Continúa histórico juicio contra la Banca Privada d’Andorra por blanqueo

Continúa histórico juicio contra la Banca Privada d’Andorra por blanqueo

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El pasado mes de junio se inició en Andorra el juicio contra BPA. Después de varios intentos fallidos, finalmente, los 24 extrabajadores de la Banca Privada d’Andorra, acusados de blanquear, presuntamente, cerca de 70 millones procedentes de la mafia china de Gao Ping, se han sentado en el banquillo de los acusados en un procedimiento histórico que enfrenta al gobierno del principado con su banca. Así lo reseña un reportaje de El Taquigrafo.

El primero en declarar fue el exCEO de la entidad, Joan Pau Miquel, que estuvo respondiendo a las preguntas de las partes cerca de tres meses. El quid de la cuestión se ha centrado, a lo largo de todo este periodo, en defender los protocolos de control y de trazabilidad de blanqueo, así como los informes de los auditores externos que, en ningún caso durante los años investigados, detectaron ninguna anomalía en el proceder de la entidad. El foco se centra en las conocidas “operaciones de compensación”, una práctica de intercambio de efectivo que llevaba a cabo el banco, como las otras entidades andorranas, y que, según el fiscal, fueron el canal desde el que se blanquearon los millones de Gao Ping, todavía por juzgar en la Audiencia Nacional, informó Cuentas Claras Digital.

Y es precisamente en la causa española contra Gao Ping donde se encuentran las mayores contradicciones del caso BPA, ya que las acusaciones, acreditadas por la instrucción del caso Emperador en España, se centran en el fraude fiscal, un delito que no existía en Andorra en el momento en el que se produjeron los hechos que ahora se juzgan en el principado, y que por lo tanto no conllevaría un reproche penal para los trabajadores y responsables de la entidad bancaria.

Con todo, como ha quedado demostrado hasta la fecha, las versiones de los auditores, tanto internos como externos, también presentan varias contradicciones que beneficiarían a los acusados, ya que los organismos de control conocían perfectamente las operaciones que ahora se juzgan y las dieron por buenas. Los acusados siguen declarando en un procedimiento que se espera que dure varios meses más.


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