Según un exhaustivo informe del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense, que se intensificaron durante la administración del expresidente Donald Trump, desempeñaron un papel significativo en la profundización de la crisis económica venezolana. Estas restricciones, que, según Estados Unidos se habían iniciado en 2005 contra individuos y entidades relacionados con actos criminales, corrupción y comportamientos antidemocráticos, fueron ampliadas a un grado que contribuyó al éxodo masivo de aproximadamente 7.7 millones de venezolanos.
Esperanzas y obstáculos en el horizonte político venezolano
El gobierno de Joe Biden, heredero de estas políticas, ha buscado utilizar el levantamiento parcial de las sanciones como una herramienta para alentar al gobierno de Nicolás Maduro a permitir la realización de elecciones presidenciales libres y justas en 2024. No obstante, el informe subraya que el Gobierno de Venezuela no ha mostrado señales de estar dispuesto a facilitar la candidatura de María Corina Machado, ganadora de las primarias de la oposición en octubre pasado. A pesar de la flexibilización de algunas sanciones energéticas el 18 de octubre de 2023, que estarían vigentes hasta abril de 2024, la administración estadounidense ha advertido que podría revertir la medida si el gobierno venezolano no cumple con las condiciones de liberar a los presos políticos y permitir la participación de todos los candidatos en los comicios.
Como respuesta a estas presiones, a finales de noviembre pasado, el Gobierno de Venezuela anunció que los opositores inhabilitados podrían apelar ante el Tribunal Supremo de Justicia. María Corina Machado hizo uso de este recurso, pero hasta la fecha no se ha obtenido una resolución. Además, en diciembre, Maduro ordenó la liberación de un conjunto de detenidos, incluyendo 20 presos políticos venezolanos, 10 ciudadanos estadounidenses y Leonard Francis, un fugitivo de Estados Unidos implicado en un caso de soborno naval. En un acto recíproco, Estados Unidos liberó a Alex Saab, empresario colombiano y aliado de Maduro que enfrentaba acusaciones de lavado de dinero en territorio estadounidense.
El delicado equilibrio de las licencias y las negociaciones
El informe destaca que las acciones del Congreso de Estados Unidos no se limitan al monitoreo de la situación política en Venezuela, sino que incluyen también un análisis detallado de las sanciones específicas relacionadas con el terrorismo, tráfico de drogas, acciones antidemocráticas, violaciones de derechos humanos y corrupción. Desde 2019, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros ha estado emitiendo y modificando licencias que buscan facilitar transacciones específicas. Estas medidas buscan motivar al chavismo a negociar una salida electoral legítima. Por ejemplo, en mayo de 2022, se autorizó a Chevron a discutir posibles operaciones con Petróleos de Venezuela, lo que eventualmente llevó a permitir la reanudación de la producción y el comercio petrolero en noviembre de ese año. Además, como parte de los acuerdos de Barbados, se emitió una licencia temporal para transacciones relacionadas con el petróleo y el gas venezolano, y se facilitó el comercio de oro y de ciertos bonos y acciones de la empresa estatal.
El documento concluye que la reanudación del comercio de petróleo y el desarrollo del gas venezolano podrían beneficiar a aliados europeos y promover los intereses de seguridad energética de Estados Unidos. Estas licencias podrían revitalizar la economía venezolana y, por ende, disminuir la presión migratoria, otro interés clave de la política exterior estadounidense. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre si la administración de Biden extenderá estos permisos más allá de abril de 2024, ya que hay escepticismo entre algunos expertos sobre la voluntad del gobierno de Maduro de permitir elecciones que sean mínimamente competitivas.
La estrategia de sanciones y su repercusión en la diplomacia
El Servicio de Investigación del Congreso estadounidense también subraya que las licencias emitidas reflejan un compromiso complejo y calculado, con repercusiones importantes en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, así como en el trato a los detenidos en ambos países. Este enfoque estratégico busca equilibrar la presión internacional con incentivos que motiven un cambio político en Venezuela, en un contexto en el que la comunidad internacional observa con cautela los movimientos del gobierno venezolano.
Al final, el informe recalca la importancia de mantener una vigilancia estrecha sobre los avances del Gobierno venezolano respecto al acuerdo de Barbados, lo que sugiere que el Congreso estadounidense y el gobierno de Biden siguen comprometidos con la resolución de la crisis venezolana.
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