Monday, October 3, 2022
REPORTE DE LA ECONOMÍA


Century Homebuilders Group consolidó una alianza en la industria de bienes raíces en Florida cimentada sobre los escándalos que han mermado la confianza en la solidez y transparencia de la constructora colombiana Conconcreto

Por Max Rivera elpublique.me La asociación entre la colombiana Conconcreto y la estadounidense Century Homebuilders Group en el fondo de…

By admin , in Internacionales , at July 27, 2022

Por Max Rivera
elpublique.me

La asociación entre la colombiana Conconcreto y la estadounidense Century Homebuilders Group en el fondo de inversiones Century Asset Managment para el desarrollo de bienes raíces en Florida, está cimentada sobre una serie de escándalos más conocidos en Colombia que en los Estados Unidos, escándalos que han puesto en entredicho no solo la solidez económica de Conconcreto, sino también la transparencia en los negocios de Juan Luis Aristizábal, presidente de la constructora colombiana.

Aquí explicamos cuáles han sido algunos de esos escándalos, cómo ahora Conconcreto y Juan Luis Aristizábal se ofrecen como una nueva alternativa para el desarrollo de proyectos de obras civiles en Florida y cómo las compañías del empresario se extienden por varias jurisdicciones, incluidas paraísos fiscales.

Sancionado en Colombia por competencia desleal 

La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia confirmó a inicios de 2022 una sanción que había impuesto en el mes de octubre de 2021 al empresario Juan Luis Aristizábal Vélez, presidente de la constructora Conconcreto, por infracción al régimen de protección de competencia.

Juan Luis Aristizábal

La multa impuesta ascendió a 1.128 millones de pesos colombianos. La razón de la sanción es porque el directivo habría incurrido en ‘competencia desleal’.

La compañía resaltó que esta sanción fue impuesta al administrador y no a la sociedad.

Este fue el comunicado de la compañía:

“Mediante la Resolución No. 1412 de 2022, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, se confirma la sanción impuesta el pasado mes de octubre a Juan Luis Aristizábal Vélez, presidente de la sociedad, por infracción al régimen de protección de competencia, según el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992. Se aclara que esta sanción fue impuesta al administrador y no a la sociedad”.

En la resolución 69816 se explica que la multa al ejecutivo fue por “haber presuntamente colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado la conducta de Conconcreto, consistente en el incumplimiento de instrucciones y la obstrucción de la actuación administrativa que adelantaba la Superintendencia de Industria y Comercio con el radicado No. 16-223755, toda vez que, en el marco de las visitas administrativas de los días 7 y 22 de septiembre de 2016, habría ordenado a empleados de Conconcreto y a funcionarios Vinci Concessions Colombia S.A.S. (en adelante “Vinci Concession”) (i) eliminar información relevante para el desarrollo de la investigación adelantada por la delegatura; (ii) ocultar su equipo de cómputo; y (iii) alterar el contenido de las declaraciones que tendrían que rendir ante la delegatura”.

Hay que señalar que la investigación que adelantaba la SuperIndustria contra Conconcreto, en la que se presume su presidente ordenó ocultar información, estaba relacionada con el Tercer Carril Bogotá -Girardot, investigación que fue archivada y que no tuvo consecuencias jurídicas contra la compañía, según un reporte en noviembre de 2021 de Bloomberg Línea.

En la resolución de la SuperIndustria también se multó a Ana Sofía Tobón Nova con $159 millones y que para el momento de los hechos era la vicepresidente de servicios corporativos en Conconcreto y quien habría participado de la obstrucción de la investigación.

El Superintendente de Industria y Comercio, a través de la resolución No. 27305 de 2019, encontró demostrado que Conconcreto adelantó una serie de conductas encaminadas a obstruir las visitas administrativas de los días 7 y 22 de septiembre de 2016 adelantadas por funcionarios de la delegatura, las cuales se dieron en el marco de la investigación por el Tercer Carril Bogotá Girardot.

Dichas conductas consistieron en: (i) instrucciones a diferentes empleados de alto rango de la compañía sobre la forma como debían responder a las preguntas y requerimientos que pudieran ser hechos por la Superintendencia de Industria y Comercio en el marco de la actuación; (ii) órdenes e instrucciones de borrar información relacionada con los diferentes procesos de contratación; y (iii) evitar que los funcionarios de la delegatura lograran tener acceso a algunos de los equipos de cómputo institucionales de gran relevancia para el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia de la entidad.

