundo global (Wolters Kluwer/Ministerio de Fomento, 1999). Sus intereses también han abarcado el mundo de las relaciones con China: China y sus libertades, un dilema para el siglo XXI (Espasa Calpe, 2008) y el sector de la energía: La energía secuestrada (Pearson Editores, 2013).

Es director editorial de la colección «“Derecho de las Telecomunicaciones” y forma parte del consejo editorial de la “Revista Española de Derecho de las Telecomunicaciones” y de la “Revista de la Contratación Electrónica”.


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