Chamel y José Gaspard Morell fugitivos y propensos a la evasión: conozca los casos de estafa, asociación criminal y lavado de dinero por los que ambos venezolanos son buscados por Interpol

Chamel y José Gaspard Morell fugitivos y propensos a la evasión: conozca los casos de estafa, asociación criminal y lavado de dinero por los que ambos venezolanos son buscados por Interpol

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El 22 de abril de 2022, el bufete Carey Rodríguez Milian LLP presentó ante el Tribunal de Circuito del Undécimo Circuito Judicial en y para el Condado de Miami-Dade, una demanda en representación de un inversor venezolano. Esta acusación señala a los hermanos José Gaspard Morell y Chamel Gaspard Morell, ambos venezolanos y con residencia permanente en Panamá, de haber tejido un complejo entramado de fraude y lavado de dinero. Los demandados enfrentan una reclamación que asciende a más de 41 millones de dólares, mientras son buscados por Interpol, mediante órdenes que advierten que se tratan de individuos propensos a la evasión, y en el caso de José Gaspard, de alguien violento y peligroso.

Abuso de confianza y desvío de fondos

Los hermanos demandados son José Gaspard Morell y Chamel Gaspard Morell, quienes en abril de 2018 lograron que el inversor les otorgara un poder general para reorganizar y gestionar sus inversiones y activos líquidos en Estados Unidos, con el pretexto de protegerlos y hacerlos crecer. Sin embargo, lejos de cumplir con su cometido, los hermanos Gaspard aprovecharon el poder para apropiarse de propiedades y dinero del inversor, mediante diversas sociedades controladas por ellos, tales como Sidney Enterprises Ltd., Summa Export Inc., Mega Store Premium Market Inc. y otras.

La demanda explica cómo los hermanos Gaspard realizaron falsas operaciones de venta de inmuebles comerciales e inversiones en facturas de la empresa petrolera estatal venezolana PDVSA, con el fin de que el inversor transfiriera millones de dólares a cuentas bancarias de su dominio. Asimismo, José Gaspard se adueñó ilegalmente de la compañía hipotecaria Yellowstone International Group Inc., que pertenecía al inversor, cambiando los certificados de acciones a su nombre con la colaboración de su abogada en Miami, y luego cobrando y desviando los pagos de las hipotecas.

La demanda también señala a la Fundación Guacuco, con sede en Panamá y controlada por José Gaspard, como cómplice del fraude. Según la demanda, esta fundación recibió y transfirió fondos del inversor, sin su conocimiento ni consentimiento, como parte del esquema de lavado de dinero.

En Panamá, los Gaspard Morell se enfrentan a juicios civiles y penales por la venta ficticia de espacios en el centro comercial Las Anclas Mall, localizado en el distrito de La Chorrera, incluyendo el caso en el que se apropiaron de 3.5 millones de dólares del demandante, sin entregar las acciones correspondientes.

Las Anclas Mall, La Chorrera

Reclamación de daños y medidas cautelares

El inversor, que se ha visto gravemente perjudicado por las acciones de los hermanos Gaspard, reclama una compensación de aproximadamente 41 millones de dólares, más intereses, por concepto de daños. Además, solicita daños punitivos por 123 millones de dólares, honorarios de abogados, costas judiciales, y medidas cautelares para impedir que los demandados continúen operando negocios con los fondos obtenidos ilícitamente.

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Procesos penales en Venezuela y alertas rojas

Los hermanos Gaspard no solo enfrentan una demanda civil en Florida, sino también varios procesos penales en Venezuela, por delitos relacionados con la venta de facturas de PDVSA. Estas facturas, en su mayoría, eran de imposible cobro, estaban infladas o eran falsas. Los hermanos Gaspard usaron notarías públicas panameñas para venderse entre sí las facturas de PDVSA, por un monto aproximado de 20 millones de dólares, para darles apariencia de legalidad. Luego, las vendieron a descuento a terceros inversionistas en Estados Unidos, a cambio de cuentas por cobrar de carteras hipotecarias de una reconocida financiera norteamericana, que les cedió tanto dinero como créditos hipotecarios de buena fe. Esta nueva estafa ascendió a unos 9 millones de dólares.

Los inversionistas afectados por esta operación demandaron a los hermanos Gaspard ante las cortes federales de Estados Unidos, por este y otros delitos, bajo la ley Rico, entre otras violaciones graves. El proceso está activo ante las cortes federales de Miami, bajo el número de caso local 2022-007510-CA-01 y bajo el número de caso estatal 132022CA007510000001.