En efecto, en la investigación se evidenció que Juan Luis Aristizábal Vélez ejecutó la obstrucción de la actuación adelantada por la Superintendencia de Industria y Comercio durante las visitas administrativas realizadas en las instalaciones de Conconcreto, toda vez que en su calidad de representante legal de la compañía: (i) dio órdenes de borrar y ocultar información que podía ser relevante para la actuación adelantada por la delegatura, (ii) buscó la forma de ocultar su equipo de cómputo corporativo durante las actuaciones de la Superintendente de Industria y Comercio; y (iii) dio instrucciones sobre la forma como debían responderse posibles preguntas de la Delegatura en el marco de las visitas.

Por su parte, Ana Sofía Tobón Nova habría ejecutado la actuación tendiente a ocultar el equipo de cómputo corporativo de Aristizábal Vélez durante las actuaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, lo que configuró una obstrucción de la actuación administrativa.

Así quedó sustentado en la resolución:


Además, en otro aparte de la resolución se advierte que Aristizábal Vélez envió mensajes por la plataforma WhatsApp a Felipe Rocha Silva, vicepresidente de inversión de Conconcreto y a Bernardo Saraiva de Nogueira Serafim, representante legal de Vinci Concessions, solicitándoles borrar todos los mensajes de texto (chats) que tuvieran relación con “Tercer Carril” y “Colpatria”.Al respecto, advirtió la SIC “dicha información, no cabe duda, podía ser de gran interés para la Superintendencia de Industria y Comercio pues, como era de conocimiento de los administrados, el objeto de la actuación administrativa que se estaba adelantando era precisamente obtener toda la información que tuviera relación con su participación en los diferentes procesos de selección en los que hubiera participado. específicamente, el relacionado con el Tercer Carril Bogotá-Girardot”.

También advirtió la SIC que, en el hipotético caso de aceptar que la única preocupación de Juan Luis Aristizábal Vélez fuera el evitar filtraciones de aspectos corporativos, como el proceso de capitalización de la empresa y de la normalización tributaria de sus accionistas, esto, bajo ningún punto de vista, podría entenderse como una justificación válida para querer ocultar información a la Superintendencia de Industria y Comercio.

Otro parte del documento señala que Aristizábal Vélez y Tobón Nova, coordinaron por whatsapp el 22 de septiembre de 2016 la forma cómo evitarían entregar a las autoridades el computador del presidente de Conconcreto en caso de que les fuera solicitado.

También se logró establecer que Aristizábal y Tobón planearon comprar un nuevo computador para entregarlo como el de uso personal del presidente.

Por último, llamó la atención de la SIC que el mismo Juan Luis Aristizábal manifestó en su declaración del 8 de agosto de 2018, que las visitas adelantadas le generaron “temor” dado que estaba muy pronto a realizarse la firma del contrato adjudicado en el proceso de selección para la construcción del Tercer Carril Bogotá-Girardot, el cual era un contrato muy grande para la compañía y, por tanto, quería evitar a toda costa que se encontrara información obrante en los computadores y demás equipos de la oficina que pudiera implicar su descalificación en el proceso.

En virtud de todo lo anterior, para la SIC “existen suficientes elementos de prueba que evidencian que Juan Luis Aristizábal Vélez (presidente de Conconcreto) y Ana Sofía Tobón Nova (vicepresidenta de servicios compartidos de Conconcreto para la época de los hechos) ejecutaron la conducta de Conconcreto, en el marco de las visitas administrativas que se estaban adelantando por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, encaminada a evitar poner a disposición de la entidad la información requerida y sus equipos de trabajo, lo cual configuró una clara obstrucción a las actividades de la autoridad.

Rumores de insolvencia 

Durante una reunión con empleados e inversionistas, Juan Luis Aristizábal, presidente de Conconcreto, intentó explicar la situación de la compañía y los argumentos por los cuales la misma decidió acogerse a un proceso de reorganización, en su empeño por dar al traste con los rumores de insolvencia, derivados de su participación en el proyecto hidroeléctrico de Hidroituango, que se ha visto envuelto en escándalos, crisis ambientales, fallos fiscales y demandas.

Aristizábal fue enfático en que la compañía no se encontraba insolvente. Sin embargo, ese proceso, que les aceptó la Superintendencia de Sociedades de Colombia, les permitió proteger a la empresa y adelantar acuerdos con los acreedores, según un reporte de Caracol Radio en 2021.

