Corrupción y silencio: el legado del «gobierno interino» de Juan Guaidó

Corrupción y silencio: el legado del «gobierno interino» de Juan Guaidó

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El gobierno interino de Juan Guaidó, que se autoproclamó «presidente encargado» de Venezuela con el apoyo de unos 60 países, ha dejado un rastro de acusaciones de corrupción, malversación y falta de transparencia. A pesar de contar con respaldo diplomático y económico internacional, Guaidó no logró su objetivo de desplazar del poder al presidente Nicolás Maduro, y ahora su figura se ha desvanecido ante la opinión pública.

Desde el año 2019, varias agencias internacionales han denunciado las irregularidades y los negocios turbios que rodean al entorno de Guaidó, pero la oposición venezolana, los medios aliados y el propio Guaidó han guardado silencio al respecto. Uno de los casos más emblemáticos es el que reveló el diario estadounidense The Washington Post en enero de 2021, que involucra a dos empresarios radicados en Miami y designados por Guaidó para gestionar y recuperar los activos venezolanos en Estados Unidos.

Los 40.000 millones de dólares en juego

Según la investigación del Post, los empresarios Fernando Blasi y Javier Troconis, que ostentaban el título de «comisionado presidencial para la Gestión y la Recuperación de los Activos en Estados Unidos», habrían participado en una supuesta trama de corrupción que ascendería a 40.000 millones de dólares. Esta cifra correspondía al valor estimado de los bienes y las deudas vinculados a la compañía petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, que fueron congelados por el gobierno de Estados Unidos como parte de las sanciones contra el gobierno de Maduro.

El Post se basó en más de 20 entrevistas y el análisis de documentos, entre los que se incluyen posibles contratos, numerosos acuerdos y pagos de grandes e inusuales sumas de dinero. Los principales testigos de estos hechos fueron los empresarios Jorge Reyes y Pedro Antar, que representaban a un consorcio de empresas radicadas en Miami, llamado Caribbean Recovery Assets (CRA), que pretendía hacerse con el control de los activos venezolanos en el Caribe.

Reyes y Antar contaron al Post que en 2019 recibieron una lista de «demandas impactantes» por parte de Blasi y Troconis, entre las que se encontraba un pago por adelantado de 750.000 dólares a una compañía de Florida que era copropiedad de Magin Blasi, hermano del funcionario de la embajada venezolana controlada por Guaidó en Washington. Además, esa empresa se convertiría en socio, compartiendo una comisión del 18% que los hombres habían negociado con los funcionarios de Guaidó.

Magin Blasi Blanchard, el empresario señalado de planear el saqueo de fondos de Venezuela en Petrocaribe

Las investigaciones y las negativas

Blasi y Troconis negaron haber actuado de manera ilegal y acusaron a Reyes y Antar de ser "enemigos" de Guaidó. Sin embargo, sus denuncias fueron conocidas por primera vez por el sitio web Factores de Poder con sede en Miami, lo que provocó que el "gobierno interino" emitiera un comunicado en septiembre de 2020 desestimándolas por infundadas.

Ante la presión de algunos funcionarios, se realizó una investigación interna por parte de un comité de legisladores de la Asamblea Nacional controlada por la oposición. El informe preliminar del comité admitió la existencia de "irregularidades administrativas" en los tratos de Troconis con Reyes y Antar, pero no halló evidencia de corrupción. El comité recomendó una investigación adicional por parte de la oficina del contralor del gobierno.

El embajador de Guaidó en Washington, Carlos Vecchio, pidió al gobierno estadounidense que realizara una investigación propia del caso. Incluso Antar afirmó que fue contactado por el FBI. Por su parte, el fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, señaló a estos dos hombres de ser parte de una red que cobraría sobornos para "robar activos venezolanos en el Caribe". Según la Fiscalía, el Ministerio Público venezolano abrió una pesquisa contra cuatro funcionarios nombrados por Guaidó por intentar el cobro de sobornos para la firma de un contrato con CRA. Los cuatro son señalados por el gobierno de Maduro de pretender apoderarse de los activos de Venezuela en el Caribe, en aparente complicidad con Guaidó.

Saab afirmó en septiembre de 2020 que "este supuesto gobierno interino fue puesto por Estados Unidos para incursiones armadas fallidas, para el sabotaje a la industria petrolera y el sistema eléctrico. Actúan para despojar todo lo que puedan conseguir para las transnacionales".

Otros casos de corrupción

Este no es el único caso de corrupción que salpica al entorno de Guaidó. Exfuncionarios de su "gobierno" mostraron su preocupación por al menos otros dos acuerdos negociados por Troconis. Uno de ellos es el que confirmó el gobierno de Paraguay el 5 de enero de 2021, según el cual emisarios de Guaidó ofrecieron reducir a la mitad la deuda que PDVSA reclama a Paraguay, de 265 millones de dólares según Asunción, y que no se llegó a un acuerdo por entender que existía una falta de "personería jurídica" en esa recuperación de activos. El jefe de Gabinete de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, informó que en noviembre de 2019 se produjo esa reunión en Asunción con representantes de Guaidó, entre ellos Troconis.

Pese a las acusaciones y a los señalamientos, Juan Guaidó no se ha referido al tema. Su silencio contrasta con su discurso de lucha contra la corrupción. Su credibilidad y su legitimidad se han visto seriamente afectadas por estos escándalos, que evidencian la falta de ética y de transparencia de su extinto "gobierno interino".

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