En Venezuela, las autoridades han comprobado la falsedad de las facturas de PDVSA y han emitido órdenes de captura y solicitud de extradición de los hermanos Gaspard, por estos y otros delitos graves. Las autoridades panameñas fueron notificadas de la segunda alerta roja el 24 de enero de 2024, y de la primera alerta roja el 12 de diciembre de 2023. Esta segunda alerta se suma a la anterior, originada por delitos de estafa y asociación para delinquir por la cantidad de 3,5 millones de dólares, en perjuicio de familiares e inversionistas privados.

Los hermanos Gaspard han estado cobrando en Estados Unidos, durante los últimos años, la cartera hipotecaria que obtuvieron mediante esta nueva estafa, mientras que los dueños de las falsas facturas de PDVSA no han podido recuperar su inversión. Por el contrario, ahora deben aguardar los largos procesos judiciales en cada una de las jurisdicciones donde estos «empresarios» han cometido actos delictivos.

Detalles de los casos en Venezuela

Los hermanos Chamel Gaspard Morell y José Gaspard Morell son buscados por la justicia venezolana bajo cargos de estafa agravada, asociación para delinquir y agavillamiento. Según documentos judiciales venezolanos, los acusados habrían engañado a un inversor para que les entregara cerca de 12,5 millones de dólares en 2018, prometiéndole ganancias por contratos con la empresa petrolera estatal PDVSA, que nunca se materializaron.

Según la denuncia presentada por los fiscales públicos Renny Raúl Amundarain Durán, Luisana Crisbel Rojas Navas y Chanelly Cáceres, los hechos ocurrieron en dos momentos.

En abril de 2018, los hermanos Morell convencieron al inversor de que comprara acciones de una empresa, que supuestamente tenía contratos con PDVSA. El inversor accedió a pagar 3,5 millones de dólares por el 50% de las acciones, que fueron transferidos a una cuenta en el extranjero.

Los fiscales alegan que en noviembre de 2018, los acusados indujeron a un inversor a firmar varios contratos y realizar una inversión de aproximadamente US$9 millones, que fueron transferidos a cuentas internacionales proporcionadas por los hermanos Gaspard Morell. Los acusados presuntamente se comprometieron a devolver el dinero invertido más las ganancias después de recibir los pagos de la empresa petrolera estatal PDVSA por contrataciones, pero no cumplieron.

Los hermanos Gaspard Morell no le devolvieron ni el capital ni las ganancias que le habían prometido. Tampoco le entregaron los documentos que acreditaban la cesión de las facturas.

Como una forma alternativa de pago, los acusados ofrecieron ceder al inversor los derechos sobre varias facturas pendientes de pago que tenían con PDVSA. Sin embargo, cuando posteriormente el inversor intentó cobrar el pago de estas facturas, la Dirección de Tesorería de PDVSA le informó que las facturas no se podían cobrar dado que los acusados nunca habían notificado formalmente a PDVSA sobre la cesión.

El 23 de noviembre de 2023, el Tribunal Trigésimo Quinto de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, emitió una orden de arresto contra Chamel Gaspard Morell y José Gaspard Morell por los presuntos delitos de estafa y agavillamiento. El tribunal concluyó que existen evidencias suficientes para demostrar los presuntos delitos cometidos y para identificar a los acusados como los presuntos perpetradores. El tribunal también encontró una presunción razonable de riesgo de fuga y riesgo de obstrucción de la justicia basada en la falta de lazos de los acusados con el país, la gravedad de los delitos y los daños financieros significativos causados.

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Asimismo, el tribunal solicitó al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) localizar y capturar a los hermanos Gaspard Morell y, una vez practicado el arresto, ser puestos a su disposición en un plazo no mayor de 48 horas, para ser oídos en el proceso penal. El tribunal también pidió la colaboración de la oficina de INTERPOL en Venezuela, que publicó notificaciones rojas para la búsqueda y captura internacional de los acusados.

Las notificaciones rojas, emitidas en diciembre de 2023 y actualizadas en enero de 2024, contienen los datos personales y la fotografía de los hermanos Gaspard Morell, así como los detalles de los delitos que se les imputan y las órdenes de detención que pesan sobre ellos.

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Las notificaciones también solicitan la detención preventiva de los acusados con fines de extradición a Venezuela, de acuerdo con los tratados aplicables. Sin embargo, las autoridades presumen que los hermanos fugitivos han estado utilizando pasaportes con diferentes nacionalidades para evadir a la justicia.

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