Agregaron que, trataban de blindarse ante el tipo de condena que emitió la Contraloría General de la República, para que el pago fuese solidario entre todos los condenados.

Reconocieron que si la decisión de la Contraloría quedaba en firme perderían el 20% de los trabajos que desarrollan en Colombia, por la inhabilidad que les generaría para contratar con el Estado.

Promoción de proyectos de vivienda en arriendo en Doral 

El negocio de la construcción, venta y arriendo de vivienda en Estados Unidos pasa por un buen momento.

La pandemia ha llevado a que miles de estadounidenses busquen viviendas en sitios con mejor clima, lejos del estrés de las ciudades más grandes y con esquemas tributarios favorables.

Florida es desde hace años uno de los estados preferidos, pues se cumplen todas estas expectativas.


En medio de ese buen ambiente, Conconcreto y el fondo inmobiliario Century Real Estate Fund I, anunciaron la creación de una nueva marca que para capitalizar ese tipo de oportunidades, según un reporte del medio colombiano Semana.Muchos colombianos con poder adquisitivo están viendo en Florida una oportunidad de inversión o como sitio para vivir. La idea de esta alianza es captar el mercado de la vivienda en arriendo.El 35% de la población en Estados Unidos prefiere rentar una casa en lugar de comprarla.La vivienda en arriendo, que representa un activo seguro por encima de otras alternativas de inversión inmobiliaria, ha crecido en el país norteamericano 9 por ciento anual en década y media.La alianza estratégica entre dos líderes de la construcción y el mercado inmobiliario de Colombia y Estados Unidos se crea bajo el nombre de Century Asset Management, una compañía de inversión inmobiliaria que acumula más de 30 años de experiencia en el sur de La Florida y más de 60 años en el sector constructor.

Según información de Conconcreto, ambas organizaciones han desarrollado proyectos por cerca de los 6.500 millones de dólares y tienen más de 35 mil viviendas desarrolladas.“Esta nueva compañía se enfoca en el desarrollo de proyectos en zonas urbanas con alto potencial de crecimiento y una excelente oferta de servicios para los arrendatarios”, dijo Conconcreto.

La firma paisa explicó que Century Real Estate Fund I es una oportunidad de inversión en un entorno de bajas tasas de interés, gran demanda de vivienda en el condado de Miami Dade y escasez de terrenos con permisos en ubicaciones estratégicas.

“Es la incursión en el negocio inmobiliario de renta en el mercado de Estados Unidos para capitalizar seis años de experiencia en diseño y construcción en el sur de la Florida. El primer fondo será de 150 millones de dólares en los que Constructora Conconcreto realizará los diseños y ejecutará la construcción”, según Juan Luis Aristizábal, presidente de la compañía.

La migración masiva desde el norte de Estados Unidos y desde los países latinoamericanos hacia el sur de la Florida ha incrementado la demanda de la clase media y la población joven por viviendas en arriendo en el condado de Miami Dade.

Los proyectos del Century Real Estate Fund I se ubican en zonas con alta demanda de vivienda, baja oferta de tierra y con cercanía a focos de desarrollo económico y urbano.

Una ventaja competitiva y real que ofrece el fondo a los inversionistas es un portafolio de proyectos que cuenta con terrenos adquiridos, con los diseños y permisos de construcción para comenzar su desarrollo en el corto plazo, según Century HomeBuilders Group.

Es el primer proyecto que desarrollará el fondo. Está ubicado en Doral que, según Forbes, ocupa el segundo puesto entre las 25 ciudades más importantes para vivir en Estados Unidos. World Population Review señala que el 50 por ciento de los hogares en Doral vive en arriendo.El proyecto tendrá dos etapas: la primera contará con 197 apartamentos y locales comerciales, y la segunda fase con 129 unidades con las mismas características.

“Para emprender y desarrollar proyectos de construcción en Estados Unidos es decisivo el buen relacionamiento con actores estratégicos del sector financiero, la industria inmobiliaria y los gobiernos locales. El fondo cuenta con todas estas fortalezas”, según Juan Luis Aristizábal, presidente de Constructora Conconcreto.

Para los inversionistas, el fondo ofrece desde 12% de rentabilidad en dólares, con una inversión mínima de 100.000 dólares.

Panama Papers 

El nombre de Juan Luis Aristizábal Vélez figuró en la filtración Panama Papers, vinculado a la firma Justin Invest Limited en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.


Asimismo, Aristizábal Vélez figura como directivo en una veintena de compañías registradas en Panamá.


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