Pensar en la recuperación de la crisis económica y humanitaria que vive Venezuela pasa por resolver la batalla que se libra en el extranjero por retener a Citgo, la filial de PDVSA en EEUU afectada por la emisión de los bonos venezolanos que colocaron en peligro a la refinería estadounidense.
Citgo es parte de los temas principales en las nuevas negociaciones entre el Gobierno y la oposición y por ello es considerada “la joya de la corona” en esta disputa, reveló Primer Informe.
Sin embargo las amenazas de acreedores por diferentes frentes que enfrenta la filial estadounidense por los bonos, coloca a la empresa lejos de las posibilidades de ambos bandos.
La esperanza que queda es que se encuentre la manera de evitar que Citgo caiga en manos de terceros.
Pese a las limitaciones en términos de operatividad en las que opera Citgo, la filial refinadora de petróleo reportó esta semana una pequeña ganancia en el segundo trimestre del año, la primera desde 2019, lo que le permite seguir siendo la octava refinería más grande de EEUU.
La historia reciente de la compañía es un drama legal paralelo a la crisis política que se vive en el país sudamericano desde 2014, cuando entró en recesión económica.
La oposición ganó las elecciones parlamentarias en 2015 y el Gobierno decidió unos pocos meses después, en 2016 emitir 1.400 millones de dólares en bonos para refinanciar deuda de PDVSA sin la aprobación de la Asamblea Nacional de mayoría opositora.
El Gobierno ofreció, como garantía, acciones de Citgo y de inmediato Wall Street reaccionó con apetito comprando los bonos.
El resultado obtenido por la oposición en 2015, generó una expectativa de que en Venezuela venía un cambio de gobierno, según el economista Francisco Rodríguez, Director de la organización Petróleo para Venezuela.
“Los mercados no estaban viendo en septiembre de 2016 a Venezuela como una dictadura, como la ven hoy, la estaban viendo cómo un gobierno impopular que muy posiblemente iba a salir a través de un proceso electoral”, asegura Rodríguez.
“La sensación era: ‘Este Gobierno tiene los días contados’”, apunta, por lo que en ese momento la compra de los bonos no fue necesariamente un apoyo a Maduro, sino una apuesta por el cambio.
Sin embargo, eso no pasó. El Gobierno aprobó una Asamblea Nacional Constituyente para intentar desplazar al Parlamento.
Un día después, el 31 de julio de 2017, el Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a Maduro congelando todos los activos con jurisdicción estadounidense.
En 2018, se ejecutaron unas elecciones presidenciales calificadas como fraudulentas por la comunidad internacional en las que resultó ganador Nicolás Maduro. Como consecuencia de ello, varios países sancionaron a 78 funcionarios del Gobierno.
En abril del año 2019 EEUU amplió las sanciones y esto complicó el pago de los bonos, pero el Gobierno siguió cumpliendo con los pagos trimestrales de intereses hasta finales de 2018.
En enero de 2019 Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, amparado en la Constitución, asumió la presidencia interina de Venezuela, una medida que puso contra las cuerdas al Gobierno de Nicolás Maduro.
“El problema comienza cuando se da el cambio de Maduro a Guaidó”, explica Rodríguez.
El Gobierno de Donald Trump decide reconocer a Guaidó como presidente, lo que implica considerarlo representante de las empresas del Estado venezolano en el país norteamericano.
Guaidó, por lo tanto, forma una junta directiva ad hoc de Citgo y esta es la que hoy enfrenta los problemas legales de la empresa.
La crisis económica del país y las sanciones limitan la capacidad de Guaidó para refinar el petróleo venezolano en Citgo.
Tanto, que virtualmente imposible sacar réditos de lo ganado a través de Citgo, ya que las sanciones incluyen un congelamiento de las cuentas.
El Gobierno de Maduro, por su parte, encontró en 2019 una manera de burlar las sanciones y comenzó a mover petróleo, dinero, oro y otros recursos a través de rutas rusas. Esta estrategia se sigue ejecutando por parte del Gobierno y sus socios comunistas (Irán, China y Rusia).
Guaidó recurrió a una corte en Nueva York y pidió la cancelación de los bonos, argumentando que la emisión había sido ilegal ya que no se había pedido la aprobación del Congreso.
La jueza a cargo falló en contra de Guaidó, argumentando que, en base a las leyes de esa ciudad, en donde se emitieron los bonos, la emisión fue legal. Esto llevó a Guaidó y a la junta directiva ad hoc de Citgo a la Corte de Apelaciones.
Horacio Medina, presidente de la junta ad hoc de Citgo, aseguró a El País que están pidiendo “que se vaya al fondo”.
Medina asegura que tanto los bonistas como el Gobierno chavista sabían que “eso era inconstitucional porque necesitaba la aprobación de la Asamblea Nacional y no fue sometido allí”.
“Ahí está concentrada nuestra pelea en el litigio”, señala Medina. Para 2019, los bonistas, entre los cuales se encuentran bancos de inversión y fondos internacionales, ya tenían licencia para ejecutar el 49% de las acciones de Citgo para cobrar lo que se les debe.
Para evitar que Guaidó pierda a Citgo, el Gobierno estadounidense aprueba una suspensión temporal de dicha licencia, para darle a la Corte tiempo para resolver el litigio.
La suspensión ha sido renovada temporalmente hasta el 21 de octubre. Medina, quien se ha referido a la filial en EEUU como “la joya de la corona” de Venezuela, fue nombrado presidente de la junta directiva ad hoc en diciembre, después de años de ser miembro.
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